Democracia joven

La protesta social según quien la mire

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 25 de octubre de 2009

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Uno de los temas repetidos de la semana fue el supuesto “clima político enrarecido” que se vive. Disparó el diagnóstico la agresión al senador Morales en Jujuy por parte de grupos próximos al Gobierno Nacional, a lo que se sumó el vaticinio de Carrió acerca de un desenlace violento hacia fin de año entre sectores que querrán “disputarse la calle”.

Es muy posible que la prensa esté amplificando la conflictividad como una secuela de la pelea por la Ley de Medios, pero ello no implica que lo de la violencia instalada sea un invento. En todo caso, lo que obvia ese análisis es que los cortes de ruta, los escraches, las agresiones físicas y verbales contra el adversario, y demás formas dañinas de reclamo, no datan de ahora, sino que llevan un buen tiempo a punto de haberse enraizado como reglas de protesta relativamente toleradas.

¿Hay violencias “buenas” y violencias “malas”?.
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A pesar de los etiquetamientos instalados, resulta que la violencia como forma de protesta no es propia de un solo sector. Tenemos que el corte de calles es visto como propio de piqueteros de izquierda, pero lo cierto es que también los productores agropecuarios cortaron rutas para protestar por las retenciones. Lo mismo cabe para quienes protestan por las papeleras en el puente con Uruguay, que no responden a la tipología de izquierda simbolizada en el piquete. El escrache, por ejemplo, suele identificarse como una forma de protestar de grupos de ultraizquierda y sin embargo la sustancia de las agresiones sufridas por Gerardo Morales en Jujuy no difieren de las provocadas por ruralistas contra los diputados Agustín y Alejandro Rossi en Santa Fe, por citar sólo un caso de entre varios más.

Intuitivamente sabemos —o mejor dicho, creemos— que no son lo mismo todos los casos. Pero cuando queremos fundar la distinción, nos encontramos con pocos parámetros objetivos y esenciales que nos permitan demarcar las protestas a fin de legitimar a algunas y deslegitimar a otras porque siempre se filtra la subjetividad propia de aquel que lleva a cabo la demarcación. El que formula el juicio nunca es ajeno al conflicto. En la mente del ruralista, el corte de ruta fue la última vía para hacerse oír por un gobierno que llegaba a poco menos que confiscarlos. Pero también en la mentalidad de los grupos sociales que cortan las calles está la idea —siempre que sea sincera, claro— de que ese es el único medio efectivo de reclamo al no encontrar otra vía para que alguien les ayude a salir de su postergación.

El axioma de la convivencia democrática

El tema radica, por tanto, en el contenido “material” del pretexto, o sea, el fin del reclamo que legitimaría el medio. Ahora bien, ¿quién es juez de ese contenido? ¿Quién puede decir que un reclamo es justo y otro no?

Por regla general, esa función compete a los gobiernos en tanto éstos representan a la sociedad democrática que sienta los criterios de convivencia a través de sus instituciones. Esa regla, sin embargo, supone que el gobierno no es parte de los conflictos, sino un tercero imparcial, no contaminado con aquello que procura erradicar. No parece ser este el caso de los Kirchner que han alentado y hasta cobijado a grupos o personas que ejercen violencia: ¿cómo un gobierno puede desaprobar un escrache cuando, por ejemplo, su secretario de comercio amenaza con quebrarle la espalda a los díscolos y negocia precios con armas? ¿Puede acaso un gobierno reprimir un corte de rutas si, a la par, forman parte de él personajes como D’Elía o Pérsico que hicieron de eso una profesión? Viene a cuento la distinción romanista entre “potestas” y “auctoritas”: los Kirchner tienen el poder coercitivo pero no la legitimación socialmente reconocida llevar a cabo la erradicación de los métodos ilegítimos de protesta.

El hecho de tener un gobierno parcial, que de suyo tolerará la violencia de sus partidarios y perseguirá a la de los contrarios, ¿implica que deberíamos ir hacia una suerte “relativismo” donde cada cual sea soberano en apreciar qué medios son legítimos? ¿O bien hay un intermedio para resolver la encrucijada?

Esto se parece a la crítica que le hizo Kant a la llamada “ética material” de cuño aristotélico. Kant lejos estaba de ser relativista, pero entendía que hacer un juicio de contenido sobre el valor de los actos traía aparejada una subjetividad que en última instancia implicaba que el otro imponga qué es lo bueno y qué es lo malo, no pocas veces armando ese catálogo en la medida de su interés. Por ello fundó la llamada “ética formal” que prescinde del contenido y de los sujetos y por eso se valida como universal.

En el caso, ese imperativo diría que toda protesta, como derecho, termina allí donde empieza el derecho del otro. El corte de ruta, por ejemplo, es ilegítimo porque viola el derecho de tránsito, y es siempre ilegítimo, lo haga De Angeli, D´Elía o Castells. Por eso nunca debieron tolerarse, ni aun en plena crisis de 2002, porque con solo permitirse uno el criterio de demarcación entre lo legítimo y lo ilegítimo dejó de ser objetivo y pasó a depender del favoritismo del gobernante. Al fin, ese formalismo simbolizado en la ley aplicada con los ojos vendados fue la piedra fundamental de las democracias modernas nacidas para evitar tanto el arbitrio del poder como la anarquía, o sea, los dos males entre los que oscila nuestro país..
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