Las protestas y el derecho a la vivienda CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 18 de diciembre de 2010 Ahora bien, no hay porqué considerar que el triunfo de la posición de Macri importa la derrota del kirchnerismo. Si se pedía un cambio de postura, el nuevo enfoque gubernamental sobre las protestas violentas debe ser motivo de beneplácito. ¿Qué fue lo que motivó el cambio del Gobierno? .Según algunos, la tolerancia a la toma —y destrucción— del espacio público, los cortes de ruta y calles, los “escraches”, etc., era una política acertada antes, pero ya no. El “ya no” estaría dado por la mejora generalizada de la economía respecto a 2002/3. Esa apreciación, sin embargo, esconde algunas falacias. Por lo pronto, existen personas cuya realidad económica es igual que en 2002. Bajo ese razonamiento, entonces, debería haberse dispensado a quienes tomaron el Parque Indoamericano ya que su marginalidad no es invento.
El cambio del Gobierno puede obedecer a otras motivaciones. Por ejemplo, que el nivel de descontrol generado por las usurpaciones —que se multiplicaron por efecto dominó en lo que muestra que hay motivaciones ajenas a la “necesidad” dado que ésta nunca es súbita— terminará erosionando su autoridad y desconformando a un electorado de clase media que en el escenario actual resulta un probable votante de Cristina. O bien, que los movimientos de protesta, otrora aliados del Gobierno, ahora protestan contra él, con lo cual ahora —y no antes— sí vale usar la ley y deslegitimar la protesta. Es el viejo truco de usar la ley sólo cuando conviene a los intereses propios.
De todos modos, al Gobierno le está bien sufrir “desestabilizaciones” (como exageradamente calificaron) causadas por movimientos de protesta violenta. Es el efecto bumerán de lo que ellos alentaron o, cuanto menos, toleraron cuando no debían hacerlo. Se pueden contar en decenas la cantidad de desmanes camuflados de protesta durante los últimos años, desde toma de fábricas, incineración de trenes, destrucciones de edificios públicos, a los cortes de calles y rutas que también adoptaron sectores que no podían aducir estado de necesidad, como los agropecuarios en 2008, sin que el Gobierno pudiera desplazarlos so riesgo de que se le acuse de trato desigual respecto a los reclamantes afines sí tolerados.
El acceso a la vivienda
El problema de la vivienda excede en mucho a los sectores pobres. En la clase media hay una altísima porción de inquilinos que no puede acceder de forma alguna a la compra de un inmueble y, en muchos casos, ni siquiera costear un alquiler si no trabaja más de un integrante de la familia. Los adultos que hoy oscilan los 50/60 años son quizá la última generación que pudo adquirir una vivienda en base a sus ingresos corrientes. Basta comprobar cuándo se otorgaron por última vez créditos hipotecarios a cuotas accesibles, largo plazo y tasas fijas, o también ponderar la casa vez más desfasada relación entre los ingresos medios y el valor de una vivienda. Así las cosas, puede decirse que la clase media está proporcionalmente peor que los más pobres porque cada generación subsiguiente está peor que la anterior: la próxima generación de clase media ya que no tendrá casa propia como si tuvieron sus padres y no recibirá ayuda estatal alguna para su adquisición; mientras que, sin embargo, los más pobres no están peor que sus padres (en todo caso están igualmente peor, pero no más peor) y en más o en menos continuamente existen para ellos planes de viviendas estatales por las que no pagan prácticamente nada.
Ese escenario problemático para los sectores medios, ¿justificaría acaso que se apropien de las viviendas que alquilan y de los bancos que no les otorgan créditos hipotecarios accesibles?
Los sectores que reclamaban decían: “Lo único que queremos es una casa”. Todos queremos una casa, ¿quien no? No es un tema de querer o no querer una casa.
Efectivamente el artículo 14 bis de la Constitución dice que el Estado garantizará “el acceso a una vivienda digna”. Lo mismo reconocen diversos instrumentos jurídicos internacionales. Más aun, el MERCOSUR está discutiendo la sanción de un “Estatuto de Ciudadanía” que avanzará también en el tema de vivienda (adviértase lo que significa para Brasil —socio mayor del bloque— el problema de la vivienda con sus inmensísimas favelas y los movimientos de los “sin tierra”).
Esos derechos, sin embargo, no justifican el tono de “exigencia” que los que usurpan predios para que el Estado les provea (en rigor, les regale) una vivienda. En primer lugar porque, como casi todos los “derechos económicos, sociales y culturales” (llamados también de “segunda generación”), se trata de “normas programáticas”, o sea, directrices de política estatal que si bien constituyen un ideal a cumplir en determinado momento, por su carácter no pueden ser de satisfacción inmediata. ¿Está mal que estén si no se pueden cumplir acabadamente? Desde luego que no, porque operan como un norte a seguir. Aun así, pensemos algo más: la Constitución dice que el Estado garantizará el acceso la vivienda, más no que las proveerá sin más. También las normas mandan a pagar impuestos que es de donde sale el dinero el presupuesto. En fin, parece necesario tener una interpretación realista de los derechos y que cada uno piense que ha aportado para poder exigir con ese tono extorsivo.
