28.12.08

Democracia joven

El "kirchnerismo", ¿existió alguna vez?

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 21 de diciembre de 2008

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La heterogénea coalición gobernante (“el kirchnerismo”) se está desmembrando. Ya forma parte del pasado ese afán de diversos sectores del arco político en identificarse con el matrimonio presidencial, quienes, a su vez, accedían a apoyar a todo aquel que les mostrara signos de reverencia, sin importar, por ejemplo, que varias listas electorales que competían entre sí empero se identifiquen como parte del (mismo) Gobierno, como sucedió en Río Negro, Catamarca o en La Plata donde apoyaban al oficialismo y a la oposición a la vez.

Esto último señalado es la clave de por qué, ante la primera crisis de peso, la dilatada alianza de gobierno comienza a resquebrajarse. La pregunta, luego de vista tanta labilidad, es: ¿El “kirchnerismo” —como tal— existió alguna vez? 

El oficialismo y sus ideas.(código)

En puridad, desde una dimensión teórica, difícilmente sea legítimo que Kirchner amerite el “ismo” como sufijo. Éste puede ser agregado a las ideas (liberalismo, comunismo) o a personas que han sido fundadores de algo, como es el caso del peronismo o el marxismo. Los Kirchner no inventaron nada. 

Algunos acólitos oficialistas, ensimismados como están, parecen creer —o simulan creer— que los Kirchner son la “realización de lo trascendental”, la presencia real de la Idea Absoluta (como decía Hegel de la monarquía prusiana). El mismo matrimonio ha sugerido que con ellos terminó el siglo de fracaso que ha sufrido el país. Pero, ¿que es lo que hicieron como fundacional?

En los cinco años que llevan gobernando no han mostrado una coherencia que permita conocer el horizonte de su gestión. Se lo puede criticar o no, pero Menem, por ejemplo, tenía un rumbo que era acabar con el agobio estatista que había sido el yugo que por décadas asfixió a nuestra economía. En ese Gobierno estaba claro el plan económico y político —de nuevo, se lo comparta o no—, el afán de ser aliados de los Estados Unidos y sus políticas, y demás caracteres que le dan determinado perfil a un gobernante. 

Cuando los Kirchner llegaron al poder dieron algunos signos de novedad que hoy, a un lustro de aquel entonces, han sido todos fulminados por su propias contradicciones. La idea de la transversalidad fue traicionada cuando el “progresista” Néstor Carlos Kirchner se cobijó en los intendentes feudales del conurbano que son la expresión más acabada de la llamada “vieja política”. La lucha por los derechos humanos vio su contradicción máxima semanas atrás en el pacto con el golpista Aldo Rico (y pensar que Kirchner en 2006 se dio el lujo de aminorar lo hecho por Alfonsín al promover el juicio a los jerarcas del Proceso). El “hombre del interior” —el mismo que le pedía federalismo fiscal a su consejero Cavallo— ha erigido uno de los mayores centralismos de la historia argentina. Qué decir del discurso de transparencia y su contrastación con lo real. 

¿Qué es lo que teóricamente puede identificar a alguien con el “kirchnerismo”? No hay a la vista nada nuevo que los haga tributarios de la fundación de un modelo ni de la concreción real de un corpus de ideas como fue, por ejemplo, el proyecto de la generación del 80 o el peronismo del 45’. Ni siquiera han tenido un norte claro; siempre, bajo un eufemístico “pragmatismo”, tuvieron una política acomodaticia al día a día que les permite tener en el mismo espacio a  Hebe Pastor de Bonafini y Aldo Rico.

El kirchnerismo en la “política real” 

Descartándose al kirchnerismo desde la dimensión ideológica, la cuestión es si en la política real es posible encontrar a seguidores auténticos del matrimonio gobernante. Los hay, sí, pero son un grupo minoritario dentro del universo de los que alguna vez levantaron la bandera del oficialismo.

Desde el 2003, el kirchnerismo tuvo un núcleo “puro” conformado por los hombres de confianza que venían de la gestión en Santa Cruz (De Vido, Jaime, Zanini, Alicia K, Icazuriaga, etc.), y, por lo demás, un grupo más periférico surgido de las múltiples alianzas con sectores heteróclitos y —sobre todo— muchos mercenarios. Antes de ganar ya había asegurado la incorporación de algunos funcionarios de Duhalde a los que nunca quiso (por eso en 2005, cuando Cristina ganó las elecciones, se desprendieron del “ministro estrella” Roberto Lavagna porque que les hacía sombra, exigiendo el auto de fe a los conversos, como Aníbal Fernández o Daniel Scioli). Luego, para compensar el poco caudal electoral, entabló acuerdos con sectores de la izquierda radical (Bonafini, Carlotto, Bonasso), con la progresía mas o menos coherente (los transversales) y con dirigentes sociales (D’Elía, Pérsico, Tumini, Ceballos), a quienes alquilaron con planes sociales para asegurarse grupos cautivos que les respondan en actos y como fuerzas de choque. 

Pero nunca hubo un acuerdo orientado hacia un proyecto común de largo plazo. Por eso hoy se quiebra. La primera crisis que el kirchnerismo sufre alcanzó para que comience el éxodo de todos aquellos que nunca fueron verdaderamente “kirchneristas” —quizá porque ello es teóricamente imposible—. Esos que ahora emigran, más bien, fueron “oficialistas”, como lo son siempre, gane quien gane, lo cual ya presagia que en 2011 también el próximo presidente los tendrá como aliados, y, camaleónicos como son, volverán a decir que son parte del cambio fundacional o del “mejor gobierno de la democracia”, como decían hasta ayer.. 

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8.12.08

Democracia Joven

El derecho penal de no-autor

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 8 de diciembre de 2008

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El penalismo liberal ha deslegitimado —con razón— lo que se llamó “derecho penal de autor”, es decir, un sistema punitivo que sanciona a la persona por lo que es y no por lo que hizo. Por contraposición, se habla de un “derecho penal de actos” como el único que puede satisfacer la garantía de los derechos humanos.

En la Argentina de los Kirchner apareció una nueva categoría, desgraciada y llena de prejuicios ideológicos, que puede denominarse “derecho penal de no-autor”. Esto permite sintetizar la actual inacción de poder público contra personas que, ostentando una indemnidad de hecho, nunca serán abarcadas por la ley penal. Se trata de la figura del “protestante” —en la primera acepción del diccionario—, el “huelguista”, el “reclamante”, o sea el sujeto que reivindica presuntos derechos y para ello goza de una licencia absoluta sin que importe nunca qué medios escoja para llevar a cabo su reclamo.

Deslegitimar la ley al amparo de la autoridad(código)

Repasemos brevemente la historia del piquete. Comenzó como una forma de llamar la atención en Cutral-co en 1992. Diez años después, en plena crisis, la excepción se hizo regla con decenas de cortes diarios a lo largo del  país, siendo ese el año donde Castells, D´Elía, Emilio Pérsico, Pitrola y otras falsas celebridades efímeras (como luego fue De Angeli) llegaron a las primeras planas por ser los dueños de las rutas. Luego, superado el punto crítico de la depresión económica, en una perfecta dialéctica, el abuso del medio degeneró en una burla a punto de que, por ejemplo, se ha llegado a cortar la avenida del Ministerio de Salud “exigiendo” preservativos.

Así el piquete se transformó una modalidad más de la expresión política. Y este año completó su metamorfosis degenerativa cuando dejó de ser patrimonio de los excluidos para ser el medio elegido por los ruralistas para alzarse contra las retenciones. En ese momento, hasta el voto de Cobos, la plaza del Congreso fue más importante que el Congreso mismo. Se llegó a la universalización perfecta: no importa quien ni por qué se lo use, el piquete y sus efectos colaterales forman parte de una regla príncipe de reivindicación sectorial.

Sin embargo es un delito. Eso es lo problemático. Hay normas que están siendo negadas, lo cual —recordando a los penalistas hegelianos— deslegitima al sistema como tal. El mensaje es que el fin, por más nimio que sea, justifica cualquier medio, incluso delictual. Todos efectos simbólicos (conjeturales, al decir de Ciuro Caldani) que, desaparecidos, se llevan consigo al derecho mismo, pues éste es la “coacción latente” para quien ataque bienes jurídicos, realizando con eso una función preventiva ya que si la norma no se cumpliera espontáneamente por ese amedrentamiento simbólico, el sistema no podría contener jamás al delito porque las fuerzas de seguridad representan menos del uno por ciento de la población del país.

Todo esto sucede con la anuencia de la autoridad pública. Hay dos niveles de responsabilidades. Por un lado el poder político, que asumió el lesse-faire respecto a toda manifestación de protesta sin importar el medio elegido. “No criminalizar la protesta” es el discurso oficial. Franco error porque esa aseveración da por sentado que lo criminalizado es la protesta cuando en verdad lo que se censura es que, para protestar, se recurra al crimen. No es la protesta sino el crimen lo que se persigue. A esta altura, enhorabuena, nadie con atino dirá que la huelga es delito. Delito es cortar rutas, amenazar, coaccionar, usurpar, dañar, privar de libertad. ¿Tan difícil es distinguir conceptualmente una cosa de la otra? El Gobierno lo sabe y, en verdad, lo que no dice es que no sancionará a quienes antes alentó. Esa es la clave.

La otra permisión proviene de la complacencia de quienes nunca contradecirán el mandato del poder, con la misma lógica por la cual jamás se atreven a investigar la corrupción hasta que el poderoso pasa al llano, disfrazando su genuflexión con dilaciones procedimentales a la espera de que el viento político sople distinto.

Casa tomada

Luis D´Elía tomó e incineró una comisaria. ¿Es delito? No, si es D’Elía no. El hijo de Moyano bloquea supermercados para lograr encuadramientos en su sindicato. ¿Es delito? En vistas del autor, tampoco. ¿No dice el art. 16 de la Constitución que en la Nación Argentina no hay fueros personales ni títulos de nobleza?

La semana pasada un grupo activistas bloqueó las bocas de distribución de Clarín y La Nación. La fábrica de General Motors está tomada porque la firma no renovó algunos contratos de personas a las que se les venció el plazo por el cual los emplearon. Acá en Tandil un par de sindicalistas —que siempre “trabajaron” de eso— comanda la toma de Loimar desde hace semanas. ¿Cuál es el límite? Que no nos pase como a los dos hermanos del cuento de Cortázar que resignados dejaron su casa en manos de usurpadores sin siquiera luchar por lo suyo.

La autoridad pública —autoproclamada ajena al problema— nada hace, ¿hay que resignarse como los personajes del célebre cuento? ¿Qué hay que hacer sino? Desde el siglo XVII, con John Locke, se sostiene que los particulares delegan en el Estado el monopolio de la fuerza a cambio de protección. Cuando esa protección no está, ¿acaso hay que revocar la cesión y ejercer la defensa  por mano propia? La desidia y la inoperancia —dos variantes claras de la corrupción— son un cáncer del sistema, conjuran contra él, lo deslegitiman desde adentro y por sus propios operadores, lo cual promueve la paraestatalidad, desdibuja lo público y alienta una atávica vendetta con consecuencias tan imprevisibles que mejor evitar porque una vez desatadas difícilmente sean reversibles. 
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