26.10.08

Democracia joven

Justificaciones sensibles del nuevo negocio

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 26 de octubre de 2008

El iusfilosofo Werner Goldschmidt distinguió tres razones sobre los actos: las móviles, con las que el mismo sujeto justifica para sí su conducta; las alegadas, que son el discurso de justificación ante terceros de por qué se tomó la decisión; y las sociales, por las cuales la sociedad juzga a esas decisiones. Obviamente, las razones alegadas y las móviles no tienen por qué coincidir: basta con que se esgrima una razón distinta a la que movilizó realmente el proceder.

La decisión del Gobierno de transferir el sistema privado de jubilaciones a la órbita del Estado es de por sí atinada. Si un tema merece ser considerado “de Estado”, no cabe duda que el referente al financiamiento de la clase pasiva lo es. Y también las razones alegadas para ello son más que justas porque es verdad que el sistema previsional no puede quedar sujeto a la especulación financiera y al riesgo empresarial; que las AFJP cobraban comisiones desmesuradas sin asumir riesgos propios; etc.

Todo eso es cierto. Luego, considerando las categorías del inicio la pregunta será: ¿Fue eso lo que motivó al Gobierno a tomar la decisión? ¿O hay alguna otra razón móvil y como ella es non sancta fue menester alegar de una justificación razonable para que la sociedad no recree la ira que le causó la célebre resolución 125? Concretamente: ¿El Gobierno busca esos fines alegados o necesita financiamiento y encontró un justificativo “razonable”?

“Los reconocerán por sus frutos”
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Hay dos características a resaltar de la decisión del Gobierno. Por un lado, que si el fin es recaudatorio hay un paralelo con la resolución 125 pues allí para justificar los impuestos confiscatorios se invocaron fines nobles que generan adhesión social: distribución del ingreso; protección del consumo; evitación del monocultivo. Pero el fin era recaudatorio. Al tiempo, las justificaciones se hicieron más “sensibles”: lo último dicho fue que todo lo recaudado se destinaría a construir escuelas y hospitales.

Pero, ¿cómo saber cual es la razón móvil y si ésta es la que se alegó? Claramente no lo hacemos como juicio moral sobre la mentira o algo que se le parezca, sino porque si verdaderamente el fin es recaudatorio el Gobierno se encargará de crear las condiciones para poder llevar a cabo su propósito. Ahí está el tema. Cuando sean legislados, esos fines nobles que hemos compartido pueden mutar para hacer de los fondos jubilatorios una fuente de recursos para cancelar deuda; o financiar campañas; o subsidiar el “capitalismo de amigos”; o mantener el clientelismo; o seguir saqueando lo público; o para todo eso junto y más.

El proyecto de ley tiene 18 artículos. ¿Con eso basta para reglar un sistema? No, claro que no. El resto lo hará el Poder Ejecutivo. O sea que el Congreso creará el nuevo régimen, pero será el matrimonio presidencial quien disponga las reglamentaciones. En ellos quedará, en definitiva, que se lleve a cabo uno u otro fin. ¿Basta algo más para desconfiar de un Gobierno que además ha dado verosímiles indicios de corrupción a gran escala? Todo sin contar que Argentina históricamente vivió un crónico saqueo de las cajas jubilatorias por obra de políticos y sindicalistas. No parece, entonces, razonable que todo sea tan noble.

¿Es un “error” o una “mentira”?

La segunda nota a considerar es que esta mecánica de estatización se enmarca en una política general con ese norte. Pero resulta que no todas esas estatizaciones reúnen, siquiera en el plano de lo alegado, una justificación equivalente a la de trasferencia del régimen jubilatorio. Éste es parte de los “fines públicos” que el Estado debe realizar por necesidad, pero no se puede predicar lo mismo de todas las demás operaciones que hicieron los Kirchner en estos años. Hay dos hipótesis: que ello se deba a un “error” o una “mentira”. Ambos vocablos se relacionan con la falta de verdad pero no son lo mismo.

El clásico “error” que pueden padecer es confundir la “esencia del Estado” —si vale el término— con la propiedad de bienes. Así es que los Kirchner dicen que “Menem vendió el país”, cuando lo que enajenó fueron empresas, deficitarias y obsoletas además. El país no puede “venderse” porque su naturaleza no radica en tener aviones o trenes sino en unos conceptos largos de abordar aquí que son la “soberanía” y el “imperium”. De confirmar que los Kirchner están presos de ese error entenderíamos por qué se creen reconstructores de una Nación.

La otra hipótesis de por qué estatizan a mansalva es la explicación de la “mentira”, o sea que todo lo que dicen serían manifestaciones contrarias a lo que se pretenden llevar a cabo y lo que les importa, desde esta óptica, es agrandar el Estado porque, como ellos lo manejan discrecionalmente, hay más oportunidades para hacer negociados en él y de mantener el poder. De ser cierta esta inteligencia, el fin noble de algunas medidas (como las jubilaciones) deviene accesorio, porque en todos los casos lo que se realiza es el móvil común: obtener recursos y agradar el marco de influencia sin control alguno. La única diferencia sería que algunos “medios” para ese fin negocial involucran cuestiones que sensibilizan a la comunidad y por tanto hace más viable que el juicio de las razones sociales sea más favorable al Gobierno.
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