Democracia joven

Resistencia de la corporación

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 20 de septiembre de 2009

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Es interesante captar algunos discursos mediáticos cuya objeción última no se dirige al proyecto oficial de Ley de Medios sino a la legitimidad del poder político para introducir una reglamentación en la materia.

Se trata de una actitud propia de toda facción corporativa que reclama el reconocimiento de una suerte de privilegio para no ser alcanzados por algunas decisiones de la democracia a la que pertenecen. Durante décadas, los militares creyeron ser un reservorio de la nacionalidad más allá de todo poder político, lo cual les aseguraba la facultad de alzarse contra el sistema si entendían que algo fallaba. Cuando Alfonsín se prestó a promover los juicios contra los jerarcas del Proceso, la corporación militar reclamaba que debían ser juzgados por Tribunales Militares: ellos tenían fueros, no se someterían a jueces civiles como el resto de los ciudadanos. Fue Carlos Menem quien cambió el paradigma al sujetarlo para siempre al poder surgido de democracia.

Una facción que aun resiste el control público es la corporación sindical. Cuando el año pasado la Corte Suprema invalidó un artículo de la Ley de Entidades Sindicales en razón de que el mismo no se adecuaba a las reglas constitucionales de la democracia, Moyano y compañía sintieron que un poder exógeno quería invadir su feudo, del cual ellos son señores exclusivos. Para ellos —según creen-— no deben regir los principios democráticos asegurados en la Constitución, a pesar de que estos, como tales, hisopeen a todas las instituciones existentes en la República. Asegurar esa vigencia es una de las mayores deudas de nuestra democracia.

Ese emplazamiento también está presente en otras corporaciones. Célebre es el caso de la Iglesia católica, que desde la concesión de Constantino en el Edicto de Milán (año 313) ha reclamado estatutos privilegiados a todas las comunidades políticas que integró, cuestión que dio cause a las doctrinas que justificaban que ella, por su origen, sólo era pasible del “derecho divino”, más no del estatal. Etimológicamente, “privilegio” significa “ley privada”, ley para uno, lo que es una contradicción in terminis, porque toda ley es general, es decir, debe abarcar a todos: de allí que otra corporación que pretende privilegios es la de los jueces en tanto se rehúsan a pagar el impuesto a las ganancias como todos los ciudadanos arguyendo diversos sofismas relacionados a su condición.

Todos los casos mencionados son reminiscencias forales que sobreviven a pesar de su formal abolición en la Asamblea del Año XIII. En los hechos, la democracia liberal se desenvuelve en una tensión dialéctica entre el desarrollo de su ideal igualitario sin privilegios y la resistencia de las corporaciones que, en definitiva, abonan prebendas propias del Antiguo Régimen al que se creyó derrocado hace más de tres siglos.

Esta es una lectura posible para comprender el por qué de la tan pronunciada resistencia de los medios al proyecto de ley. Supone, además, levantar la vista por sobre todas las polémicas distractivas que se mencionan para evitar el debate de fondo. Lo que finalmente está en discusión es si los medios —que por su influencia de época se perciben como un “supra-poder” requirente de privilegios— deben o no ser reglados por normas que surgen de la voluntad soberana de la sociedad en la que ellos están instalados. Prueba de esto es que han hecho fracasar todo proyecto presentado en los 26 años que llevamos en democracia. No es, por tanto, un problema con “esta” ley, sino con “toda” ley, máxime si la actual es tan laxa que les permite hacer lo que quieran.

Minar el debate con alarmismo

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Los medios a los que se le tocan sus intereses juegan sus últimas cartas. La estrategia es dar crédito a todo cuanto diga la oposición y, fundamentalmente, ensalzar a Cobos, quien porta el simbolismo épico del “voto no positivo”. Él también sueña con recrear ese papel y así asegurarse el favor de aquellos en 2011.

La liviandad con la que se “analiza” al proyecto no puede ser mayor. Macri dijo que era una ley “fascista”. Ayer el periodista Adrián Ventura en La Nación la llamó “totalitaria”. ¿Saben que en los totalitarismos fascistas no había poderes legislativos que sancionen leyes? Gustavo Silvestre dijo sin vacilación alguna que, de aprobarse la ley, no podrían abrirse nuevos diarios sin autorización del Gobierno: ¿Quién le dijo que la ley de servicios “audiovisuales” reglamentará a la prensa escrita? Con la misma candidez se dicen decenas de mentiras que por no poder ser contrarrestadas en los mismos medios que las promueven, llegan al público como una “información” aséptica y neutral.

Sin romanticismos

Lo dicho en esta nota no puede bañarnos de ingenuidad: los Kirchner también gozan de privilegios y, la verdad, en muy poco representan el ideal de la democracia liberal. Más aun, puede que la motivación de su embestida también contradiga el ideal ensayado. He aquí la paradoja de la historia: la Revolución Francesa abolió privilegios, pero desencadenó en Robespierre y, más tarde, en la autocracia de Napoleón. Pero lo cierto es que, aunque lentamente y hasta por caminos torcidos, la democracia-histórica a pesar de todo siempre progresa hacia la democracia-ideal: al fin, como los privilegios, esos dos productos indeseados luego también perecieron, uno ejecutado y el otro exiliado, y esa sociedad llegó a la síntesis buscada. Ya habrá tiempo para el Waterloo de los Kirchner..

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