Democracia joven

Ley de Medios y democracia

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 6 de septiembre de 2009

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Parece que no tiene mucho sentido discutir si el proyecto de Ley de Medios debe ser aprobado antes o después del 10 de diciembre. No porque falten razones de uno y otro lado, sino porque es seguro que el kirchnerismo logrará su aprobación antes del recambio, tal como sucedió con la prórroga de las facultades delegadas. Se advierte la bifurcación representativa entre los legisladores en ejercicio y los electos, pero ello no es legitimidad en sí porque los comicios no tenían efectos revocatorios y los mandatos continúan vigentes hasta su perención en diciembre.

Tampoco tiene sentido alienarse discutiendo si la norma debe adoptar la “neutralidad tecnológica” o acoger el sistema japonés o cualquier otro, porque ahí no nos va la vida. Donde si nos va la vida, en tanto ciudadanos de una democracia, es qué modelo de comunicación social nos daremos como tales, pues de ello dependerá estar bien o mal informados y, en consecuencia, ser o no libres para ejercer nuestra soberanía.

Lo que hay que discutir es la ley, o, mejor dicho, el modelo que ella materializará. Y hacerlo sabiendo que en cada postura hay un interés casi siempre camuflado. Tan mentira es que el “apuro” oficial se deba a que la norma vigente la haya dictado Videla —y que por tanto la democracia deba sustituirla cuanto antes— como, por ejemplo, que al Grupo Clarín sólo le interese la libertad de prensa y por eso denomine al proyecto como “Ley de Control de Medios”. Tras esas superestructuras argumentales se omite que, primero, el kirchnerismo sabe que o la aprueba ahora o nunca más y que la no-aprobación puede conjurar contra un Kirchner candidato en 2011 a la merced de soportar una venganza mediática peor la sufrida por Menem en 1999; y, respecto al Grupo Clarín, que de aprobarse la ley debería ceder 236 de las 264 licencias que hoy posee, como así también optar entre manejar Canal 13 o el negocio del cable y hasta perder su actual predominio por el ingreso de otros colosos al mercado del triple play.

Bases de una sociedad democrática.

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Resulta necesario replantear los ejes en los que se asentará el modelo democrático de medios. Esto a pesar de que se los suele aminorar o bien decirse que la discusión sobre ellos ya está saldada.

El primero es acerca de la legitimidad del Estado para dictar una “política comunicacional”, que no es el “control de medios” que dice Clarín. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en una celebre Opinión Consultiva de 1985 ha dicho que: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”. Vaya definición: la democracia existe mientras haya libre expresión. Hay un orden público democrático análogo al que justifica la reglamentación de los partidos políticos, llamados “instituciones fundamentales del sistema democrático” por la Constitución Nacional.

Segundo eje: ¿a quién debe priorizar esa reglamentación? Parecería que no a las empresas mediáticas, cuanto menos de modo primario e inmediato. La libertad de prensa forma parte del derecho a la información libre y necesaria de una sociedad democrática y, por ello, a quien debe protegerse es a los ciudadanos que emiten —sean o no periodistas— y a los ciudadanos que reciben esa información pública. De ese modo se aseguran las dos caras del derecho a la información. Esto no implica desproteger a los medios, pero lo cierto es que, cuando éstos son afectados, como medios que son, la real lesión se dirige a los extremos que por él se vehiculizan: el comunicador y el destinatario, todas personas físicas amparadas en un derecho humano, que por vía de principio excluye a las personas jurídicas como titulares.

Esta dimensión teórica tiene un efecto práctico, concordante con el principio general según el cual el sistema jurídico debe proteger a quienes de suyo sean más débiles, que no son ni los gobiernos ni las corporaciones mediáticas. Es así que los destinatarios de protección deben ser los comunicadores y los receptores, ambos pasibles de ser dañados tanto por los gobiernos como las corporaciones. ¿Quién le asegura al periodista, por ejemplo, que el dueño del medio —que reclama libertad “hacia afuera” (contra el Gobierno)— no lo censurará a él “hacia adentro” y, con ello, al posible receptor de la información?

A ese núcleo de protección apunta la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuando prohíbe toda interferencia al derecho a la información, la cual también puede servirse de “vías o medios indirectos” (piénsese en la distribución de la publicidad oficial) como provenir del “abuso de controles oficiales o particulares” (art. 13.3), o sea, del Estado o de los oligopolios y monopolios privados. Da lo mismo: tan lesivo es la libertad de prensa la censura de Magnetto en Clarín, como la Kirchner en Canal 7 o la de Moyano en una radio sindical.

Ahora bien, hablar del Estado como legítimo coordinador no es hablar del Gobierno Nacional. El Estado tiene tres poderes (no uno) y también está integrado por la sociedad que su materia misma. Este distingo hoy no está presente: los medios públicos —que con nueva ley se acrecentarían— son y han sido siempre una oficina propagandística del Gobierno de turno. Como escribió Jorge Fontevecchia el domingo pasado en Perfil, no vaya a ser que, sancionada la ley que reduce el peso específico de Clarín, terminemos diciendo: “Kirchner nos salvó de Clarín, pero ahora, ¿quién nos salva de Kirchner?”..

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Cobos, ¿un tránsfuga indemne?

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 22 de agosto de 2009

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Cuando Borocotó asumió la banca de diputado por el Pro y poco tiempo después migró hacia las filas del kirchnerismo, la prensa lo fulminó e incluso instaló el neologismo “borocotización” para referir, con alguna sorna, a lo que el diccionario, impecablemente, define como tránsfuga en su segunda significación: “Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”.

Sin embargo, la opinión pública (y la publicada) no fue igualmente severa con otros casos que, en términos meramente descriptivos de una conducta, encuadran en la definición de tránsfuga. Tomando la descripción fáctica del diccionario, Julio César Cobos también lo es, puesto que no abandonó el cargo al separarse del partido que lo presentó. No es el caso de Felipe Solá, por ejemplo, que si bien ingresó a la diputación por las lista kirchnerista, luego de romper con el oficialismo y criticar sus posturas, renunció a la banca y sometió su nueva posición al aval popular.

La pregunta sería: ¿Existe alguna regla valorativa que justifique la absolución de Cobos al mismo tiempo que la condenación social a Borocotó, cuando, al menos en apariencia, se trata de casos análogos que encuadran en la definición de tránsfugas?

Los procesos de “borocotización” .

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A fin de tomarlo como modelo de análisis, resumamos cómo ha sido el giro político de Julio Cobos: (a) en 2003 accedió a la gobernación de Mendoza, luego de cumplir diversos cargos públicos y con una afiliación a la UCR desde 1991; (b) luego, durante el gobierno de Kirchner, integró progresivamente la híbrida transversalidad en el subgrupo de “radicales K”, que aglutinaba a todos los que se habían desmembrado de la UCR; (c) el punto más alto de su pertenencia al oficialismo fue cuando, previa postulación como candidato en el binomio del Frente por la Victoria, accedió a la vicepresidencia de la Nación el 10 de diciembre de 2007; (d) el 17 de julio de 2008, dio su conocido voto “no-positivo” a la retenciones móviles, fracturando definitivamente su relación con los Kirchner; (e) desde allí, comenzó su progresivo alejamiento del oficialismo hasta agrupar a sus legisladores propios (el “cobismo”) por fuera del bloque oficial; finalmente, (f) tras el triunfo de su lista en Mendoza el 28 de junio pasado, expresó que será candidato a presidente en 2011.

Hay tres “quiebres” en ese itinerario: cuando pasó de radical orgánico a “radical K”; cuando votó en contra de la 125; y cuando materializó su alejamiento del kirchnerismo.

Los dos últimos no pueden confundirse y, justamente su indistinción es lo que motiva la absolución social a Julio Cobos. Una cosa es el voto no-positivo que, aunque en hechos era una votación en contra, en su misma morfología enunciativa evitaba ser “anti” algo. Fue un caso concreto de lo que conoce como “objeción de conciencia”: el sujeto hace prevalecer el dictado interior de sus convicciones por sobre una imposición exógena, jurídica o no. Es algo perfectamente legítimo, considerado un derecho humano con un sinnúmero de aplicaciones, y por esa razón no debía renunciar a la vicepresidencia.

Ahora bien, las actitudes políticas de Julio Cobos que siguieron a esa votación merecen otra lectura, distinta a la que cabe al excusado objetor de conciencia.

A esta altura sí hay una notoria incompatibilidad material con el cargo que Cobos ostenta: se trata de un opositor que ocupa la vicepresidencia. El cargo de vicepresidente, si bien no integra el Poder Ejecutivo —que en Argentina es unipersonal, a pesar del consorcio matrimonial de los Kirchner—, está anclado a él porque es su sustituto primario en caso de vacancia definitiva o temporal. Esa característica, en un régimen no parlamentario, exige comunidad de intereses entre los dos funcionarios. Y, entre ambos, la accesoriedad la tiene el vicepresidente, tanto por una razón funcional (es el “vice”) como por una llanamente política: guste o no, los votos de 2007 se dirigieron casi en su totalidad a Cristina Kirchner, quien habría ganado los comicios con cualquiera en su binomio.

“Transfugar” y “traicionar”

A primera vista, cuando hay conflicto de intereses, quien debe ceder es el accesorio —no el principal—, eliminando la incompatibilidad material, sea cambiando de actitud o bien renunciando al cargo. En el caso del Poder Ejecutivo esto no ofrece dudas. Cobos, por tanto, reúne la característica de tránsfuga y también la de traidor, o sea, ésta última, “persona que quebranta la fidelidad o lealtad que debe guardar o tener” (vale remarcar que ese “deber ser” no es un juicio de valor subjetivo sino que está dado por la funcionalidad de cargos de la Constitución, como se dijo en el párrafo anterior).

No hay tanta claridad respecto a los legisladores que integran un poder no unipersonal sino colegiado. La duda sobre si pueden ser llamados “tránsfugas” radica en la polémica sobre a quién pertenece la banca. ¿Pueden, acaso, ser considerados traidores? Depende esto de algunas aclaraciones previas. Técnicamente, los legisladores pueden votar libremente sin someterse al Poder Ejecutivo o al partido que los propuso; no hay, por tanto, una accesoriedad constitucional como la del vicepresidente. La fidelidad viene por otro lado: es al votante, que lo eligió en el contexto de una lista referenciada en un líder al que ahora se abandona (piénsese en Stolbizer, Raimundi y Macaluse con respecto a Carrió) y como garante de cumplimiento de la plataforma de campaña, a la que debe someterse aun cuando su jefe político se aparte, pues ella es el objeto del “contrato político” celebrado con la ciudadanía en el comicio.

Luego de lo dicho, la pregunta obligada es por qué, a pesar de todo, los Cobos siguen siendo héroes y los Borocotó villanos, cuando en sustancia se comportaron igual. A lo mejor, la respuesta está en nuestro cambiante —y arbitrario— humor social..

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Democracia joven

Otra más del "vivir con lo nuestro"

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 9 de agosto de 2009

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La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley enviado por el Gobierno que aumenta los impuestos que deben pagar los productos electrónicos. La suba abarca no sólo a los importados sino también a los de ensamble local cuando tengan componentes extranjeros, lo que, en los hechos, se proyecta prácticamente a todos los productos de la especie. La excepción está dada para aquellos que se fabriquen en Tierra del Fuego y de allí que la finalidad alegada de los promotores de la ley sea incentivar la radicación de empresas y la producción en esa provincia austral.

El efecto de esto -admitido incluso por sus postulantes- será el aumento del precio de los bienes electrónicos en alrededor a un tercio del valor actual. Así, entienden sus promotores, se desincentivará la adquisición de productos importados por el aumento de precio, haciendo que los usuarios compren lo producido en Tierra del Fuego, desarrollando, por tanto, la industria allí instalada.

La ley impulsada por el Gobierno tiene objeciones por doquier, algunas de las cuales trataremos de resumir en el apartado siguiente, para finalizar preguntándonos por qué, a pesar de su inconveniencia técnica, empero éstas y otras medidas equivalentes siempre renacen en Argentina.

Promoción, pero de la ineficiencia..(código)

Lo primero que desconocen los autores de la normativa es que en adquisición de tecnología, el usuario está dispuesto a pagar más por el producto deseado antes que sustituirlo, porque, justamente, los bienes de esa especie son menos fungibles que los productos primarios. En otras palabras, la tecnología tiene una demanda absolutamente más inelástica que otros bienes, razón por la cual, la intervención en el factor precio no alterará sustantivamente la distribución del mercado.

Esto no significa, empero, que no sea algo profundamente negativo el aumento del precio. Para aun aquellos que pueden comprar un bien al precio más oneroso, significa una asignación ineficiente de recursos. Si la gran mayoría de los consumidores de tecnología siguen adquiriendo bienes importados, en nada se beneficiará a la industria fueguina; sin embargo, ellos -el país, en definitiva- habrán pagado más recibiendo menos, malgastando recursos que podrían haber sido destinados a comprar otros bienes nacionales.

Acá se avizora otra objeción: el beneficiario de ese diferencial es el Estado. Esto muestra nuevamente, tanto como sucedió con las retenciones agropecuarias, que tras el expresado motivo de coordinar la economía se esconde un fin recaudatorio para cubrir el déficit presupuestario que se le avecina a los Kirchner. Para beneficiar a alguien, se puede “levantar” al beneficiario o “bajar” a la competencia: con la medida, se optó por esto último, ya que, salvo en el IVA, la norma no prevé reducciones tributarias para la industria de Tierra del Fuego, sino que básicamente lo que hace es aumentar las cargas impositivas de los demás bienes.

Para abonar la imposición de las retenciones al agro, el Gobierno dice que busca mantener los precios internos, pero, por otra parte, cuando algo viene a bajo precio naturalmente, sin embargo, sube aranceles para encarecerlo. Parece que el denominador común es el “vivir con lo nuestro”: vender acá, comprar acá. En el medio, el Estado con sus Guillermo Moreno como juez de toda operación.

Dime quiénes se benefician

Pasaron más de dos siglos desde la publicación de La riqueza de las naciones, pero el libre cambio, sin embargo, lejos está de consagrarse. Así las denuncias de los economistas clásicos tienen toda vigencia: los únicos beneficiarios de los controles son los que lo ejercen. Ellos se convierten en amos y señores del consumo de una nación. El problema no es meramente económico, es político.

¿Quiénes son los beneficiarios del “vivir con lo nuestro”? Básicamente el Estado y los grupos industriales lobistas que han buscado pactos de protección con el poder político para que éste les asegure mercados cautivos.

La política económica del proteccionismo, además de la herramienta tributaria, se sirve de la política monetaria de devaluación creciente, lo cual hace las veces de arancelamiento encubierto porque encarece la importación. Las dos medidas benefician directamente al Estado y a la burguesía lobista: el primero recauda más y los segundos producen a costos devaluados pero luego venden en dólares que depositan en el extranjero. Negocio redondo. Vitorean la libertad económica para negociar salarios, pero le piden al Gobierno un dólar a cuatro pesos para disimular su ineficiencia.

Durante el siglo pasado, la controversia entre el modelo agro-exportador y el industrialismo sustitutivo de importaciones tenía un trasfondo ideológico. Hoy es el pragmatismo lo que orienta las decisiones. Si es por producir adaptaciones, también podría Alaska plantar bananas en invernaderos, ¿pero a qué costo? El modelo ISI ha dado sobradas muestras de fracaso cuando fue impostado. Por el contrario, Argentina logró grandes posicionamientos en industria compleja por ventajas distintas al favorecimiento estatal, cual es el caso del software o la energía nuclear que para desarrollarse no necesitaron del Estado sino del alto capital humano de nuestros ingenieros.

Si el bienestar general es, como entendían los utilitaristas, el mayor beneficio para una mayor porción de gente posible, aquí sin dudas se lo sacrifica de lleno, arribando al resultado inverso. Nuevamente, en Argentina, una minoría dirigencial vive a costas de los millones que, como Atlas, cada día está más encorvada por el peso en sus espaldas.. ((código)

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Democracia joven

Tregua en la CGT

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 26 de julio de 2009

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Esta semana la CGT estuvo al borde del quiebre. Algunos jefes sindicales de los gremios más importantes y numerosos —conocidos como los “Gordos”, en alusión a su peso político— amenazaron a Hugo Moyano con abandonar la mesa directiva de la central obrera expresando su disconformidad con el estilo personalista que éste le imprime a su conducción. Moyano, para evitar una desmembración como la que él provocó en los ’90, pidió disculpas y los díscolos le dieron una tregua.

La tregua, a diferencia del armisticio, supone que el cese del conflicto es sólo por tiempo determinado. O sea, no extingue las disputas, que en la CGT permanecen intactas.

Las acusaciones de personalismo son poco felices en miras de quienes las formulan. Las cabezas de la rebelión contra Moyano son, paradójicamente, la perfecta materialización de las conducciones verticalistas que han socavado la renovación dirigencial en el gremialismo argentino: Armando Cavalieri lleva dos décadas al frente de los Empleados de Comercio; Oscar Lescano, 26 años dirigiendo el Sindicato de Luz y Fuerza; también superan las dos décadas Gerardo Martínez en el gremio de la construcción y Andrés Rodríguez en la Unión del Personal Civil de la Nación. Como no podía ser de otra manera, la nomina de los dirigentes sine die es integrada también por Luís Barrionuevo, quien fue el primero en mostrar disconformidad con Moyano cuando emigró de la CGT para fundar la homónima “Azul y Blanca”.

Ninguno de los objetores está motivado en democratizar a la Central de Trabajadores. En todo caso, lo que pretenden “democratizar” es el manejo del poder político y económico hoy en manos de Hugo Moyano y de su familia. Aunque muy lejos de los intereses de los trabajadores corrientes, son esos dos aspectos los que originan las disputas gremiales. Días atrás el diario Perfil publicó que durante el último año, Hugo Moyano, a través de la CGT y del gremio de camioneros, recibió del Estado la suma de 2.520 millones pesos en concepto de subsidios y otros aportes equivalentes. Vaya si esa suma inmensísima no despierta interés.

El dictum de Marx.

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Karl Marx había vaticinado que el capitalismo, aunque no fuera vencido por la rebelión obrera, empero perecería porque llevaba en si mismo el germen de su propia destrucción. O sea, serían los propios agentes beneficiarios del capitalismo quienes, por no poder controlar la ambición que a su vez hace funcionar al sistema, terminarían destruyendo lo que les asegura su posición dominante.

De modo análogo, podríamos hipotizar que la solución contra esa indeseada burocracia sindical salga de ella misma y de las contradicciones internas provocadas por la práctica crematística de sus agentes. Una suerte de desenlace “homeopático”: lo que envenenó al sistema proveerá también la solución al hacerlo eclosionar para la definitiva sustitución del actual paradigma sindical con más de seis décadas de vigencia.

Sin dudas, la reforma política patrocinada por el Gobierno también debería alcanzar a las estructuras gremiales. En rigor de verdad, el sindicalismo llamémosle tradicional de nuestro país, repitiendo lo que es prácticamente una regla en el proceso de burocratización de los entes colectivos, fue abandonando su origen horizontal a medida que crecía en afiliados e influencia, para culminar en un sistema totalmente vertical y jerárquico donde la representación real del trabajador es exigua. Ese proceso tiene reflejo, también, en la mutación de la ideología dominante del obrerismo argentino, que pasó del anarquismo y el socialismo utópico de principios del siglo XX al corporativismo de origen fascista adoptado en los años ’30 que se consolida con el peronismo, al cual prácticamente se anexó. El corporativismo prescinde de la representación real y del voto directo para suplirlo por un enmallado delegatario de niveles estancos que emulan a un cuerpo unicéfalo. Esas categorías se verifican en los estatutos sindicales y explican la disociación entre el colectivo de los trabajadores y esa mesa directiva que hoy quiere arrebatarle el poder a Moyano para, gatopardismo mediante, entregárselo intacto a un congénere.

El actual régimen que regula a las entidades sindicales —tachado de inconstitucional por la Corte al entender que vulnera el principio de libre asociación— es el reaseguro para mantener el statu quo. Con la normativa vigente no se podrá destronar a los jefes sindicales y la prueba más evidente es que casi todos ellos están al frente de sus gremios desde los años ’80, o sea, desde que se levantaron las prohibiciones de la dictadura.

La democracia argentina tiene el deber de enmendar ese déficit institucional mediante una forma legítima propia de un Estado de Derecho que descarta de plano recurrir a los instrumentos proscripticos usados por los gobiernos militares porque es contradictorio —y disvalioso— querer asegurar un fin democrático por un medio que es su negación.

La vía más justa sería que los propios trabajadores, que finalmente son la base y el destino de los gremios, se alcen contra sus falsos representantes, por ejemplo, migrando hacia la CTA u otros sindicatos alternativos. Pero esto es imposible sin antes modificar la actual reglamentación que permite el monopolio de la CGT al concederle la personería gremial de modo exclusivo. La inacción del poder político está de todas formas asegurada para que ello no suceda.

La solución no vendrá por allí cuanto menos en el mediano plazo. Aquí cobra sentido la referencia al dictum de Marx: si la solución exógena no llega por los pactos dirigenciales, es posible —y ojalá así sea— que, sin embargo, ella se origine en las propias contradicciones endógenas de un régimen cuya injusticia es inobjetable porque, la verdad, los trabajadores son las primeras víctimas del actual sistema..

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Democracia joven

Gobierno limitado, ¿mejor gobierno?

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 12 de julio de 2009

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A juzgar por los antecedentes, es posible que, aun cuando desde de diciembre tenga menos poder formal, el gobierno de Cristina Kirchner sea mejor de lo que fue hasta ahora. Si esta hipótesis es correcta, se cumpliría todo lo contrario al caos vaticinado por Néstor Kirchner en la campaña.

El tono conciliador del discurso de la presidenta en Tucumán se asemeja al pronunciado el día de su asunción, cuando, como el jueves último, habló del acuerdo social y la calidad institucional. Cristina conservaría lo bueno de Néstor corrigiendo lo malo, se pensaba, ilusionando también a quienes jamás la hubiesen votado dos meses antes.

Sin embargo, a cuatro meses del inicio del gobierno estalló la disputa con el agro que prácticamente acaparó la escena política desde aquel entonces. Toda la discusión tenía ese episodio como centro y nuevamente se retardaron otros campos de acción.

Ese período atravesado por el conflicto agropecuario desemboca linealmente en los comicios del 28 de junio pasado. Con las elecciones y su resultado, se le dio forma a la amonestación social iniciada en marzo de 2008, a la vez que significó la universalización del descontento que a esa altura excedía a un sector económico y a las grandes urbes donde ya habían perdido en las elecciones de 2007.

Si la derrota en las urnas fue el epílogo del conflicto que eclipsó al gobierno de Cristina, es lógico pensar que ella ahora pretenda de alguna manera barajar y dar de nuevo. De allí la semejanza discursiva entre esos dos momentos iniciáticos.

Pruebas de fuego.(código)

Queda por saber si ese discurso de reanudación, además de sincero, será realizable. O sea, si es posible que ahora con minoría parlamentaria y sin un incondicionado aval social, el gobierno lleve a cabo las prometidas reformas políticas.

A poco que se ve quienes serían los perjudicados por las reformas a practicar, no es difícil inclinarse por el escepticismo. Tomemos sólo dos temas sensibles para ponderar esa conjetura. Primero: la Ley de Servicios Audiovisuales, que sustituirá a la Ley de Radiodifusión sancionada en la última dictadura, la cual permite la concentración monopólica del poder mediático y económico de los grupos dominantes. ¿Podrá un gobierno sin mayorías enfrentarse solo a esos nichos de poder? Aunque desde ya no es el único que ofrecerá resistencia, piénsese nomás la faena que significará ponerle coto al megamonopolio Clarín que controla el diario homónimo, Olé, La Razón, Clarín.com, Radio Mitre, La 100, TN, Canal 13, Volver, Ciudad Internet, junto a otros medios provinciales como La Voz del Interior (Córdoba) y Los Andes (Mendoza), además de Multicanal y Cablevisión, únicos vehículos de la televisión por cable en buena parte del país.

Otra reforma necesaria: horizontalizar el poder sindical. Se trata, también, de atacar a los monopolios concentrados, esta vez el sindical que acapara la CGT (no es casualidad que, según la revista Noticias, Kirchner en su cúspide de poder sólo le temía a Hugo Moyano y al CEO de Clarín, Héctor Magnetto). Moyano tiene un poder inmenso y lo ejerce muy bien contra el matrimonio Kirchner a punto de que sólo con dejar trascender su "simpatía" con Duhalde, logró que un delfín suyo se quede con la presidencia de Aerolíneas. En el deseo del gremialista también se explica la remoción de Graciela Ocaña. ¿Podrán los Kirchner cargarse a ese otrora gran aliado que ahora los empieza a condicionar? El poder de Moyano, de todas formas, es tan inmenso como frágil: al no basarse en el poder genuino de una democracia (legitimidad popular) sino en el negocio con el dinero público y en la ficción de la personería gremial exclusiva de la CGT, para socavar ese aparato basta con modificar la ley de entidades sindicales conforme el mandato de la Corte Suprema en el fallo “ATE” de noviembre pasado.

Un antecedente para ser optimistas

Esas dos reformas, como tantas otras, se alcanzan mediante sustituciones normativas. El problema es que, además de coraje, se necesita poder político para lograr los votos parlamentarios y resistir la embestida de las corporaciones afectadas. Acá está la pregunta nuclear: ¿Por qué los Kirchner, que llevan seis años en el poder, no emprendieron esas y otras reformas tan esenciales cuando nadie se les podía resistir? Menem, por ejemplo, en 1996, cuando todavía estaba fresca su victoria releccionaria, dispuso la desregulación las obras sociales sindicales, eliminando de un plumazo la gracia concedida por el dictador Juan Carlos Onganía que le aseguraba permanente liquidez a los aparatos gremiales.

A pesar de todo ello, podemos ser optimistas. Desde las primeras teorizaciones de John Locke, se acepta que las democracias liberales son tales sólo cuando el poder ejercido en ellas es limitado. En otras palabras: nada anómalo hay en que Cristina no tenga mayorías parlamentarias. Nada, por tanto, excusará su renuncia a avanzar en lo que la sociedad espera de ella.

La prueba histórica de la prescindencia de mayorías para encarar reformas la dio el propio Néstor Kirchner: paradójicamente, su gobierno pudo calificarse de reformista sólo hasta fines de 2005, o sea, sólo mientras no tenía poder propio y por ello necesitaba una legitimación constante. Fue en ese período cuando reivindicó los derechos humanos, modificó la Corte, reestructuró la deuda externa, se libró del FMI, todo apoyándose en una transversalidad que acogía a buena parte del progresismo serio. Luego, cuando Cristina ganó las legislativas, se deshizo de Lavagna y de otros cuadros valiosos para comenzar su acollaramiento con lo más rancio del PJ. Se había hecho realidad la frase célebre de Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Pensemos, por tanto, que si Cristina carece de ese poder absoluto, procurará, como su esposo antes, reivindicarse con la gestión diaria mediante el dialogo y los acuerdos de largo plazo. Más que nunca se advertirá el noble favor que se le hizo al gobierno al no darle un triunfo en las últimas elecciones.. (código)

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Apostillas sobre los escenarios posibles

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 28 de junio de 2009

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Finalmente llegó el día que monopolizó el análisis político de este año. La de hoy es una elección de extraordinaria importancia cuya proyección excede ampliamente a su objeto inmediato de renovación de los órganos de representación colegiada.

Empecemos por la política nacional. Por lo pronto, hoy se definirá la pole position para las presidenciales de 2011 en series de exclusiones mutuas, salvo en el oficialismo, donde Kirchner, gane o pierda, seguirá teniendo el máximo protagonismo. Para Carrió, en cambio, la elección deviene crucial porque arriesga su autoproclamado papel de jefa de la oposición si no entra a la Cámara de Diputados por haber salido tercera al ser desplazada por un candidato juzgado de menor porte como Pino Solanas. De todas formas, será la elección de Santa Fe la que matice esta interpretación porque si Hermes Binner, que no tiene reelección como gobernador, sale triunfador por medio del senador Rubén Gustiniani, se convertirá en un presidenciable por el mismo arco que hoy lidera Carrió, siendo legítimo que quiera ocupar el espacio contra quien ya disputó dos elecciones presidenciales sin siquiera haber tenido chances serías de ganar (aunque en 2007 lo mereciera)..(código)

También la elección de Santa Fe definirá el futuro de Carlos Reutemann. El senador llevaba una considerable ventaja hasta hace unas semanas pero los últimos datos de las encuestas no le aseguraban una victoria. Si el socialismo le gana a Reutemann, además de emplazar a Binner como un aspirante nacional, beneficiará a quienes querrán atraer al peronismo disidente para competir con Kirchner en 2011.

Esos beneficiarios hipotéticos son Macri y Solá, ambos lanzados en mayor o menor medida a la carrera presidencial. El jefe de Gobierno porteño no compite directamente en la elección y su candidata directa, en todo caso, va primera, pero para él será importante cómo se arme el peronismo puesto que necesitará reposar en parte de ese sector si su ambición es llegar a la Casa Rosada en tan solo dos años, ya que su partido no tiene un sólido asiento territorial más allá de la Capital Federal.

En resumen, las tres vertientes que hoy compiten entre sí también definirán internamente su futuro. En el llamado panradicalismo (UCR, socialismo, Coalición Cívica), la definición será entre Binner y Carrió, a lo que se suma el vicepresidente Cobos, que si bien en esta elección no perderá ni ganará nada por sí, empero dependerá de cómo le vaya a sus competidores. El aspirante a 2011 por el peronismo disidente y sus aliados de centro saldrá de entre Reutemann, Macri y Solá, uno de los cuales —el primero— puede quedar rezagado hoy mismo. Por su parte, en el oficialismo la cuestión es algo distinta: Kirchner no tiene competidores internos, pero su riesgo consiste en quedarse solo si quienes hoy están de su lado entienden que al permanecer allí corren riesgo en su propia suerte.

¿Qué parámetros indicaran la victoria o derrota en esta elección? Para todos los casos, lo más pertinente es analizar cómo quedan los actores antes y después del comicio. Al que más poder hoy tiene, naturalmente, más se le exige para no tenerlo por perdidoso, como en los deportes usan hándicap. Si llega a ganar en la Provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo se presentará como triunfador de todo el comicio que, en realidad, alcanza también a los otros veintitrés distritos electorales entre los que se destacan la Capital, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, donde la suerte oficial es menos alentadora. Lo dicho no asegura un triunfo de “la” oposición, sino, en todo caso, de “las” oposiciones, en plural. Esa falta de individualización de la victoria, en contrapartida, relativizará (o cuanto menos hará menos perceptible) una derrota del kirchnerismo.

En la Provincia de Buenos Aires, la elección inevitablemente afectará al gobernador Scioli. Si gana, deberá asumir la diputación, con lo cual su poder se diluirá en un cuerpo numerosísimo y con protagonistas mayores que él, habiendo dejado el gobierno de la principal provincia argentina por un capricho de Kirchner. Si gana y no asume, defraudará a sus votantes, afectando su credibilidad para futuras candidaturas. Y si pierde, por el afán plebiscitario impreso al comicio, tendrá que interpretar una desaprobación de su gestión además de gobernar los próximos dos años sin mayoría en la Legislatura. Esa una lástima que una buena persona como él, por tener buena imagen para acarrear votos, haya caído en una trampa cuyos costos mañana le serán exigidos casi con exclusividad. La contracara de su situación es la de De Narváez que aun perdiendo (por poco, claro) tendrá el mérito de haber puesto en jaque al kirchnerismo, quedando como el único candidato de su espacio para pelear por una gobernación que estará debilitada tanto si sigue Scioli como si lo reemplaza Ballestrini.

En el orden local, el antes referido criterio del hándicap tendrá una directa aplicación para el análisis de mañana. Respecto al radicalismo porque, aun ganando, podría perder muchos puntos respecto a los conseguidos a 2007, mostrando que el proyecto depende —cuanto menos electoralmente— de un solo hombre, hasta ahora tan imbatible como irremplazable. El senador Auza, con su enorme capacidad intelectual, jerarquizará al Concejo, pero en lo personal será un retroceso, como si pasara de cardenal a cura párroco. Sólo una candidatura en 2011 con un peronismo unido que lo apoye incondicionalmente —lo que hoy no se avizora— le dará sentido a su decisión de pasar de la Cámara Alta a concejal de una ciudad del interior. Por último, Unión-Pro, al partir de cero, tendrá un resultado positivo aun saliendo en tercer lugar. La faena es distinta: consiste en mantener la unidad que asegure su permanencia.. (código)

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La teoría del voto útil

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 21 de junio de 2009

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Durante las últimas semanas, en lo que algunos consideran una polarización entre Kirchner y De Narváez instalada adrede, comenzó a mencionarse la idea del voto útil como justificación del sufragio. 

El voto-útil sería una elección pragmática preferida por sobre el voto-convicción cuando éste último no haría más que consolidar el actual estado situacional sin promover el cambio que el votante se propone. Está emparentada con la vieja doctrina del mal menor: para un no-kirchnerista es aconsejable votar a De Narváez, aunque no le caiga simpático, si con ello evita un mal mayor, o sea, que Kirchner gane, pues sólo aquél podría vencer al ex presidente según dicen las encuestas. Este parece ser el mensaje de quienes alientan el voto útil.

Junto a la anterior, la tesis del voto útil encuentra otros despliegues inclinados siempre hacia el equilibrio del sistema. Proponemos analizar algunos aspectos de esto último para luego ponderar cómo esa idea del voto útil se proyecta en la elección del 28 de junio.

Las paradojas “decisionales”.

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El proceso electoral ha sido un atractivo objeto de estudio de la llamada Teoría de los Juegos porque presenta el desafío de la compresión de cómo los millones de “jugadores” involucrados eligen procurando un provecho que, para realizarse, dependerá de lo que los demás también escojan. Es decir, los votos individuales son insignificantes por sí, pero a la vez resultan condición necesaria para formar las mayorías al concurrir con los equivalentes. 

Esta situación da lugar a múltiples paradojas en el proceso “decisional” causadas por la imposibilidad de coordinación entre todos los votantes para lograr que el desenlace de los comicios arribe al óptimo buscado. Piénsese, por ejemplo, que para una elección legislativa se presenten diez listas, una del oficialismo y las restantes de opositores. La mayoría de los electores tiene como fin individual aportar más pluralidad al órgano colegiado. Sin embargo, al no coordinarse la distribución de votos, si esa mayoría se reparte entre las nueve listas opositoras, ninguna obtendría un solo escaño al no reunir el mínimo necesario, haciendo que el oficialismo se lleve todas las bancas en juego. La paradoja estaría dada en que el resultado sería el inverso al óptimo individualmente buscado por cada sujeto que integra la mayoría.

Hay muchos ejemplos del mismo tenor. Lo interesante a destacar, en definitiva, es la dificultad de alcanzar el óptimo cuando hay millones de electores que no pueden ponerse de acuerdo de cómo votar. En democracias más ordenadas que la nuestra, una de las herramientas para darle más seguridad al sistema ha sido compensar uno de los pares, reduciendo el número de los elegibles: así, aunque hay millones de electores, éstos elegirán entre dos o tres opciones, de manera que, por una cuestión matemática, el resultado siempre será equilibrado, o sea, no desperdigado. Como no se trata de proscribir a nadie, la solución está dada en las obligatoriedad de elecciones internas a la vez que se complejicen los requisitos para crear nuevos partidos. 

Pero eso hoy no sucede: en cada elección la mayoría de las listas que se presentan no logra reunir los votos mínimos, pasando sin pena ni gloria, aunque no sin beneficiar a los oficialismos que aprovechan la atomización del arco opositor. Aquí es donde cobra sentido la idea del voto útil como alternativa pragmática al voto convictivo pero inútil: ¿Qué sentido tiene votar a quien ni siquiera no alcanzará el mínimo necesario si con ello no logro el fin buscado que es, cuanto menos, que mi voto se vea representado en una banca?

Quienes objeten esta tesis dirán que se trataría de otra paradoja, conocida como de “profecía autocumplida”: si todos los que no votan a alguien porque creen no ganará en verdad lo votarán, puede que él gane. De todas formas, la validez de esta objeción dependerá del caso porque no resuelve la coordinación final si hay múltiples ofertas electorales sino que su aplicación estaría dada para cuando hay sólo dos o tres alternativas.

Las ponderaciones de la utilidad

Lo cierto es que la aplicación del voto útil permitiría corregir al sistema que permite la presentación de múltiples listas cuyo único efecto es negativo al fragmentar a electorados de la misma franja. ¿Cuáles serían los indicadores para ponderar la utilidad de un voto?

Tratándose de una elección de cuerpos colegiados, el óptimo  estaría dado en si el órgano legislativo (o su equivalente, como son los concejos deliberantes) se compone, tras la renovación, de tal forma que el Ejecutivo tenga como partidarios suyos exactamente a la mitad de los que integran el cuerpo. Este equilibrio radica en que necesariamente el oficialismo y la oposición, para formar la voluntad orgánica, necesitarán del concurso de al menos uno de los que integran el grupo adversario obligando a negociaciones constantes sin que nadie pueda abusar de una posición dominante. Esto invita a votar contra los oficialismos que gozan de amplias mayorías aun cuando el votante esté convencido que la gestión ejecutiva es buena, ya que es un voto de equilibrio y no de castigo.

Otro aspecto de voto útil para este tipo de elección intermedia es el no-corte de boleta. Las listas suelen ser la expresión de una plataforma conjunta que exige representantes en más de un órgano estatal para su realización. Al votar toda la lista, el elector aporta coherencia al sistema ya que los integrantes de la misma facción trabajarán coordinadamente en los diversos estamentos públicos. 

Finalmente, nótese que las tres fuerzas con más representatividad son alguna forma de coalición (incluso el Frente por la Victoria, que suma sindicalistas y piqueteros), por lo cual, un tercer criterio indicador es la confianza en que la lista votada se mantendrá unida durante el mandato confiado, pues de lo contrario ellas quedarían en situación de debilidad para ejercer esa función de contralor legislativo (de vuelta, la hipótesis de una mayoría desunida). ¿Cómo saber si una lista permanecerá unida? Nada mejor que analizar cómo se formaron y cuántos contrincantes para el mismo puesto tienen pensando en 2011.. 

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