25.7.09

Democracia joven

Tregua en la CGT

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 26 de julio de 2009

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Esta semana la CGT estuvo al borde del quiebre. Algunos jefes sindicales de los gremios más importantes y numerosos —conocidos como los “Gordos”, en alusión a su peso político— amenazaron a Hugo Moyano con abandonar la mesa directiva de la central obrera expresando su disconformidad con el estilo personalista que éste le imprime a su conducción. Moyano, para evitar una desmembración como la que él provocó en los ’90, pidió disculpas y los díscolos le dieron una tregua.

La tregua, a diferencia del armisticio, supone que el cese del conflicto es sólo por tiempo determinado. O sea, no extingue las disputas, que en la CGT permanecen intactas.

Las acusaciones de personalismo son poco felices en miras de quienes las formulan. Las cabezas de la rebelión contra Moyano son, paradójicamente, la perfecta materialización de las conducciones verticalistas que han socavado la renovación dirigencial en el gremialismo argentino: Armando Cavalieri lleva dos décadas al frente de los Empleados de Comercio; Oscar Lescano, 26 años dirigiendo el Sindicato de Luz y Fuerza; también superan las dos décadas Gerardo Martínez en el gremio de la construcción y Andrés Rodríguez en la Unión del Personal Civil de la Nación. Como no podía ser de otra manera, la nomina de los dirigentes sine die es integrada también por Luís Barrionuevo, quien fue el primero en mostrar disconformidad con Moyano cuando emigró de la CGT para fundar la homónima “Azul y Blanca”.

Ninguno de los objetores está motivado en democratizar a la Central de Trabajadores. En todo caso, lo que pretenden “democratizar” es el manejo del poder político y económico hoy en manos de Hugo Moyano y de su familia. Aunque muy lejos de los intereses de los trabajadores corrientes, son esos dos aspectos los que originan las disputas gremiales. Días atrás el diario Perfil publicó que durante el último año, Hugo Moyano, a través de la CGT y del gremio de camioneros, recibió del Estado la suma de 2.520 millones pesos en concepto de subsidios y otros aportes equivalentes. Vaya si esa suma inmensísima no despierta interés.

El dictum de Marx.
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Karl Marx había vaticinado que el capitalismo, aunque no fuera vencido por la rebelión obrera, empero perecería porque llevaba en si mismo el germen de su propia destrucción. O sea, serían los propios agentes beneficiarios del capitalismo quienes, por no poder controlar la ambición que a su vez hace funcionar al sistema, terminarían destruyendo lo que les asegura su posición dominante.

De modo análogo, podríamos hipotizar que la solución contra esa indeseada burocracia sindical salga de ella misma y de las contradicciones internas provocadas por la práctica crematística de sus agentes. Una suerte de desenlace “homeopático”: lo que envenenó al sistema proveerá también la solución al hacerlo eclosionar para la definitiva sustitución del actual paradigma sindical con más de seis décadas de vigencia.

Sin dudas, la reforma política patrocinada por el Gobierno también debería alcanzar a las estructuras gremiales. En rigor de verdad, el sindicalismo llamémosle tradicional de nuestro país, repitiendo lo que es prácticamente una regla en el proceso de burocratización de los entes colectivos, fue abandonando su origen horizontal a medida que crecía en afiliados e influencia, para culminar en un sistema totalmente vertical y jerárquico donde la representación real del trabajador es exigua. Ese proceso tiene reflejo, también, en la mutación de la ideología dominante del obrerismo argentino, que pasó del anarquismo y el socialismo utópico de principios del siglo XX al corporativismo de origen fascista adoptado en los años ’30 que se consolida con el peronismo, al cual prácticamente se anexó. El corporativismo prescinde de la representación real y del voto directo para suplirlo por un enmallado delegatario de niveles estancos que emulan a un cuerpo unicéfalo. Esas categorías se verifican en los estatutos sindicales y explican la disociación entre el colectivo de los trabajadores y esa mesa directiva que hoy quiere arrebatarle el poder a Moyano para, gatopardismo mediante, entregárselo intacto a un congénere.

El actual régimen que regula a las entidades sindicales —tachado de inconstitucional por la Corte al entender que vulnera el principio de libre asociación— es el reaseguro para mantener el statu quo. Con la normativa vigente no se podrá destronar a los jefes sindicales y la prueba más evidente es que casi todos ellos están al frente de sus gremios desde los años ’80, o sea, desde que se levantaron las prohibiciones de la dictadura.

La democracia argentina tiene el deber de enmendar ese déficit institucional mediante una forma legítima propia de un Estado de Derecho que descarta de plano recurrir a los instrumentos proscripticos usados por los gobiernos militares porque es contradictorio —y disvalioso— querer asegurar un fin democrático por un medio que es su negación.

La vía más justa sería que los propios trabajadores, que finalmente son la base y el destino de los gremios, se alcen contra sus falsos representantes, por ejemplo, migrando hacia la CTA u otros sindicatos alternativos. Pero esto es imposible sin antes modificar la actual reglamentación que permite el monopolio de la CGT al concederle la personería gremial de modo exclusivo. La inacción del poder político está de todas formas asegurada para que ello no suceda.

La solución no vendrá por allí cuanto menos en el mediano plazo. Aquí cobra sentido la referencia al dictum de Marx: si la solución exógena no llega por los pactos dirigenciales, es posible —y ojalá así sea— que, sin embargo, ella se origine en las propias contradicciones endógenas de un régimen cuya injusticia es inobjetable porque, la verdad, los trabajadores son las primeras víctimas del actual sistema..
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