El "kirchnerismo", ¿existió alguna vez? CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 21 de diciembre de 2008 La heterogénea coalición gobernante (“el kirchnerismo”) se está desmembrando. Ya forma parte del pasado ese afán de diversos sectores del arco político en identificarse con el matrimonio presidencial, quienes, a su vez, accedían a apoyar a todo aquel que les mostrara signos de reverencia, sin importar, por ejemplo, que varias listas electorales que competían entre sí empero se identifiquen como parte del (mismo) Gobierno, como sucedió en Río Negro, Catamarca o en La Plata donde apoyaban al oficialismo y a la oposición a la vez. Esto último señalado es la clave de por qué, ante la primera crisis de peso, la dilatada alianza de gobierno comienza a resquebrajarse. La pregunta, luego de vista tanta labilidad, es: ¿El “kirchnerismo” —como tal— existió alguna vez? El oficialismo y sus ideas.(código) En puridad, desde una dimensión teórica, difícilmente sea legítimo que Kirchner amerite el “ismo” como sufijo. Éste puede ser agregado a las ideas (liberalismo, comunismo) o a personas que han sido fundadores de algo, como es el caso del peronismo o el marxismo. Los Kirchner no inventaron nada. Algunos acólitos oficialistas, ensimismados como están, parecen creer —o simulan creer— que los Kirchner son la “realización de lo trascendental”, la presencia real de la Idea Absoluta (como decía Hegel de la monarquía prusiana). El mismo matrimonio ha sugerido que con ellos terminó el siglo de fracaso que ha sufrido el país. Pero, ¿que es lo que hicieron como fundacional? En los cinco años que llevan gobernando no han mostrado una coherencia que permita conocer el horizonte de su gestión. Se lo puede criticar o no, pero Menem, por ejemplo, tenía un rumbo que era acabar con el agobio estatista que había sido el yugo que por décadas asfixió a nuestra economía. En ese Gobierno estaba claro el plan económico y político —de nuevo, se lo comparta o no—, el afán de ser aliados de los Estados Unidos y sus políticas, y demás caracteres que le dan determinado perfil a un gobernante. Cuando los Kirchner llegaron al poder dieron algunos signos de novedad que hoy, a un lustro de aquel entonces, han sido todos fulminados por su propias contradicciones. La idea de la transversalidad fue traicionada cuando el “progresista” Néstor Carlos Kirchner se cobijó en los intendentes feudales del conurbano que son la expresión más acabada de la llamada “vieja política”. La lucha por los derechos humanos vio su contradicción máxima semanas atrás en el pacto con el golpista Aldo Rico (y pensar que Kirchner en 2006 se dio el lujo de aminorar lo hecho por Alfonsín al promover el juicio a los jerarcas del Proceso). El “hombre del interior” —el mismo que le pedía federalismo fiscal a su consejero Cavallo— ha erigido uno de los mayores centralismos de la historia argentina. Qué decir del discurso de transparencia y su contrastación con lo real. ¿Qué es lo que teóricamente puede identificar a alguien con el “kirchnerismo”? No hay a la vista nada nuevo que los haga tributarios de la fundación de un modelo ni de la concreción real de un corpus de ideas como fue, por ejemplo, el proyecto de la generación del 80 o el peronismo del 45’. Ni siquiera han tenido un norte claro; siempre, bajo un eufemístico “pragmatismo”, tuvieron una política acomodaticia al día a día que les permite tener en el mismo espacio a Hebe Pastor de Bonafini y Aldo Rico. Descartándose al kirchnerismo desde la dimensión ideológica, la cuestión es si en la política real es posible encontrar a seguidores auténticos del matrimonio gobernante. Los hay, sí, pero son un grupo minoritario dentro del universo de los que alguna vez levantaron la bandera del oficialismo. Desde el 2003, el kirchnerismo tuvo un núcleo “puro” conformado por los hombres de confianza que venían de la gestión en Santa Cruz (De Vido, Jaime, Zanini, Alicia K, Icazuriaga, etc.), y, por lo demás, un grupo más periférico surgido de las múltiples alianzas con sectores heteróclitos y —sobre todo— muchos mercenarios. Antes de ganar ya había asegurado la incorporación de algunos funcionarios de Duhalde a los que nunca quiso (por eso en 2005, cuando Cristina ganó las elecciones, se desprendieron del “ministro estrella” Roberto Lavagna porque que les hacía sombra, exigiendo el auto de fe a los conversos, como Aníbal Fernández o Daniel Scioli). Luego, para compensar el poco caudal electoral, entabló acuerdos con sectores de la izquierda radical (Bonafini, Carlotto, Bonasso), con la progresía mas o menos coherente (los transversales) y con dirigentes sociales (D’Elía, Pérsico, Tumini, Ceballos), a quienes alquilaron con planes sociales para asegurarse grupos cautivos que les respondan en actos y como fuerzas de choque. Pero nunca hubo un acuerdo orientado hacia un proyecto común de largo plazo. Por eso hoy se quiebra. La primera crisis que el kirchnerismo sufre alcanzó para que comience el éxodo de todos aquellos que nunca fueron verdaderamente “kirchneristas” —quizá porque ello es teóricamente imposible—. Esos que ahora emigran, más bien, fueron “oficialistas”, como lo son siempre, gane quien gane, lo cual ya presagia que en 2011 también el próximo presidente los tendrá como aliados, y, camaleónicos como son, volverán a decir que son parte del cambio fundacional o del “mejor gobierno de la democracia”, como decían hasta ayer.. 
28.12.08
Democracia joven
8.12.08
Democracia Joven
El derecho penal de no-autor CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 8 de diciembre de 2008
El penalismo liberal ha deslegitimado —con razón— lo que se llamó “derecho penal de autor”, es decir, un sistema punitivo que sanciona a la persona por lo que es y no por lo que hizo. Por contraposición, se habla de un “derecho penal de actos” como el único que puede satisfacer la garantía de los derechos humanos.
En la Argentina de los Kirchner apareció una nueva categoría, desgraciada y llena de prejuicios ideológicos, que puede denominarse “derecho penal de no-autor”. Esto permite sintetizar la actual inacción de poder público contra personas que, ostentando una indemnidad de hecho, nunca serán abarcadas por la ley penal. Se trata de la figura del “protestante” —en la primera acepción del diccionario—, el “huelguista”, el “reclamante”, o sea el sujeto que reivindica presuntos derechos y para ello goza de una licencia absoluta sin que importe nunca qué medios escoja para llevar a cabo su reclamo.
Deslegitimar la ley al amparo de la autoridad(código)
Repasemos brevemente la historia del piquete. Comenzó como una forma de llamar la atención en Cutral-co en 1992. Diez años después, en plena crisis, la excepción se hizo regla con decenas de cortes diarios a lo largo del país, siendo ese el año donde Castells, D´Elía, Emilio Pérsico, Pitrola y otras falsas celebridades efímeras (como luego fue De Angeli) llegaron a las primeras planas por ser los dueños de las rutas. Luego, superado el punto crítico de la depresión económica, en una perfecta dialéctica, el abuso del medio degeneró en una burla a punto de que, por ejemplo, se ha llegado a cortar la avenida del Ministerio de Salud “exigiendo” preservativos.
Así el piquete se transformó una modalidad más de la expresión política. Y este año completó su metamorfosis degenerativa cuando dejó de ser patrimonio de los excluidos para ser el medio elegido por los ruralistas para alzarse contra las retenciones. En ese momento, hasta el voto de Cobos, la plaza del Congreso fue más importante que el Congreso mismo. Se llegó a la universalización perfecta: no importa quien ni por qué se lo use, el piquete y sus efectos colaterales forman parte de una regla príncipe de reivindicación sectorial.
Sin embargo es un delito. Eso es lo problemático. Hay normas que están siendo negadas, lo cual —recordando a los penalistas hegelianos— deslegitima al sistema como tal. El mensaje es que el fin, por más nimio que sea, justifica cualquier medio, incluso delictual. Todos efectos simbólicos (conjeturales, al decir de Ciuro Caldani) que, desaparecidos, se llevan consigo al derecho mismo, pues éste es la “coacción latente” para quien ataque bienes jurídicos, realizando con eso una función preventiva ya que si la norma no se cumpliera espontáneamente por ese amedrentamiento simbólico, el sistema no podría contener jamás al delito porque las fuerzas de seguridad representan menos del uno por ciento de la población del país.
Todo esto sucede con la anuencia de la autoridad pública. Hay dos niveles de responsabilidades. Por un lado el poder político, que asumió el lesse-faire respecto a toda manifestación de protesta sin importar el medio elegido. “No criminalizar la protesta” es el discurso oficial. Franco error porque esa aseveración da por sentado que lo criminalizado es la protesta cuando en verdad lo que se censura es que, para protestar, se recurra al crimen. No es la protesta sino el crimen lo que se persigue. A esta altura, enhorabuena, nadie con atino dirá que la huelga es delito. Delito es cortar rutas, amenazar, coaccionar, usurpar, dañar, privar de libertad. ¿Tan difícil es distinguir conceptualmente una cosa de la otra? El Gobierno lo sabe y, en verdad, lo que no dice es que no sancionará a quienes antes alentó. Esa es la clave.
La otra permisión proviene de la complacencia de quienes nunca contradecirán el mandato del poder, con la misma lógica por la cual jamás se atreven a investigar la corrupción hasta que el poderoso pasa al llano, disfrazando su genuflexión con dilaciones procedimentales a la espera de que el viento político sople distinto.
Casa tomada
Luis D´Elía tomó e incineró una comisaria. ¿Es delito? No, si es D’Elía no. El hijo de Moyano bloquea supermercados para lograr encuadramientos en su sindicato. ¿Es delito? En vistas del autor, tampoco. ¿No dice el art. 16 de la Constitución que en la Nación Argentina no hay fueros personales ni títulos de nobleza?
La semana pasada un grupo activistas bloqueó las bocas de distribución de Clarín y La Nación. La fábrica de General Motors está tomada porque la firma no renovó algunos contratos de personas a las que se les venció el plazo por el cual los emplearon. Acá en Tandil un par de sindicalistas —que siempre “trabajaron” de eso— comanda la toma de Loimar desde hace semanas. ¿Cuál es el límite? Que no nos pase como a los dos hermanos del cuento de Cortázar que resignados dejaron su casa en manos de usurpadores sin siquiera luchar por lo suyo.
22.11.08
Democracia joven
Herida mortal al monopolio sindical CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 23 de noviembre de 2008 En esta misma sección, el pasado 24 de febrero señalamos la injusticia del régimen regulatorio de las entidades sindicales porque, en violación de cuanto menos tres disposiciones constitucionales, consagra un sistema de representación ficcional que vulnera los derechos de libre asociación y de igualdad que la Carta Magna garantiza. Hoy, con júbilo, podemos volver sobre el tema ya con el aval de que la Corte Suprema, recogiendo un histórico reclamo multisectorial, ha declarado la inconstitucionalidad de un artículo de la ley 23.551 que es uno de los símbolos máximos del sistema monopólico. El impecable fallo y sus efectos políticos (código)
El 11 de noviembre el Alto Tribunal dictó la sentencia de un caso cuya discusión fondo versaba sobre si para ser delegado del personal era menester estar afiliado a un sindicato con personería gremial. Recordemos que en el sistema de la ley, un sindicato de los múltiples en cada especie es beneficiario de una prerrogativa conocida como “personería gremial” que consiste en una suerte de super-personalidad que lo jerarquiza por sobre los demás, quienes tienen una simple personería.
Como decíamos en el artículo de febrero, el sistema discrimina indirectamente a los propios trabajadores e introduce, oblicuamente, una asociación compulsiva, ya que no es baladí pertenecer a uno u otro sindicato porque sólo los que gozan del reconocimiento preferencial tienen legitimidad para ejercer algunos derechos colectivos del trabajo, entre ellos la huelga. Por tanto la ley viola la igualdad y la libertad asociativa y, además, la propia letra del artículo 14 bis de la Constitución que concede la personería a los gremios, entendiéndose por tal al sustrato de las asociaciones que son los propios trabajadores asociados y no la persona jurídica que los aúna mediante la formalización.
El fallo de la Corte —que no puede dejar de leerse— declaró que las disposiciones de la ley que justifiquen esa discriminación son inconstitucionales porque, además de violar los derechos constitucionales ya mencionados, se oponen expresamente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo a los que Argentina adhirió
Amén de todas estas riquísimas cuestiones jurídicas bien vale aquí referir a los efectos políticos del fallo. Por lo pronto, encrespó al linaje sindical que se beneficia con el régimen monopólico porque la ley se encarga de suplir su falta de representatividad real con una ficción normativa que mantiene cautivos a los trabajadores. Esa ficción es la que legitima, por ejemplo, que los gastronómicos de todo el país sean “representados” por Luis Barrionuevo.
Otro aspecto que debe ingresar en el debate de una nueva ley de entidades sindicales —la actual fue sancionada en 1988 como una concesión del decadente gobierno de aquel entonces— es la eliminación de todo vestigio que permita la identificación del sindicato con un partido político. Sabido es que el peronismo está prácticamente institucionalizado como la ideología de la CGT, lo cual es discriminatorio ya que siendo “la” central sindical ella está llamada a representar a una universalidad que como tal es heterogénea y alberga a trabajadores de otras filiaciones políticas. Obsérvese que el titular de la CGT es el vicepresidente del PJ: ¿No hay una confusión de roles? Esto sólo se entiende desde el corporativismo organicista —de origen fascista— que es la base común del peronismo y del sindicalismo argentino. Esa hermandad genética e histórica explica también porqué los jerarcas sindicales se presentan sumisos con aquel partido mientras que cuando gobiernan otros suelen llamar a la desobediencia civil, como hacía Moyano en 2001.
La huelga docente
Sin salirnos del tema es oportuno decir algo sobre las prácticas que están llevando los gremios docentes en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, quienes persisten con la actitud extorsiva de perder días de clase si los gobiernos no se someten a sus pretensiones.
El salario debe ser discutido pero una máxima ha de regir esa determinación: la remuneración debe ser sinalagmática con las prestaciones de los docentes. Es hora que también discutamos el nivel de los institutos terciarios donde se forman, el nombramiento por concurso público para acceder a las horas cátedra, las formas de auditar su desempeño, las calificaciones y las revalidaciones periódicas y muchas otras cosas que también hacen a la educación. No se puede pretender ganar como un profesor de Harvard cuando se tiene un currículo de dos carillas trabajando cuatro o cinco horas de lunes a viernes. Esa es la esencia de todo contrato e implica también que no todos los docentes deben ganar lo mismo porque de esa forma se desalienta la competencia y el crecimiento.
Mientras tanto, debe recordarse que la educación estatal es un servicio público, insusceptible de interrupción, y, a esta altura, ya se abusó demasiado del derecho de huelga, por lo que deberán recurrir a medios de protesta que no sean lesivos al también constitucional derecho de aprender de millones de alumnos. De lo contrario —y como se trata de una pelea netamente política— habrá que analizar la hipótesis de la exoneración porque no puede ser que en Argentina, año tras año, ni siquiera lleguemos a cumplir con el dictado de los días mínimos de clases y que, como siempre, los más débiles estén de rehenes.
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8.11.08
Democracia joven
Progresismo S. A. CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 9 de noviembre de 2008 En la página web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo puede leerse: “Un sueño: el socialismo”. No se nota. Son un emporio: tienen dos radios, una señal de televisión virtual, centenares de minutos en canales de televisión pública (Canal 7 y Encuentro), un periódico, una editorial, una librería, una “universidad”, una constructora, una cerámica, una maderera, etc. y muchos millones en subsidios. Por otro lado, la revista Noticias dio a conocer, en una nota de tapa titulada “Canciones para la corona”, el detalle de los subsidios a algunos artistas emparentados con el progresismo aunque bien capitalistas cuando se trata de negociar los honorarios que paga el Gobierno: León Gieco ($ 211.248); Mercedes Sosa ($ 829.362); Adriana Varela ($ 135.700); Teresa Parodi ($ 120.259); “Coco” Silly y Daniel Aráoz (entre ambos, $ 5.1 millones para producciones); etc. ¿Por qué artistas “populares” le cobran tanto al “pueblo”? ¿No eran socialistas? ¿O son la propaganda de un régimen y cobran como tales (mercenarios)? Construcciones Bonafini Sociedad de Estado.(código) Está muy bien que el Estado construya viviendas. Nadie cuestiona eso. La pregunta, luego de la euforia por el anuncio de que la Fundación de Bonafini construirá 350 viviendas en Tandil, es la siguiente: ¿Por qué una fundación cuyo objeto —alegado— es la defensa de los derechos humanos ejecuta obra pública? ¿Qué tiene que ver? Porque el dinero, obviamente, pertenece el Estado Nacional. ¿Para qué, entonces, la administración pública cuenta con organismos de viviendas? ¿La fundación de Bonafini está sujeta a los controles de la SIGEN, la Auditoría General de la Nación y demás instrumentos de contralor de la Ley de Administración Financiera y sus complementarias? ¿Respeta la Ley de Contrataciones para asegurar transparencia en la selección de proveedores? ¿Se controlan los productos finales? ¿La fundación tiene mejor precio de mercado que otros interesados garantizando más eficiencia en el plan de obras? ¿Está asegurado un plan de adjudicación que evite el clientelismo o incluso el mero proselitismo con fondos públicos? Según Sergio Schoklender, todo eso es secundario porque, como aval, está “el prestigio de las Madres en juego”. ¿A cual prestigio se refiere? ¿A los 147 cheques sin fondos por $ 1.668.270,39 que fueron rechazados de la cuenta en la que está habilitada Hebe Pastor de Bonafini, tal como consta en el sitio web del Banco Central? Una persona con esa prodigalidad no puede ser destinataria de fondos públicos y menos para hacer obra pública. No nos equivoquemos: la señora de Bonafini, cuando deja de dedicarse a los derechos humanos es una más, no pudiendo otorgársele inmunidad alguna porque ella está haciendo política como cualquier otro. Obviamente tiene derecho a eso, pero no puede luego pretender un trato diferenciado, escondiendo tras el pañuelo blanco su actividad política, la búsqueda de poder, el proselitismo y un espectacular negocio con el dinero público. Los que pagamos impuestos tenemos un legítimo derecho a saber adónde se destina cada centavo que aportamos. Sepámoslo muy bien, la fiesta kirchnerista la pagamos entre todos. Ya puede presagiarse el fin de la historia de las viviendas. Terminarán siendo más caras que un piso en Manhattan. En el medio, toda la clásica inflación de costos “operativos”: coordinadores del plan —de allí la alegría de algunos jóvenes bonafinistas hasta ayer desocupados—, cargos de aquí, cargos de allá. Todo eso se evita —incluso en el plano de la mera sospecha— si el Ministerio de Planificación, luego de decidir construir viviendas en Tandil, hubiera otorgado el poder de ejecución al Municipio —ente natural para administrar el bien común de la ciudad— o directamente a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, pero no a una organización como la que preside Bonafini que, tras una fachada y a base en los multimillonarios subsidios de los Kirchner, ha exorbitado su objeto primigenio (promover los derechos humanos) para incursionar en la obra pública, la educación privada, los medios de comunicación, el negocio editorial y demás. Todo sale de nuestros bolsillos, ¿por qué tolerarlo? La gran injusticia es que muchos trabajadores que no llegan a fin de mes terminan pagando impuestos para mantener a esos parásitos que nunca generaron riqueza. Unos producen; luego, el Estado los expropia para que otros la gasten. ¿Cuándo nos tocará invertir los roles? Qué vivos, a mi también me gustaría estar, aunque sea por un rato, del lado de los que gastan sin trabajar. Algún día deberán rendir cuentas La democracia nos asegura una certeza: el 11 de diciembre de 2011 los Kirchner deberán rendir cuentas porque habrán dejado del poder un día antes. Ellos, como otorgantes de dinero público sin respetar los sistemas de control, y todos aquellos que lo han recibido deberán ser auditados y explicar qué hicieron con tantos millones. La Justicia tarda pero llega. Hoy parecen omnipotentes, pueden incluso saquear a los productores agropecuarios o las cajas jubilatorias para poder mantener ese esquema de despilfarro clientelar, pero también Menem parecía intocable hasta que quedó marginado del poder. Que sigan destruyendo el país, que suban, que cuanto más alto estén, más ruido harán al caer. Ver comentarios en El Eco Digital . (código)
26.10.08
Democracia joven
Justificaciones sensibles del nuevo negocio
CRISTIAN SALVI
El Eco de Tandil, 26 de octubre de 2008
El iusfilosofo Werner Goldschmidt distinguió tres razones sobre los actos: las móviles, con las que el mismo sujeto justifica para sí su conducta; las alegadas, que son el discurso de justificación ante terceros de por qué se tomó la decisión; y las sociales, por las cuales la sociedad juzga a esas decisiones. Obviamente, las razones alegadas y las móviles no tienen por qué coincidir: basta con que se esgrima una razón distinta a la que movilizó realmente el proceder.
La decisión del Gobierno de transferir el sistema privado de jubilaciones a la órbita del Estado es de por sí atinada. Si un tema merece ser considerado “de Estado”, no cabe duda que el referente al financiamiento de la clase pasiva lo es. Y también las razones alegadas para ello son más que justas porque es verdad que el sistema previsional no puede quedar sujeto a la especulación financiera y al riesgo empresarial; que las AFJP cobraban comisiones desmesuradas sin asumir riesgos propios; etc.
Todo eso es cierto. Luego, considerando las categorías del inicio la pregunta será: ¿Fue eso lo que motivó al Gobierno a tomar la decisión? ¿O hay alguna otra razón móvil y como ella es non sancta fue menester alegar de una justificación razonable para que la sociedad no recree la ira que le causó la célebre resolución 125? Concretamente: ¿El Gobierno busca esos fines alegados o necesita financiamiento y encontró un justificativo “razonable”?
“Los reconocerán por sus frutos”Aquí escribes el contenido. (código)
Hay dos características a resaltar de la decisión del Gobierno. Por un lado, que si el fin es recaudatorio hay un paralelo con la resolución 125 pues allí para justificar los impuestos confiscatorios se invocaron fines nobles que generan adhesión social: distribución del ingreso; protección del consumo; evitación del monocultivo. Pero el fin era recaudatorio. Al tiempo, las justificaciones se hicieron más “sensibles”: lo último dicho fue que todo lo recaudado se destinaría a construir escuelas y hospitales.
Pero, ¿cómo saber cual es la razón móvil y si ésta es la que se alegó? Claramente no lo hacemos como juicio moral sobre la mentira o algo que se le parezca, sino porque si verdaderamente el fin es recaudatorio el Gobierno se encargará de crear las condiciones para poder llevar a cabo su propósito. Ahí está el tema. Cuando sean legislados, esos fines nobles que hemos compartido pueden mutar para hacer de los fondos jubilatorios una fuente de recursos para cancelar deuda; o financiar campañas; o subsidiar el “capitalismo de amigos”; o mantener el clientelismo; o seguir saqueando lo público; o para todo eso junto y más.
El proyecto de ley tiene 18 artículos. ¿Con eso basta para reglar un sistema? No, claro que no. El resto lo hará el Poder Ejecutivo. O sea que el Congreso creará el nuevo régimen, pero será el matrimonio presidencial quien disponga las reglamentaciones. En ellos quedará, en definitiva, que se lleve a cabo uno u otro fin. ¿Basta algo más para desconfiar de un Gobierno que además ha dado verosímiles indicios de corrupción a gran escala? Todo sin contar que Argentina históricamente vivió un crónico saqueo de las cajas jubilatorias por obra de políticos y sindicalistas. No parece, entonces, razonable que todo sea tan noble.
¿Es un “error” o una “mentira”?
La segunda nota a considerar es que esta mecánica de estatización se enmarca en una política general con ese norte. Pero resulta que no todas esas estatizaciones reúnen, siquiera en el plano de lo alegado, una justificación equivalente a la de trasferencia del régimen jubilatorio. Éste es parte de los “fines públicos” que el Estado debe realizar por necesidad, pero no se puede predicar lo mismo de todas las demás operaciones que hicieron los Kirchner en estos años. Hay dos hipótesis: que ello se deba a un “error” o una “mentira”. Ambos vocablos se relacionan con la falta de verdad pero no son lo mismo.
El clásico “error” que pueden padecer es confundir la “esencia del Estado” —si vale el término— con la propiedad de bienes. Así es que los Kirchner dicen que “Menem vendió el país”, cuando lo que enajenó fueron empresas, deficitarias y obsoletas además. El país no puede “venderse” porque su naturaleza no radica en tener aviones o trenes sino en unos conceptos largos de abordar aquí que son la “soberanía” y el “imperium”. De confirmar que los Kirchner están presos de ese error entenderíamos por qué se creen reconstructores de una Nación.
La otra hipótesis de por qué estatizan a mansalva es la explicación de la “mentira”, o sea que todo lo que dicen serían manifestaciones contrarias a lo que se pretenden llevar a cabo y lo que les importa, desde esta óptica, es agrandar el Estado porque, como ellos lo manejan discrecionalmente, hay más oportunidades para hacer negociados en él y de mantener el poder. De ser cierta esta inteligencia, el fin noble de algunas medidas (como las jubilaciones) deviene accesorio, porque en todos los casos lo que se realiza es el móvil común: obtener recursos y agradar el marco de influencia sin control alguno. La única diferencia sería que algunos “medios” para ese fin negocial involucran cuestiones que sensibilizan a la comunidad y por tanto hace más viable que el juicio de las razones sociales sea más favorable al Gobierno.Aquí escribes el resto del contenido que no se vera.
Democracia joven
Lecciones de Wall Street CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 12 de octubre de 2008 Al abordar la semana pasada el sin dudas polémico tema del “socialismo del siglo XXI”, alguien me advertía sobre lo inoportuno de sostener algunas tesis en contra el estatismo dados los cimbronazos financieros de estos días. Claro, lo estaba diciendo en plena crisis de Wall Street y en tiempos donde el mayor símbolo del capitalismo estaba interviniendo como nunca antes en el bendito mercado con un paquete de salvataje calculado en 700 mil millones de dólares. Es verdad que algunos autores han presentado una radicalización tan grande del capitalismo que llegaron a sostener que no existe otro interés que el individual (Ayn Rand) o bien que el mercado llegaría a su equilibrio máximo cuando toda regulación desaparezca absolutamente, evolucionándose así hacia el denominado anarco-capitalismo (Nozick). Pero la afirmación de que el mercado no puede sustituir al estado encuentra un lógico fundamento en que entre ellos no existe una relación de oposición sino de complemento: uno buscará la maximización de un interés individual, mientras que el otro tiene como fin principal organizar una comunidad en aras al bien común equilibrando las múltiples colisiones de intereses de sus integrantes. Lo dicho recién habilita a una conclusión tan válida como la anterior: si el mercado no puede sustituir al estado, tampoco el estado puede sustituir al mercado. A pesar de ello, los adversarios del capitalismo proponen una relación de absorción al entender que si el bien común debe ser afianzado por lo público, ello justifica entonces que el estado asuma la mayor cantidad de roles posibles ya que es necesario evitar los desastres que esta crisis ha mostrado y eso sucedió porque todo se dejó librado a los operadores privados. Para entender el fondo del problema pongamos un ejemplo concreto de nuestro país. Aerolíneas Argentinas fue privatizada a comienzos de la década pasada y ya por dos veces el Estado argentino tuvo que socorrerla para que no quiebre. La última vez fue hace pocas semanas atrás y, aunque no quedó muy clara la operación, lo cierto es que se reestatizó una compañía sin valor positivo y con 900 millones de dólares de deuda. Se adquirió una compañía en bancarrota y eso significa ni más ni menos que socializar el riesgo: los argentinos estamos pagando los costos de los errores de los dueños de Aerolíneas. Esto hoy se discute en EE. UU. con el salvataje propuesto por Bush. Los que vitorearon el mercado libre de la intervención del estado, ahora quieren que éste intervenga en su auxilio. Esta mirada es tan estatista como la de los que apoyaron la compra de Aerolíneas. O sea que en algo coinciden quienes están (supuestamente) en las antípodas ideológicas: el estado tiene que pagar por los fracasos privados. La contradicción de unos es que cuando ganan pretenden tener exclusividad en el beneficio, pero si hay pérdidas otros deberán asumírselas, haciendo del estado un socio sólo para el perjuicio. La de los otros es que, mientras se la pasan señalando la necesidad de la justicia social, al fin están asintiendo que el estado destine dinero público a cubrir los errores privados, subsidiando, en definitiva, a sectores de altos recursos que se benefician transfiriéndole el riesgo a terceros. Ambas posturas distorsionan la “relación de complementación” que debe haber entre el estado y el mercado, pues en los dos casos se desfiguran las finalidades que antes habíamos demarcado: así el interés individual (o sectorial) se sobrepone al bien común, pues le carga a toda una comunidad sus pérdidas pero reservándose los beneficios. El capitalismo bien entendido, por vía de principio, tiene que asumir que el riesgo es propio del sistema; que en el riesgo, la pérdida aparece como posible; y que de esa pérdida, bien puede terminarse en una quiebra. Por eso, a pesar de quienes creen que el sueño se les cumple, aquello no muestra un sistema en decadencia, sino que, por el contrario, lo muestra en uno de sus estadios de desarrollo, que es cíclico, porque el capitalismo es en definitiva una “destrucción creativa” (Schumpeter) y en ese dinamismo está el secreto de su supervivencia.Aquí escribes el resto del contenido que no se vera. 
Democracia joven
El Eco de Tandil, 5 de octubre de 2008 La traición al espíritu humanista de la izquierda nacida con las revoluciones liberales (especialmente la francesa de 1789), amén de las etiologías particulares (como el odio visceral que guía a Bonafini), se funda en la adhesión de algunos de ellos al modelo despótico surgido de la Revolución Rusa. Desde allí, el socialismo se impondría sin importar cómo, incluso por las armas, traicionando también al supuesto ideólogo, porque si algo debemos aceptar es que Marx sí era un humanista. Cuando Bonafini apoya a las FARC, D’Elia a Irán y Quebracho invita a la revolución armada, nada hay de “libertad, igualdad y fraternidad”. La traición ya fue consumada.
Democracia joven
El Eco de Tandil, 21 de septiembre de 2008 Desde que el Gobierno comenzó a perder popularidad producto del conflicto con el campo, el escenario político cambió sustancialmente cuanto menos en un aspecto simbólico por el cual se ha instalado la idea de que el kirchnerismo entró en una pendiente negativa que lo conducirá finalmente a su nadir en las próximas elecciones presidenciales. En la columna anterior advertíamos que en Argentina no hay una “oposición” monolítica que cuente con la legitimidad suficiente para suceder al oficialismo por lo que —a pesar de la percepción general referida— el kirchnerismo bien podría triunfar en los próximos comicios si los sectores de la oposición no establecen consensos de unidad. 
Mas ironías de las “alternativas” al kirchnerismo: Cavallo aconseja de economía y de cómo evitar una crisis; Barrionuevo funda una “verdadera CGT para el pueblo trabajador” porque está cansado —dice— tanto de la corrupción de los Kirchner como de que Moyano no democratice al movimiento obrero; los Rodríguez Saá, que gobiernan San Luís hace veinticinco años, piden alternancia; Duhalde es la esperanza; los que echaron Cobos de la UCR, ahora, porque “mide”, piensan en repatriarlo. Falta que Alberto Fernández se autoproclame como “el cambio”. En las crisis, lo viejo vuelve vistiendo disfraces nuevos; es el devenir circular de la historia con la lógica del eterno retorno.
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Democracia joven
En busca de “la” oposición perdida CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 7 de septiembre de 2008 En las democracias más consolidadas del mundo hay dos grandes sectores políticos que se van sucediendo ante el éxito o fracaso gubernamental, de modo que “la” oposición en algún momento pasa a ser gobierno, y viceversa. Esto en el Reino Unido viene desde el siglo XIX, aunque germinó con la Revolución de 1688. En ella se perfilaron dos grandes grupos: los tories, conservadores y aliados a la nobleza y al clero; y los whigs, liberales, que congregaban a la naciente burguesía que apoyaba la prevalencia del Parlamento por sobre la Corona. Con el paso del tiempo y luego de reformas legislativas que instaban a la institucionalización en partidos, de esos dos grupos nacieron el Partido Conservador y el Partido Liberal, siendo éste, desde la década del 20 del siglo pasado, progresivamente reemplazado en la representación el arco reformista por el Partido Laborista, que gobierna desde 1997, primero con Tony Blair y actualmente con Gordon Brown. En Estados Unidos, desde que el Partido Republicano llegó a la Presidencia con Abrahán Lincoln en 1860, todos sus presidentes han sido republicanos o demócratas. El bipartidismo es absoluto; la legislación abona eso —con pisos mínimos de representación para lograr un escaño, por ejemplo— pero el sistema es, ante todo, un producto de su ordenada cultura política. Si bien Argentina nunca tuvo un riguroso bipartidismo, cierto es que el PJ y la UCR dominaron los últimos sesenta años de la vida política (excluyendo, claro, al Partido Militar, según la expresión de Horacio Verbitsky). Las terceras fuerzas no sobrevivieron a sus fundadores, y prueba de ello fueron la UCeDé, el FREPASO y Acción por la República, el partido creado por Domingo Cavallo. Sin alianzas, el Pro y la Coalición Cívica van por el mismo camino.
