Por qué Cristina no debe renunciar CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 27 de diciembre de 2009 Entre sus pronósticos para 2010, el semanario británico “The Economist” consideró que la presidenta argentina “está en peligro de perder su empleo antes de que finalice su mandato en 2011” porque “la oposición controla el Congreso y declina la lealtad” hacia ellos. Lo dicho por la prestigiosa publicación inglesa no deja de ser una conjetura entre tantas. El único riesgo ante los pronósticos de ese tenor es la provocación del fenómeno que en sociología se conoce como “profecía autocumplida”, o sea, que el propio vaticinio, originariamente improbable, por su difusión engendre un nuevo comportamiento social que cause el resultado pronosticado, como sucede, por ejemplo, en las corridas bancarias tras un rumor de insolvencia de un banco, arribándose a ese resultado sólo porque, bajo esa creencia, todos sus clientes concurren de forma simultanea e intempestiva a retirar sus depósitos. En Argentina es común que la efectividad de una gestión gubernamental se asocie a la “fortaleza” del presidente, entendiendo por tal un líder con predominio absoluto sobre el resto de los estamentos de poder. De allí que suela considerarse “débil” al presidente limitado por el Congreso y el Poder Judicial e incluso que algunos entiendan que el presidente débil no tiene otro destino que irse antes para que de una nueva elección surja un reemplazante “fuerte” con amplio aval. Esa falsa creencia que puede suscitar la profecía autocumplida al enraizarse en la sociedad, hoy tiene a los Kirchner como sus principales promotores, pero en rigor ha sido una constante histórica de nuestro país que en buena forma explica su corriente discontinuidad institucional. Con la Constitución en 1853, Argentina, que venía de una tradición caudillista desde la época virreinal, adoptó un régimen presidencialista mucho más pronunciado que el modelo norteamericano que sirvió de inspiración. Sin embargo, desde aquel entonces la historia institucional argentina da cuenta que no obstante el hiperpresidencialismo (que algunos teóricos denominan “caudillismo institucionalizado”), la gran mayoría de los presidentes dejaron el cargo antes de tiempo. El primer factor de esta anomalía son los casos de deposición y renuncia forzosa: Yrigoyen en 1930; Castillo en 1943; Perón en 1955; Frondizi en 1962; Illia en 1966; Martínez de Perón en 1976; y De la Rúa en 2001. Los demás casos de no terminación, algunos fueron por muerte o enfermedad (desenlaces de causa natural: Manuel Quintana, Roque Sáenz Peña, Ortiz y Perón), pero otros renunciaron condicionados por hechos críticos (siendo también desenlaces anómalos), cual es el caso de Derqui en 1861; Juárez Celman en 1890; Luís Sáenz Peña en 1893; Cámpora en 1973; Alfonsín en 1989; Rodríguez Saá en 2001; y Duhalde en 2003. Valga aclarar que no están contadas las deposiciones intra-dictatoriales, esto es, las internas de gobiernos militares que generaban “golpes al golpe”, como las sucesiones operadas en la “Revolución del 43”, la “Revolución Argentina” e incluso en el “Proceso de Reorganización Nacional”. Los presidentes que terminaron sus mandatos son una minoría. La paradoja de que en un sistema presidencialista extremo los presidentes no terminen sus mandatos, es sólo aparente porque en rigor ello no es sino un resultado del hiperpresidencialismo y de los efectos sociológicos que éste tiene incluso entre los votantes. De allí la “novedad” que significa que el Poder Ejecutivo no subyugue al Congreso al punto de dar lugar a que el oficialismo insinúe el carácter desestabilizador de la oposición parlamentaria que tomó el control en las comisiones. No está internalizada la idea de que se trata de un poder del Estado, autónomo y de la misma valía que los otros dos. Ante esa creencia errónea con arraigo sociológico, algunos pensadores sugieren la adopción de un régimen más próximo al parlamentarismo, que transporta el centro gravitatorio al Poder Legislativo y resuelve las pérdidas de mayoría con gobiernos mixtos, evitando de esa forma la bifurcación de legitimidad y, claro está, la anomalía de un Congreso en disputa con el Ejecutivo que finalmente echará manos al veto y a los decretos de necesidad y urgencia, potestades que, aun legítimas, son extraordinarias y, por tanto, su abuso conlleva a erosionar la institucionalidad. El riesgo del mito heroico
27.12.09
Democracia joven
Democracia joven
Los Kirchner, con el discurso agotado
CRISTIAN SALVI
El Eco de Tandil, 13 de diciembre de 2009
“Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo” (Abraham Lincoln). Finalmente, tras el recambio legislativo, se cristalizó la pérdida de aval social que sufren los Kirchner y sus aliados, quienes a esta altura agotaron prácticamente todos los artilugios con los que han manipulado la realidad desde que llegaron al poder.
Se terminó eso de que todo adversario es un partidario de la última dictadura militar. Perdieron ese rol de “buenos” que obligaba a todo oponente, antes de decir algo sobre ellos, loar el compromiso kirchnerista con los derechos humanos (nunca del todo real), recalcando una y otra vez, en tono defensista, que lo suyo no debía entenderse como una reivindicación procesista o algo por el estilo. Abusaron tanto de la calificación de sus contrarios como cómplices de la dictadura, que el legitimante perdió todo efecto disuasivo. “Las Fuerzas Armadas son la dictadura”. “La UIA es la dictadura”. “La Iglesia es la dictadura”. “El campo es la dictadura”. “Los medios son la dictadura”. “Macri es la dictadura”. “Mirtha, Susana y Tinelli son la dictadura”. Los capítulos de esta semana apuntaron contra Abel Posse (“diplomático de la dictadura”) y Hugo Biolcatti (“un golpista hecho y derecho”). Ese eslogan ya está agotado, no da para más. Sólo falta decir que la epidemia de dengue obedece a la conjura de un grupo de mosquitos ideológicamente afines al proceso..
También perdieron esa áurea que trae aparejado el ropaje “progre”. No hay ladrones de izquierda y ladrones de derecha. Hay ladrones y punto. Resulta insignificante sacarse una foto con Estela de Carlotto o con Pérez Esquivel si luego no pueden explicar los millonarios casos de corrupción que, al fin, también son ultrajes a los derechos humanos: ¿No es acaso burlarse de los pobres rentar aviones para transportar los diarios que lee el matrimonio cuando descansa en El Calafate, entre decenas de actos de impúdica ostentación con el dinero público? (¿O alguien cree que todo eso sale del cada día más abultado patrimonio personal de la pareja de gobierno?)
Se dicen de izquierda y tienen privilegios de nobles. ¡Pensar que la izquierda revolucionaria nació a causa del hartazgo provocado por las prebendas cortesanas! Valga recordar algunos pasajes de Rebelión en la Granja, la sencilla y a la vez genial novela de George Orwell, en la cual, parodiando a la Revolución Rusa y su evolución hacia el estalinismo en forma de fábula satírica, el autor recorre todos los vicios que engendra el poder. Los animales, cansados de ser explotados, deciden rebelarse contra el Sr. Jones —el dueño de la granja, alegoría del zarismo— y expulsarlo para autogobernarse bajo una serie de máximas que aseguraban la igualdad. Lo cierto es que, ya en la primera cosecha, la mejor comida fue destinada a los cerdos que tenían a cargo la administración de la granja. Ante la disconformidad del resto de los animales, Squealer, el cerdo encargado de la propaganda, dio las explicaciones: “Camaradas —gritó—, ¿Ustedes no se imaginarán, espero, que los cerdos hacemos esto a causa de nuestro egoísmo o por privilegio? A muchos de nosotros, no nos gusta ni la leche ni las manzanas. Lo hacemos por nuestra salud. La leche y las manzanas (esto ha sido probado por la Ciencia, camaradas) contienen sustancias necesarias para el bienestar de los cerdos. Los cerdos trabajamos con el cerebro. Toda la planificación y la organización de esta granja depende de nosotros. Día y noche, cuidamos de su bienestar. Es por su causa que bebemos leche y comemos esas manzanas. ¿Saben lo que pasaría si dejáramos de hacer nuestra tarea? ¡Si, Jones volvería, lo que ninguno de ustedes quiere, camaradas!”.
Cualquier parecido con Argentina no es mera coincidencia. Ya terminó el chivo expiatorio de los 90’. El pasado jueves se cumplieron diez años desde que Carlos Menem finalizó su mandato. ¿Cuándo dejará de ser el culpable de todos los males? Hay que decir de una buena vez donde está específica y concretamente la relación causal entre ese “infame” período y los diversos problemas que padecemos hoy, en diciembre de 2009, diez años después. No alcanzan los clichés. La prueba de esa causación exige una explicación concatenada de sucesos. Lo demás son las nubes de humo exculpatorias de los que han gobernado seis años y medio de los diez que nos distancian de los noventa; quienes, por otra parte, aun si fueran ciertos sus dichos sobre aquel entonces, igualmente han de hacerse cargo de no poderlo revertir ya que se los eligió para que gobiernen y provean soluciones, más no para que den lecciones de su versión de la historia.
Por último, también se les agotó aquello de “yo represento el pueblo, mis adversarios son enemigos del pueblo”. El pueblo está en las urnas y dos tercios de los argentinos —o más— les votaron en contra. ¿Cuál es, pues, ese “pueblo” —con notas de unanimidad— que está presente en las invocaciones legitimantes del oficialismo? De allí la advertencia de Elisa Carrió acerca de que todos los déspotas a la larga terminan sometiendo, no ya a sus adversarios, sino al pueblo entero, tenido por necio y empeñado en desconocer las virtudes del régimen..
12.12.09
Puntos de vista
Proteccionismo xenófobo
CRISTIAN SALVI
El Eco de Tandil | 05.12.09
Los comerciantes en protesta, en vez de mejorar su competitividad -por ejemplo, asociándose- reaccionan con el clásico proteccionismo siempre proclive a presionar a gobiernos para asegurar mercados cautivos.
Ese discurso conservador, un “vivir con lo nuestro” que resiste la inevitable diversificación económica de Tandil, en el presente conflicto adquiere lisos ribetes xenófobos. ¿Qué importa que los supermercadistas foráneos sean chinos? ¿Por qué se los llama “los chinos”, más que usando un mero gentilicio, como si fueran una especie distinta a la nuestra? Si fueran alemanes o franceses, ¿se enfatizaría igual su nacionalidad?
No hay argentino que no sea descendiente de extranjeros. Ni uno solo. Y si nuestros padres y abuelos vinieron a poblar lo que era un desierto, fue gracias al cosmopolitismo de la Constitución: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión…”. Demás está decir el destino que tendrá toda medida cercenadora a ese derecho constitucional, como la sugerida por los quejosos.
29.11.09
Democracia joven
Castells y el "pueblo" CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 29 de noviembre de 2009
La semana que pasó dio muestras que lo de la crispación social lejos está de ser un mero invento mediático, como dice el Gobierno. Los movimientos que protagonizan los reclamos callejeros son, ciertamente, una de las causas de la crispación, pero también su efecto: es el tiempo en que Raúl Castells y sus tantos símiles vuelven a tener protagonismo por un efecto dominó.
Contra la vieja postura de no criminalizar la protesta, el Gobierno ordenó a la policía intervenir y hasta formuló una denuncia penal por coacciones agravadas contra el dirigente piquetero Juan Carlos Alderete, de la Corrientes Clasista y Combativa (CCC), quien advirtió de un masivo corte de calles en distintas ciudades para la semana entrante. De todas formas, les resultará difícil justificar su cambio de posición porque no se avizora novedad alguna respecto a la metodología de protesta de los últimos siete años, salvo, claro, que ahora se dirigen directamente contra los Kirchner, pidiéndoles incluso la renuncia, como hizo Raúl Castells.
El aludido efecto dominó no tiene origen en el aumento del desempleo, la pobreza o cualquier otro índice económico negativo, sino que nace del hecho político de que los Kirchner perdieron las elecciones. Esa pérdida de legitimidad -que nunca es tal porque el mandato de Cristina termina en 2011- anima a los llamados movimientos “sociales” a aumentar sus reclamos bajo amenaza de protesta, entendiendo que no existe una base ciudadana que los objete porque la desaprobación a los Kirchner reúne a alrededor del ochenta por cierto de los votantes, según algunas encuestas no del todo validadas.
Quien se posicione en un férreo antikirchnerismo puede que, aun reconociendo la irrazonabilidad de esos métodos de protesta, sienta alegría convencido de que al fin es un escarmiento para un Gobierno que todavía hoy avala y financia a grupos de similares características a los que denuncia como “desestabilizadores”. Algo parecido sucede con el embate de los Kirchner contra la prensa: algunos por lo bajo celebran que los medios que callaron la corrupción oficial y los atropellos del kirchnerismo contra sus adversarios de turno, hoy padezcan esos mismos abusos, pues deberían aprender la lección de que a la larga esas prácticas de poder, silenciadas cuando afectaban a otros, se les vendrían en contra.
La consideración de su verdadera naturaleza es esencial para demarcar sus límites. Buscar acceder a los estamentos gubernamentales, es un fin legítimo, sin duda alguna. Lo ilegítimo es el medio, porque a tres meses de las elecciones, quien se presentó y sacó ínfimos porcentajes, sin lograr la finalidad que motivó su postulación, no puede llamar a elecciones nuevamente y pedir la renuncia a gobiernos en curso.
Acá viene el nudo de la cuestión. Castells y casi todos los partidos de izquierda que deslegitiman discursivamente a la democracia, sin embargo, se presentan a elecciones y porque perdieron se inclinan por vías oblicuas. Esa incoherencia, por ejemplo, no se le puede endilgar a Quebracho, una organización directamente encaminada a destruir el actual sistema democrático, pero en el cual sus miembros no participan presentándose a elecciones que luego deslegitimarán si resultan vencidos.
Ciertamente que el sistema democrático no le garantiza las mismas posibilidades a Vilma Ripoll y a Luis Zamora que a De Narváez y a los Kirchner, quienes, el primero con patrimonio propio y los segundos con el dinero público y las “donaciones” en valijas, pueden solventar una estructura que inevitablemente se traducirá en un mayor caudal de votos. Es cierto también que no siempre la cantidad de votos es proporcional a la valía de los candidatos, justamente porque las costosas estructuras usan el marketing y la publicidad política para “vender” imágenes no siempre reales. Pero ese defecto no nos es propio, sino que, por el contrario, resulta todavía más pronunciado en la democracia norteamericana, considerada por muchos como el máximo de los ideales.
22.11.09
Democracia joven
La polémica del "matrimonio gay" CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 22 de noviembre de 2009 Días a atrás, una jueza en lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Buenos Aires hizo lugar a un amparo presentado por una pareja homosexual y declaró inconstitucional las normas del Código Civil que prevén la diversidad de sexos para contraer matrimonio. Mauricio Macri, en representación de la ciudad de Buenos Aires, bajo diversas razones ensayadas dijo que no apelaría la decisión, de forma que el fallo quedará firme en beneficio de los dos amparistas, que ya sacaron turno en el Registro Civil para contraer matrimonio en el mes de diciembre. El fallo se da en el contexto de un proyecto de ley en Diputados, finalmente no tratado por falta del quórum del oficialismo y otros grupos, entre los que llamativamente se encontraba el macrismo. La agenda mediática de las últimas semanas estuvo ocupada por las protestas callejeras y los hechos de inseguridad. De allí que el tema referente a la unión de parejas del mismo sexo no haya tenido la cobertura que, por ejemplo, sí se le dio a la discusión del divorcio a mediados de los 80’, aun cuando, de tener curso el matrimonio homosexual, la mutación al modelo de familia sería más pronunciada que la de aquel entonces. René Descartes, al escribir las Meditaciones Metafísicas, texto fundacional de la modernidad filosófica, comenzó señalando que desde hacía tiempo había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas, razón por la cual —dijo— “me he visto forzado tratar formalmente, una vez en la vida, de deshacerme de todas las opiniones que antes admitiera, y comenzar desde los fundamentos todo otra vez”. Tratando de emular esa postura desprendida de preconceptos, procuraremos, de forma sintética, desanudar la controversia que, al fin, dependerá de qué entendemos por “matrimonio civil”.
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Los opositores al “matrimonio homosexual” —entre los que están la mayoría de los juristas dedicados al derecho de familia— fundan su objeción en que, para que haya matrimonio, este debe contener, entre otros caracteres, la diversidad de sexos, o sea, debe ser entre un hombre y una mujer. La cuestión, sin embargo, radica en qué se basan para sustentar esa caracterización. Descontando que ello no puede surgir del derecho escrito —porque lo que está en discusión es si reformar o no la ley—, resulta que esa definición tiene dos orígenes. El primero y más fundamental es la idea bíblica del matrimonio que, desde el Génesis hasta los Evangelios, se presenta como institución fundada por Dios entre cuyas notas están la diversidad de sexos y la indisolubilidad.
A su vez, la otra dimensión desde la cual se funda la oposición es un derivado de ésta, porque la influencia judeocristiana en la civilización occidental ha sido —y es— tal que aquella concepción del matrimonio se arraigó en la cultura a punto que todas las legislaciones, en más o en menos, siguieron ese modelo para reglamentar la unión matrimonial.
Ahora bien, la propia idea de “cultura” ya da cuenta de su volubilidad. Por eso, se procura emparentar lo “cultural” con lo “natural”, cuya conclusión es, si la unión homosexual es antinatural, pues bien, el derecho —reglamentario de la cultura— no puede adoptarlo como institución. Este razonamiento no explica muchas cosas. Primero, qué es lo “natural” y la conexión de esto con el comportamiento humano. Pasaba en la discusión del divorcio cuando se aducía que la indisolubilidad era connatural al matrimonio. Sin embargo, la recurrente remisión al orden natural no explicaba siquiera la monogamia, porque, aun cuando ya resulta de por sí objetable considerar el comportamiento animal para establecer pautas humanas, resulta que ninguna especie es monógama y, menos aun, tiene una sola pareja en su curso de vida. De lo cual, hay un efecto búmeran: de responder a ese orden, el instituto del matrimonio directamente no debería existir. Por otra parte, suele apuntarse que los homosexuales no pueden reproducirse, pero ese razonamiento vedaría el matrimonio a las personas estériles, así que no es concluyente.
Desde el citado razonamiento de Descartes, apartándonos de toda idea previa, tenemos que no hay nada que defina de antemano qué es el matrimonio “civil”. La prueba más acabada es que a lo largo del tiempo se lo ha regulado de diversas formas, que van desde la monogamia indisoluble —como tuvo Argentina hasta 1987 en un tipología análoga a la legislada por el Código Canónico— hasta la poliandria (matrimonio entre una mujer y varios hombres) y la poligamia (un hombre con varias mujeres).
Decir no existe algo previo que defina al matrimonio “civil” no es necesariamente abrir juicio sobre la inexistencia de un matrimonio “no-civil”, o sea, sobrenatural, en su caso instaurado por Dios. Se trata simplemente de decir que el matrimonio civil, producto de la civilización o cultura, es una forma jurídica más de entre todas las diseñadas por la política legislativa de un determinado país en vista a lo que su sociedad democrática decide.
El realismo filosófico del gran Santo Tomás de Aquino supo distinguir, dentro del mismo pensamiento católico, entre una serie de verdades solo asequibles por la fe de las que, aun siendo partes de aquellas, eran aprehensibles por todos los hombres, tengan fe o no. El matrimonio entre sexos diversos forma parte, en todo caso, de una verdad de fe, pero no es un axioma que todo ser humano ha de compartir como sí lo es, por ejemplo, el quinto mandamiento —también de origen bíblico— que preceptúa “No matar”. Cada estado puede reglar el matrimonio como lo crea conveniente la sociedad que de él forma parte, del mismo modo que se reglamentan las demás instituciones de la vida civil, sin que se confundan esos dos órdenes que hoy, además, ya aparecen bifurcados en tanto una persona casada en segundas nupcias tiene un emplazamiento matrimonial para el orden civil (segundo matrimonio) mientras que para la legislación eclesiástica —y el orden natural que ésta dice albergar— teóricamente sigue vigente la primera de las uniones, indisoluble para esa postura..
8.11.09
Democracia joven
Reforma política y bipartidismo CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 8 de noviembre de 2009 Uno de los aspectos del proyecto de reforma política del Gobierno que ha sido objeto de crítica es el atinente al aumento de los requisitos para lograr o mantener la personería jurídica de los partidos políticos, que, en lo más importante, exige contar con la afiliación de un número de electores no inferior al cinco por mil del total de los inscriptos en el registro electoral del distrito correspondiente. El objetivo de la norma propuesta es erradicar la fragmentación del escenario político argentino que explotó en 2001. Sus detractores, sin embargo, sostienen que la medida favorecería a los grandes partidos, obstaculizando el nacimiento de nuevas fuerzas alternativas. Los más osados creen que restauraría el bipartidismo que consideran otrora existente y hasta relacionan eso con un hipotético “Pacto de Olivos 2”, o sea, con un acuerdo entre el PJ en manos de Kirchner y el radicalismo, emulando al de Menem y Alfonsín para reformar la Constitución en 1994. La composición parlamentaria española se parece a la vigente en Argentina entre 1983 y 2001, caracterizada por dos grandes sectores más o menos institucionalizados en partidos que absorbían alrededor de dos tercios de la representación, mientras que el resto se repartía entre no más de cinco expresiones minoritarias, algunas de las cuales, además, se emparentaban con las mayoritarias y solo permanecían separadas por razones históricas (como citado caso neuquino, fundado por dirigentes locales cuando el peronismo fue proscripto, siendo por ello una suerte de “peronismo provincial”). El fenómeno surgido de 2001 se aproxima más a la actuación inorgánica que a la renovación de nuevas corrientes en sí y, en rigor de verdad, eso fue una constante histórica aun cuando nunca había desenlazado en una atomización tan pronunciada. Si se analiza en profundidad, durante todo el siglo XX, no todos los “radicales” estuvieron en la UCR, como tampoco los “peronistas” en el PJ. Aun en el actual escenario de fragmentación, la gran mayoría de los actores políticos se sigue reivindicando como parte de alguna de las dos grandes corrientes históricas que terminaron de perfilarse hacia mediados de siglo XX cuando surgió el peronismo. Lo que ha sucedido en esos casos es que los actores emigraron de los partidos que oficialmente contenían a esas corrientes (PJ y UCR) para fundar uno nuevo, tan dependientes de sí que su suerte política es la garantía de supervivencia de las estructuras fundadas. A la postre, cuando esas nuevos partidos perecen, sus integrantes suelen volver a los partidos originarios. Por su parte, los sectores no emparentados con esas dos grandes tradiciones, además de padecer esa misma dependencia de su líder-fundador, para lograr acceder a estamentos gubernamentales debieron incorporar —o incorporarse, como el caso de la UCDé— a sectores pertenecientes a aquellos grupos mayoritarios. En suma, podemos decir que, aun cuando el escenario es harto fragmentado, se mantiene, a nivel dirigencial, una constante dada por la pertenencia a alguna de las dos grandes tradiciones (peronismo y radicalismo) y luego diversos grupos que, en su dimensión “pura”, son minoritarios, pero que, para lograr ganar elecciones, compensan esa circunstancia incorporando porciones de los primeros. La comprobación empírica más clara de todo ello finca en que, de los diez posibles presidenciables para 2011, ocho se identifican con esas corrientes tradicionales (Kirchner, Cristina, Duhalde, Solá, Reutemann y Alberto Rodríguez Saá, por una lado; y Cobos y Carrió, por otro), mientras que solo dos (Macri y Binner) no, pero, aun así, en los gobiernos que hoy ejercen han incorporando a peronistas o radicales. Dos conclusiones Todo lo dicho permite concluir que si el bipartidismo no fue tal —aun cuando sí hubo dos grandes corrientes— mal podría restaurarse. A su vez, tampoco resulta verosímil que la reforma obstaculice el nacimiento de nuevas fuerzas ya que la proporción exigida no resulta descabellada, de forma tal que en rigor la caducidad de personería sólo afectará a partidos realmente insignificantes, no haciendo otra cosa que declarar esa inexistencia material de los “partidos fantasma”.
25.10.09
Democracia joven
La protesta social según quien la mire CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 25 de octubre de 2009 Uno de los temas repetidos de la semana fue el supuesto “clima político enrarecido” que se vive. Disparó el diagnóstico la agresión al senador Morales en Jujuy por parte de grupos próximos al Gobierno Nacional, a lo que se sumó el vaticinio de Carrió acerca de un desenlace violento hacia fin de año entre sectores que querrán “disputarse la calle”. Es muy posible que la prensa esté amplificando la conflictividad como una secuela de la pelea por la Ley de Medios, pero ello no implica que lo de la violencia instalada sea un invento. En todo caso, lo que obvia ese análisis es que los cortes de ruta, los escraches, las agresiones físicas y verbales contra el adversario, y demás formas dañinas de reclamo, no datan de ahora, sino que llevan un buen tiempo a punto de haberse enraizado como reglas de protesta relativamente toleradas. A pesar de los etiquetamientos instalados, resulta que la violencia como forma de protesta no es propia de un solo sector. Tenemos que el corte de calles es visto como propio de piqueteros de izquierda, pero lo cierto es que también los productores agropecuarios cortaron rutas para protestar por las retenciones. Lo mismo cabe para quienes protestan por las papeleras en el puente con Uruguay, que no responden a la tipología de izquierda simbolizada en el piquete. El escrache, por ejemplo, suele identificarse como una forma de protestar de grupos de ultraizquierda y sin embargo la sustancia de las agresiones sufridas por Gerardo Morales en Jujuy no difieren de las provocadas por ruralistas contra los diputados Agustín y Alejandro Rossi en Santa Fe, por citar sólo un caso de entre varios más. Intuitivamente sabemos —o mejor dicho, creemos— que no son lo mismo todos los casos. Pero cuando queremos fundar la distinción, nos encontramos con pocos parámetros objetivos y esenciales que nos permitan demarcar las protestas a fin de legitimar a algunas y deslegitimar a otras porque siempre se filtra la subjetividad propia de aquel que lleva a cabo la demarcación. El que formula el juicio nunca es ajeno al conflicto. En la mente del ruralista, el corte de ruta fue la última vía para hacerse oír por un gobierno que llegaba a poco menos que confiscarlos. Pero también en la mentalidad de los grupos sociales que cortan las calles está la idea —siempre que sea sincera, claro— de que ese es el único medio efectivo de reclamo al no encontrar otra vía para que alguien les ayude a salir de su postergación. El axioma de la convivencia democrática El tema radica, por tanto, en el contenido “material” del pretexto, o sea, el fin del reclamo que legitimaría el medio. Ahora bien, ¿quién es juez de ese contenido? ¿Quién puede decir que un reclamo es justo y otro no? Por regla general, esa función compete a los gobiernos en tanto éstos representan a la sociedad democrática que sienta los criterios de convivencia a través de sus instituciones. Esa regla, sin embargo, supone que el gobierno no es parte de los conflictos, sino un tercero imparcial, no contaminado con aquello que procura erradicar. No parece ser este el caso de los Kirchner que han alentado y hasta cobijado a grupos o personas que ejercen violencia: ¿cómo un gobierno puede desaprobar un escrache cuando, por ejemplo, su secretario de comercio amenaza con quebrarle la espalda a los díscolos y negocia precios con armas? ¿Puede acaso un gobierno reprimir un corte de rutas si, a la par, forman parte de él personajes como D’Elía o Pérsico que hicieron de eso una profesión? Viene a cuento la distinción romanista entre “potestas” y “auctoritas”: los Kirchner tienen el poder coercitivo pero no la legitimación socialmente reconocida llevar a cabo la erradicación de los métodos ilegítimos de protesta. El hecho de tener un gobierno parcial, que de suyo tolerará la violencia de sus partidarios y perseguirá a la de los contrarios, ¿implica que deberíamos ir hacia una suerte “relativismo” donde cada cual sea soberano en apreciar qué medios son legítimos? ¿O bien hay un intermedio para resolver la encrucijada? Esto se parece a la crítica que le hizo Kant a la llamada “ética material” de cuño aristotélico. Kant lejos estaba de ser relativista, pero entendía que hacer un juicio de contenido sobre el valor de los actos traía aparejada una subjetividad que en última instancia implicaba que el otro imponga qué es lo bueno y qué es lo malo, no pocas veces armando ese catálogo en la medida de su interés. Por ello fundó la llamada “ética formal” que prescinde del contenido y de los sujetos y por eso se valida como universal.
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11.10.09
Democracia joven
"Prohibir para cuidar", el autoritarismo benévolo CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 11 de octubre de 2009
La semana pasada criticábamos el abstencionismo estatal en diversos episodios en los que su intervención era imprescindible. El fundamento es bien claro: el Estado, que según la clásica definición de Max Weber es quien tiene el “monopolio en el uso legítimo de la fuerza”, es el único legitimado para asegurar derechos de terceros a los que se le veda la justicia por mano propia.
La paradoja es que mientras el Estado desatiende esas funciones propias, sin embargo multiplica su presencia en áreas cuyo involucramiento es secundario, cuando no ilegítimo. A esta categoría pertenecen las nuevas medidas provinciales que introducen restricciones a la diversión nocturna, algunas de las cuales parecen acertadas mientras otras son absolutamente irrazonables, sea porque se sabe de ante mano que llevarán el camino de sus símiles que nadie cumple o bien porque amplían la esfera del control estatal confiado nada menos que a su agencia más contaminada (la policía).
El Gobierno provincial fundamenta las restricciones impuestas en la necesidad de “cuidar” de los jóvenes -y no tan jóvenes- que asisten a locales nocturnos. Por ello, impone el cierre de los mismos a determinada hora, prohíbe publicidades y promociones, veda algunas bebidas y reglamenta cómo deben expedirse otras.
“Prohibir para cuidar” parece ser el núcleo del mensaje. Cuando el Estado enfatiza esa función protectora sobre los ciudadanos suele decirse que es un “estado paternalista”, que emula la relación padre-hijo y la extrapola al vínculo entre el gobierno y los gobernados. El paternalismo, dice Norberto Bobbio, es un “autoritarismo benévolo”: como autoritarismo que es, interfiere allí donde no debería, más su única particularidad consiste en la forma que asume su discurso legitimante en tanto justifica el sacrificio de la libertad del sujeto por el bien del sujeto mismo.
El uso de la analogía para explicar la naturaleza y la función del gobernante se remonta a las primeras teorizaciones sobre la política. Esas metáforas, aun cuando originariamente han cumplido una función pedagógica, siempre desnudan una forma de legitimación del poder que lejos está de ser ingenua. Michel Foucault encuentra las raíces del estado controlador en la metáfora del pastor que aparece en los textos griegos (especialmente en Platón) y en la tradición judeocristiana. El pastor tiene un proyecto para su rebaño, quiere su salvación, lo conduce, lo alimenta, lo guía, cuando sus ovejas duermen, él vela, prestando atención a todos sin perder de vista a ninguno. A la par, el pastor, que siempre quiere el bien de su grey, se arroga el poder de reprender a las ovejas desobedientes que se apartan del conjunto.
La jerarquización pastoral está presente en la analogía paternalista de un modo más acabado ya que se presenta como “natural” pues el hijo, por el simple hecho del nacimiento, se encuentra sujeto al poder del padre. A su vez, el estado paternal que cuidará de los ciudadanos que alberga, no sólo reproduce el legitimante de la “benevolencia paterna”, sino que fundamentalmente reclamará las mismas herramientas, o sea, se arrogará del mismo “derecho de corrección” que tienen los padres para ejercer esa función de guía sobre lo bueno y lo malo, que el hijo, por su inmadurez, no comprende por sí.
Normas que nacen muertas
La ideología paternalista, además de infravalorizar a la condición humana por suponerla eternamente inmadura y menesterosa de un “pastor que la guíe”, se encuentra con dos límites infranqueables. El primero de ellos es en el principio constitucional de lesividad: sólo es legítima la intervención coactiva del estado cuando se lesionen derechos de terceros (por eso la Corte declaró que penalizar el consumo de drogas atenta contra ese axioma).
El otro límite es la realidad misma, porque lo cierto es que esas normas finalmente fracasan en su aplicación al toparse con una “resistencia cultural” a la no pueden doblegar. Eso ha sucedido históricamente cuando se quiso forjar una cultura desde la normatividad. Es célebre el caso de Turquía, que copió el Código Civil de Suiza sin jamás lograr, obviamente, el fin perseguido de parecerse a la sociedad suiza. Por eso Aristóteles, fiel a su realismo, decía que la primera promulgación de una ley es en el corazón de los hombres, o sea, en la internalización como hábito de cumplimiento. ¿Scioli piensa, acaso, que porque los boliches cierren a las 5.30 todo el mundo irá a dormir a esa hora? Los que hoy salen de madrugada y se acuestan entrada la mañana, lo seguirán haciendo, encontrando nuevos canales de contención, por ejemplo fiestas privadas o reuniones en otros lugares públicos. Siempre hay vías oblicuas a las normas irrazonables como sucede, por ejemplo, con la prohibición de cargar combustibles a los motociclistas sin casco: llevan un bidón descartable, dejan la moto a unos metros y van caminando a comprarlo, luego tiran la botella, y siguen su marcha. Así de simple.
Allí viene el segundo estadio operativo de la norma “culturalmente ineficaz”: el estado reacciona y amplía el marco prohibitivo (“se prohíben las fiestas privadas”, “se prohíbe vender nafta en bidones”, etc.), hasta que nuevas estrategias logran sortear las prohibiciones y se recrea la serie reacción-evasión hasta el infinitivo. Esta lógica circular se corta de dos formas: la ampliación prohibitiva se infla de tal forma que todo es prohibición, para que ninguna creatividad permita violar la norma, en cuyo caso se suprime la nota de “benevolencia” y lo que queda es autoritarismo a secas; o bien, la cultura se sobrepone y esas normas prohibitivas, que en la realidad no regían, terminan por ser formalmente derogadas. Esto último pasó con la prohibición de horario que impuso Duhalde en la década pasada, experiencia que Scioli no contempla para evitar tropezar dos veces con la misma piedra.. (código)
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4.10.09
Democracia joven
La decisión de Kraft y nuestro futuro CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 4 de octubre de 2009 Vista la palmaria ilegalidad de esas conductas, el despido no necesita mayor fundamentación. Sin embargo, es interesante reflexionar sobre una de las razones que la misma compañía remarcó. Kraft Foods tiene un mismo estándar de conducta para la totalidad de sus miembros en los 162 países en los que está presente, abarcando a todos sin igual, desde gerentes a operarios, sea en los Estados Unidos o en un país tercermundista: dejar pasar estos episodios violentos y extorsivos —sostuvo su vocero— significaría traicionar nuestros valores y, en especial, sentar un precedente negativo para los miles y miles de trabajadores que la empresa tiene en todo el mundo. O sea, más que el daño “material” sufrido por los ataques a su planta, lo que Kraft teme es el daño “simbólico” que implicaría transar con los violentos: se transmite el mensaje de que todo medio resulta eficaz, por mas ilícito que sea. El caso comentado resulta un claro ejemplo de que la seguridad jurídica y la necesidad de reglas claras para fomentar la inversión, lejos están de ser abstracciones o sinsentidos. ¿Por qué la compañía tiene que tolerar lo que no tolera en los otros 161 países en los que opera? ¿Qué nos hace “especiales” a nosotros? En fin, piénsese que tan atractivo puede ser un país en el que, además del cercenamiento de exportaciones, los impuestos confiscatorios y tantas otras adversidades, también ha afianzado prácticas atávicas como medios de protesta. ¿Qué ventajas puede encontrar Kraft o cualquier otra compañía para invertir en Argentina? Ese análisis también lo hacen los empresarios locales. Eso explica por qué los argentinos tienen más de 100 mil millones de dólares depositados en el extranjero. No confían en el país, saben que si tienen dinero en el banco, un día puede aparecer otro corralito; que si lo tienen en cajas de seguridad, nada quita que se las abran; y que si deciden montar una empresa, de movida nomás buena parte de los recursos se los lleva el Estado con los trámites (y coimas) de habilitación, que siempre pagará muchos impuestos, que las normas cambian a gusto del gobernante y que, si tan sólo intenta cambiar de función a un empleado, posiblemente venga Pablo Moyano con matones, se le plante en su empresa, prenda gomas y lo amenace hasta que afloje. La lección de Ronald Reagan El vandalismo no lo sufren sólo las multinacionales. Es una práctica que no distingue: en Tandil, por ejemplo, sufrieron esos desmanes empresas grandes como Loimar o Metalúrgica, pero también pequeños comercios e industrias cuyos conflictos no trascendieron porque se rendieron enseguida, allanándose al apriete mafioso para no fundirse. El sindicalismo suele ser tan kamikaze que llega a punto de hacer peligrar a la empresa hasta torcerle el brazo. Con Kraft no será tan fácil: primero, es la multinacional más grande del mundo en su rubro y puede tranquilamente seguir produciendo en otros lados; segundo, tiene el protectorado de la Embajada de EE.UU. que obviamente vela por los inversionistas americanos (lo que no hicieron los Kirchner cuando Chávez expropió los activos de Siderar); y tercero, el Gobierno tendrá un problema mayor si la compañía decide cerrar, porque los que quedarán sin trabajo se contarán por miles. De allí que el Gobierno dejara atrás su tradicional pasividad para casos análogos. Esta reacción de Kraft —que enhorabuena se mantenga inflexible— puede significar un giro copernicano para nuestro futuro. Puede ser el precedente para que otras compañías tengan la misma actitud: con los violentos no se pacta y punto. Sin dudas, su colosal tamaño le permitirá tener una resistencia muchas veces de imposible exigencia para empresarios argentinos. Pero hay algo más que facilita su postura: Kraft proviene de un país donde la ley se cumple y donde hace 28 años su presidente fulminó para siempre las practicas extorsivas del sindicalismo. Vale la pena contarlo: a sólo meses de haber asumido, el 3 de agosto de 1981 Ronald Reagan sufrió la primera huelga y nada menos que por parte de los controladores del tráfico aéreo. Éstos creían tener la contienda ganada de antemano porque no había quienes los suplante: todo el transporte aéreo dependía de ellos. Ese mismo 3 de agosto de 1981, el presidente declaró ilegal a la huelga y conminó a los paristas a regresar al trabajo en 48 horas bajo pena de despedirlos. Llegó el 5 de agosto y Reagan cumplió su amenaza: despidió de un plumazo a los 11.359 controladores aéreos que seguían de paro, aplicándoles, además, una inhabilitación vitalicia para trabajar en el Gobierno Federal. Inmediatamente, ordenó a los militares hacerse cargo de los aeropuertos civiles y ya para el 17 de agosto, la Agencia Federal de Aviación empezó a impartir instrucciones para llenar los puestos vacantes. En semanas, Reagan solucionó el problema y sentando un precedente invalorable: los millones de estadounidenses que viajan en aviones no quedarán presos de la extorsión de unos pocos, dijo.
19.9.09
Democracia joven
Resistencia de la corporación CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 20 de septiembre de 2009 Es interesante captar algunos discursos mediáticos cuya objeción última no se dirige al proyecto oficial de Ley de Medios sino a la legitimidad del poder político para introducir una reglamentación en la materia. Se trata de una actitud propia de toda facción corporativa que reclama el reconocimiento de una suerte de privilegio para no ser alcanzados por algunas decisiones de la democracia a la que pertenecen. Durante décadas, los militares creyeron ser un reservorio de la nacionalidad más allá de todo poder político, lo cual les aseguraba la facultad de alzarse contra el sistema si entendían que algo fallaba. Cuando Alfonsín se prestó a promover los juicios contra los jerarcas del Proceso, la corporación militar reclamaba que debían ser juzgados por Tribunales Militares: ellos tenían fueros, no se someterían a jueces civiles como el resto de los ciudadanos. Fue Carlos Menem quien cambió el paradigma al sujetarlo para siempre al poder surgido de democracia. Una facción que aun resiste el control público es la corporación sindical. Cuando el año pasado la Corte Suprema invalidó un artículo de la Ley de Entidades Sindicales en razón de que el mismo no se adecuaba a las reglas constitucionales de la democracia, Moyano y compañía sintieron que un poder exógeno quería invadir su feudo, del cual ellos son señores exclusivos. Para ellos —según creen-— no deben regir los principios democráticos asegurados en la Constitución, a pesar de que estos, como tales, hisopeen a todas las instituciones existentes en la República. Asegurar esa vigencia es una de las mayores deudas de nuestra democracia. Ese emplazamiento también está presente en otras corporaciones. Célebre es el caso de la Iglesia católica, que desde la concesión de Constantino en el Edicto de Milán (año 313) ha reclamado estatutos privilegiados a todas las comunidades políticas que integró, cuestión que dio cause a las doctrinas que justificaban que ella, por su origen, sólo era pasible del “derecho divino”, más no del estatal. Etimológicamente, “privilegio” significa “ley privada”, ley para uno, lo que es una contradicción in terminis, porque toda ley es general, es decir, debe abarcar a todos: de allí que otra corporación que pretende privilegios es la de los jueces en tanto se rehúsan a pagar el impuesto a las ganancias como todos los ciudadanos arguyendo diversos sofismas relacionados a su condición. Todos los casos mencionados son reminiscencias forales que sobreviven a pesar de su formal abolición en la Asamblea del Año XIII. En los hechos, la democracia liberal se desenvuelve en una tensión dialéctica entre el desarrollo de su ideal igualitario sin privilegios y la resistencia de las corporaciones que, en definitiva, abonan prebendas propias del Antiguo Régimen al que se creyó derrocado hace más de tres siglos. Esta es una lectura posible para comprender el por qué de la tan pronunciada resistencia de los medios al proyecto de ley. Supone, además, levantar la vista por sobre todas las polémicas distractivas que se mencionan para evitar el debate de fondo. Lo que finalmente está en discusión es si los medios —que por su influencia de época se perciben como un “supra-poder” requirente de privilegios— deben o no ser reglados por normas que surgen de la voluntad soberana de la sociedad en la que ellos están instalados. Prueba de esto es que han hecho fracasar todo proyecto presentado en los 26 años que llevamos en democracia. No es, por tanto, un problema con “esta” ley, sino con “toda” ley, máxime si la actual es tan laxa que les permite hacer lo que quieran. La liviandad con la que se “analiza” al proyecto no puede ser mayor. Macri dijo que era una ley “fascista”. Ayer el periodista Adrián Ventura en La Nación la llamó “totalitaria”. ¿Saben que en los totalitarismos fascistas no había poderes legislativos que sancionen leyes? Gustavo Silvestre dijo sin vacilación alguna que, de aprobarse la ley, no podrían abrirse nuevos diarios sin autorización del Gobierno: ¿Quién le dijo que la ley de servicios “audiovisuales” reglamentará a la prensa escrita? Con la misma candidez se dicen decenas de mentiras que por no poder ser contrarrestadas en los mismos medios que las promueven, llegan al público como una “información” aséptica y neutral. Sin romanticismos
