El derecho penal de no-autor CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 8 de diciembre de 2008
El penalismo liberal ha deslegitimado —con razón— lo que se llamó “derecho penal de autor”, es decir, un sistema punitivo que sanciona a la persona por lo que es y no por lo que hizo. Por contraposición, se habla de un “derecho penal de actos” como el único que puede satisfacer la garantía de los derechos humanos.
En la Argentina de los Kirchner apareció una nueva categoría, desgraciada y llena de prejuicios ideológicos, que puede denominarse “derecho penal de no-autor”. Esto permite sintetizar la actual inacción de poder público contra personas que, ostentando una indemnidad de hecho, nunca serán abarcadas por la ley penal. Se trata de la figura del “protestante” —en la primera acepción del diccionario—, el “huelguista”, el “reclamante”, o sea el sujeto que reivindica presuntos derechos y para ello goza de una licencia absoluta sin que importe nunca qué medios escoja para llevar a cabo su reclamo.
Deslegitimar la ley al amparo de la autoridad(código)
Repasemos brevemente la historia del piquete. Comenzó como una forma de llamar la atención en Cutral-co en 1992. Diez años después, en plena crisis, la excepción se hizo regla con decenas de cortes diarios a lo largo del país, siendo ese el año donde Castells, D´Elía, Emilio Pérsico, Pitrola y otras falsas celebridades efímeras (como luego fue De Angeli) llegaron a las primeras planas por ser los dueños de las rutas. Luego, superado el punto crítico de la depresión económica, en una perfecta dialéctica, el abuso del medio degeneró en una burla a punto de que, por ejemplo, se ha llegado a cortar la avenida del Ministerio de Salud “exigiendo” preservativos.
Así el piquete se transformó una modalidad más de la expresión política. Y este año completó su metamorfosis degenerativa cuando dejó de ser patrimonio de los excluidos para ser el medio elegido por los ruralistas para alzarse contra las retenciones. En ese momento, hasta el voto de Cobos, la plaza del Congreso fue más importante que el Congreso mismo. Se llegó a la universalización perfecta: no importa quien ni por qué se lo use, el piquete y sus efectos colaterales forman parte de una regla príncipe de reivindicación sectorial.
Sin embargo es un delito. Eso es lo problemático. Hay normas que están siendo negadas, lo cual —recordando a los penalistas hegelianos— deslegitima al sistema como tal. El mensaje es que el fin, por más nimio que sea, justifica cualquier medio, incluso delictual. Todos efectos simbólicos (conjeturales, al decir de Ciuro Caldani) que, desaparecidos, se llevan consigo al derecho mismo, pues éste es la “coacción latente” para quien ataque bienes jurídicos, realizando con eso una función preventiva ya que si la norma no se cumpliera espontáneamente por ese amedrentamiento simbólico, el sistema no podría contener jamás al delito porque las fuerzas de seguridad representan menos del uno por ciento de la población del país.
Todo esto sucede con la anuencia de la autoridad pública. Hay dos niveles de responsabilidades. Por un lado el poder político, que asumió el lesse-faire respecto a toda manifestación de protesta sin importar el medio elegido. “No criminalizar la protesta” es el discurso oficial. Franco error porque esa aseveración da por sentado que lo criminalizado es la protesta cuando en verdad lo que se censura es que, para protestar, se recurra al crimen. No es la protesta sino el crimen lo que se persigue. A esta altura, enhorabuena, nadie con atino dirá que la huelga es delito. Delito es cortar rutas, amenazar, coaccionar, usurpar, dañar, privar de libertad. ¿Tan difícil es distinguir conceptualmente una cosa de la otra? El Gobierno lo sabe y, en verdad, lo que no dice es que no sancionará a quienes antes alentó. Esa es la clave.
La otra permisión proviene de la complacencia de quienes nunca contradecirán el mandato del poder, con la misma lógica por la cual jamás se atreven a investigar la corrupción hasta que el poderoso pasa al llano, disfrazando su genuflexión con dilaciones procedimentales a la espera de que el viento político sople distinto.
Casa tomada
Luis D´Elía tomó e incineró una comisaria. ¿Es delito? No, si es D’Elía no. El hijo de Moyano bloquea supermercados para lograr encuadramientos en su sindicato. ¿Es delito? En vistas del autor, tampoco. ¿No dice el art. 16 de la Constitución que en la Nación Argentina no hay fueros personales ni títulos de nobleza?
La semana pasada un grupo activistas bloqueó las bocas de distribución de Clarín y La Nación. La fábrica de General Motors está tomada porque la firma no renovó algunos contratos de personas a las que se les venció el plazo por el cual los emplearon. Acá en Tandil un par de sindicalistas —que siempre “trabajaron” de eso— comanda la toma de Loimar desde hace semanas. ¿Cuál es el límite? Que no nos pase como a los dos hermanos del cuento de Cortázar que resignados dejaron su casa en manos de usurpadores sin siquiera luchar por lo suyo.
