22.8.09

Democracia joven

Cobos, ¿un tránsfuga indemne?

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 22 de agosto de 2009

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Cuando Borocotó asumió la banca de diputado por el Pro y poco tiempo después migró hacia las filas del kirchnerismo, la prensa lo fulminó e incluso instaló el neologismo “borocotización” para referir, con alguna sorna, a lo que el diccionario, impecablemente, define como tránsfuga en su segunda significación: “Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”.

Sin embargo, la opinión pública (y la publicada) no fue igualmente severa con otros casos que, en términos meramente descriptivos de una conducta, encuadran en la definición de tránsfuga. Tomando la descripción fáctica del diccionario, Julio César Cobos también lo es, puesto que no abandonó el cargo al separarse del partido que lo presentó. No es el caso de Felipe Solá, por ejemplo, que si bien ingresó a la diputación por las lista kirchnerista, luego de romper con el oficialismo y criticar sus posturas, renunció a la banca y sometió su nueva posición al aval popular.

La pregunta sería: ¿Existe alguna regla valorativa que justifique la absolución de Cobos al mismo tiempo que la condenación social a Borocotó, cuando, al menos en apariencia, se trata de casos análogos que encuadran en la definición de tránsfugas?

Los procesos de “borocotización” .
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A fin de tomarlo como modelo de análisis, resumamos cómo ha sido el giro político de Julio Cobos: (a) en 2003 accedió a la gobernación de Mendoza, luego de cumplir diversos cargos públicos y con una afiliación a la UCR desde 1991; (b) luego, durante el gobierno de Kirchner, integró progresivamente la híbrida transversalidad en el subgrupo de “radicales K”, que aglutinaba a todos los que se habían desmembrado de la UCR; (c) el punto más alto de su pertenencia al oficialismo fue cuando, previa postulación como candidato en el binomio del Frente por la Victoria, accedió a la vicepresidencia de la Nación el 10 de diciembre de 2007; (d) el 17 de julio de 2008, dio su conocido voto “no-positivo” a la retenciones móviles, fracturando definitivamente su relación con los Kirchner; (e) desde allí, comenzó su progresivo alejamiento del oficialismo hasta agrupar a sus legisladores propios (el “cobismo”) por fuera del bloque oficial; finalmente, (f) tras el triunfo de su lista en Mendoza el 28 de junio pasado, expresó que será candidato a presidente en 2011.

Hay tres “quiebres” en ese itinerario: cuando pasó de radical orgánico a “radical K”; cuando votó en contra de la 125; y cuando materializó su alejamiento del kirchnerismo.

Los dos últimos no pueden confundirse y, justamente su indistinción es lo que motiva la absolución social a Julio Cobos. Una cosa es el voto no-positivo que, aunque en hechos era una votación en contra, en su misma morfología enunciativa evitaba ser “anti” algo. Fue un caso concreto de lo que conoce como “objeción de conciencia”: el sujeto hace prevalecer el dictado interior de sus convicciones por sobre una imposición exógena, jurídica o no. Es algo perfectamente legítimo, considerado un derecho humano con un sinnúmero de aplicaciones, y por esa razón no debía renunciar a la vicepresidencia.

Ahora bien, las actitudes políticas de Julio Cobos que siguieron a esa votación merecen otra lectura, distinta a la que cabe al excusado objetor de conciencia.

A esta altura sí hay una notoria incompatibilidad material con el cargo que Cobos ostenta: se trata de un opositor que ocupa la vicepresidencia. El cargo de vicepresidente, si bien no integra el Poder Ejecutivo —que en Argentina es unipersonal, a pesar del consorcio matrimonial de los Kirchner—, está anclado a él porque es su sustituto primario en caso de vacancia definitiva o temporal. Esa característica, en un régimen no parlamentario, exige comunidad de intereses entre los dos funcionarios. Y, entre ambos, la accesoriedad la tiene el vicepresidente, tanto por una razón funcional (es el “vice”) como por una llanamente política: guste o no, los votos de 2007 se dirigieron casi en su totalidad a Cristina Kirchner, quien habría ganado los comicios con cualquiera en su binomio.

“Transfugar” y “traicionar”

A primera vista, cuando hay conflicto de intereses, quien debe ceder es el accesorio —no el principal—, eliminando la incompatibilidad material, sea cambiando de actitud o bien renunciando al cargo. En el caso del Poder Ejecutivo esto no ofrece dudas. Cobos, por tanto, reúne la característica de tránsfuga y también la de traidor, o sea, ésta última, “persona que quebranta la fidelidad o lealtad que debe guardar o tener” (vale remarcar que ese “deber ser” no es un juicio de valor subjetivo sino que está dado por la funcionalidad de cargos de la Constitución, como se dijo en el párrafo anterior).

No hay tanta claridad respecto a los legisladores que integran un poder no unipersonal sino colegiado. La duda sobre si pueden ser llamados “tránsfugas” radica en la polémica sobre a quién pertenece la banca. ¿Pueden, acaso, ser considerados traidores? Depende esto de algunas aclaraciones previas. Técnicamente, los legisladores pueden votar libremente sin someterse al Poder Ejecutivo o al partido que los propuso; no hay, por tanto, una accesoriedad constitucional como la del vicepresidente. La fidelidad viene por otro lado: es al votante, que lo eligió en el contexto de una lista referenciada en un líder al que ahora se abandona (piénsese en Stolbizer, Raimundi y Macaluse con respecto a Carrió) y como garante de cumplimiento de la plataforma de campaña, a la que debe someterse aun cuando su jefe político se aparte, pues ella es el objeto del “contrato político” celebrado con la ciudadanía en el comicio.

Luego de lo dicho, la pregunta obligada es por qué, a pesar de todo, los Cobos siguen siendo héroes y los Borocotó villanos, cuando en sustancia se comportaron igual. A lo mejor, la respuesta está en nuestro cambiante —y arbitrario— humor social..
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11.8.09

Democracia joven

Otra más del "vivir con lo nuestro"

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 9 de agosto de 2009

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La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley enviado por el Gobierno que aumenta los impuestos que deben pagar los productos electrónicos. La suba abarca no sólo a los importados sino también a los de ensamble local cuando tengan componentes extranjeros, lo que, en los hechos, se proyecta prácticamente a todos los productos de la especie. La excepción está dada para aquellos que se fabriquen en Tierra del Fuego y de allí que la finalidad alegada de los promotores de la ley sea incentivar la radicación de empresas y la producción en esa provincia austral.

El efecto de esto -admitido incluso por sus postulantes- será el aumento del precio de los bienes electrónicos en alrededor a un tercio del valor actual. Así, entienden sus promotores, se desincentivará la adquisición de productos importados por el aumento de precio, haciendo que los usuarios compren lo producido en Tierra del Fuego, desarrollando, por tanto, la industria allí instalada.

La ley impulsada por el Gobierno tiene objeciones por doquier, algunas de las cuales trataremos de resumir en el apartado siguiente, para finalizar preguntándonos por qué, a pesar de su inconveniencia técnica, empero éstas y otras medidas equivalentes siempre renacen en Argentina.

Promoción, pero de la ineficiencia..(código)

Lo primero que desconocen los autores de la normativa es que en adquisición de tecnología, el usuario está dispuesto a pagar más por el producto deseado antes que sustituirlo, porque, justamente, los bienes de esa especie son menos fungibles que los productos primarios. En otras palabras, la tecnología tiene una demanda absolutamente más inelástica que otros bienes, razón por la cual, la intervención en el factor precio no alterará sustantivamente la distribución del mercado.

Esto no significa, empero, que no sea algo profundamente negativo el aumento del precio. Para aun aquellos que pueden comprar un bien al precio más oneroso, significa una asignación ineficiente de recursos. Si la gran mayoría de los consumidores de tecnología siguen adquiriendo bienes importados, en nada se beneficiará a la industria fueguina; sin embargo, ellos -el país, en definitiva- habrán pagado más recibiendo menos, malgastando recursos que podrían haber sido destinados a comprar otros bienes nacionales.

Acá se avizora otra objeción: el beneficiario de ese diferencial es el Estado. Esto muestra nuevamente, tanto como sucedió con las retenciones agropecuarias, que tras el expresado motivo de coordinar la economía se esconde un fin recaudatorio para cubrir el déficit presupuestario que se le avecina a los Kirchner. Para beneficiar a alguien, se puede “levantar” al beneficiario o “bajar” a la competencia: con la medida, se optó por esto último, ya que, salvo en el IVA, la norma no prevé reducciones tributarias para la industria de Tierra del Fuego, sino que básicamente lo que hace es aumentar las cargas impositivas de los demás bienes.

Para abonar la imposición de las retenciones al agro, el Gobierno dice que busca mantener los precios internos, pero, por otra parte, cuando algo viene a bajo precio naturalmente, sin embargo, sube aranceles para encarecerlo. Parece que el denominador común es el “vivir con lo nuestro”: vender acá, comprar acá. En el medio, el Estado con sus Guillermo Moreno como juez de toda operación.

Dime quiénes se benefician

Pasaron más de dos siglos desde la publicación de La riqueza de las naciones, pero el libre cambio, sin embargo, lejos está de consagrarse. Así las denuncias de los economistas clásicos tienen toda vigencia: los únicos beneficiarios de los controles son los que lo ejercen. Ellos se convierten en amos y señores del consumo de una nación. El problema no es meramente económico, es político.

¿Quiénes son los beneficiarios del “vivir con lo nuestro”? Básicamente el Estado y los grupos industriales lobistas que han buscado pactos de protección con el poder político para que éste les asegure mercados cautivos.

La política económica del proteccionismo, además de la herramienta tributaria, se sirve de la política monetaria de devaluación creciente, lo cual hace las veces de arancelamiento encubierto porque encarece la importación. Las dos medidas benefician directamente al Estado y a la burguesía lobista: el primero recauda más y los segundos producen a costos devaluados pero luego venden en dólares que depositan en el extranjero. Negocio redondo. Vitorean la libertad económica para negociar salarios, pero le piden al Gobierno un dólar a cuatro pesos para disimular su ineficiencia.

Durante el siglo pasado, la controversia entre el modelo agro-exportador y el industrialismo sustitutivo de importaciones tenía un trasfondo ideológico. Hoy es el pragmatismo lo que orienta las decisiones. Si es por producir adaptaciones, también podría Alaska plantar bananas en invernaderos, ¿pero a qué costo? El modelo ISI ha dado sobradas muestras de fracaso cuando fue impostado. Por el contrario, Argentina logró grandes posicionamientos en industria compleja por ventajas distintas al favorecimiento estatal, cual es el caso del software o la energía nuclear que para desarrollarse no necesitaron del Estado sino del alto capital humano de nuestros ingenieros.

Si el bienestar general es, como entendían los utilitaristas, el mayor beneficio para una mayor porción de gente posible, aquí sin dudas se lo sacrifica de lleno, arribando al resultado inverso. Nuevamente, en Argentina, una minoría dirigencial vive a costas de los millones que, como Atlas, cada día está más encorvada por el peso en sus espaldas.. ((código)

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