La disciplina de la guerra perpetua CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 29 de marzo de 2009 Las alianzas electorales de la oposición nuevamente se están haciendo de manera vertical. Un grupo de personas, en La Plata o Buenos Aires, decidirán la conformación de las listas para los próximos comicios. El procedimiento que se seguirá es que cada facción arme listas propias y las envíe a las cúpulas, para que éstas “negocien”. Lo sujeto a la negociación serán los primeros lugares. En el mejor de los casos, se priorizará a quien esté mejor posicionado, pero, por lo demás, la lista se conformará por cupos. Serán candidatos que no se conocen entre sí. La unión es para la batalla que se avecina. Creen que hay terminar con Kirchner y para ello todo soldado es útil. Se sabe como terminan estas uniones. Lo que interesa analizar hoy, para ir más allá de esto que al fin no deja de ser coyuntural, es la raíz posibilitante para que el verticalismo funcione tan asentadamente. Cabe indagar por qué esto se repite en cada elección, en una regla que, sin embargo, siempre se presenta como la “última” excepción. La célebre “disciplina partidaria” tiene innegable parentesco con la disciplina militar. Están los que mandan y los que obedecen; los primeros son pocos, los segundos, muchos. El que manda nunca fue elegido por aquel que le obedece. Tampoco es el más idóneo. La relación de poder no se funda en una legitimidad por medio de sufragio. Un anhelo ideal justifica discursivamente la relación disciplinaria. Todos aceptan la obediencia para vencer al enemigo. El disenso es negativo, porque subvierte el orden y lesiona la autoridad del que dirige al conjunto. La cohesión es mejor que la dispersión porque el riesgo mayor es perder el orden y que el enemigo se aproveche de eso. Ante el desacato, viene la sanción, sin demasiados procedimientos, porque lo importante es disciplinar al conjunto, a quien se le advierte del costo de disentir. La relación entre la estructuración del poder político y el militar bajo los mismos criterios ordenadores está presente en casi todas las obras clásicas de la construcción del poder político. El paralelo ya se encuentra entre los griegos, particularmente en Platón. Por supuesto, aparece en Maquiavelo, quien, además, para escribir El Príncipe, tuvo como una de sus fuentes a El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, otro clásico de la materia. Luego está en Hobbes y, más acá en el tiempo, en Nietzsche y Carl Schmitt. Un punto de encuentro llamativo es el etimológico. La palabra “militar”, como adjetivo, hace referencia a aquel que pertenece a una milicia, generalmente institucionalizada en las Fuerzas Armadas. A su vez, como verbo intransitivo, significa, “servir en la guerra”, pero también “figurar en un partido o en una colectividad”. Militante y militar comparten el mismo origen etimológico en el genitivo latino militis, que significa "soldado". El militante es un soldado de la política. Su función es obedecer. La relación fue abordada magistralmente por Michel Foucault en su curso de 1976 en el Collège de France, publicado en 2006 bajo el nombre de Defender la sociedad. En la página 28, Foucault analiza -e invierte- el conocido aforismo de Clausewitz, quien había dicho que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Según Foucault, en realidad, hay una etapa anterior que es al revés: la política fue una forma civilizada de continuar la lucha de poder emparentada con la guerra. Pero la idea de guerra no desapareció totalmente, sino que está enmallada con una forma democrática. Tras esa vestimenta, los partidos adoptan una disciplina militar que no despierta mayores disidencias entre los militantes, base de los partidos y últimos eslabones de la cadena de mando, emparentados con lo que el soldado es en la guerra. El militante, como el soldado, honra la causa y por ello obedece. La excepcionalidad eterna Desde el realismo político, la precitada tesis sostiene que, al fin, el disciplinamiento verticalista de la política no es algo anómalo, pues ella, en su núcleo, es la continuación de las formas originarias de disputa bélica. La diferencia se da en el discurso. Cuándo se sostenía una guerra abierta, no había nada que justificar. Hoy sí, porque los regímenes, formalmente, dicen ser democráticos. Hay que justificar, por tanto, por qué no lo son, mostrar que hay un estado de excepción que habilita apelar la verticalización. Así sucedía en Roma: el dictator era necesario ante la crisis, las que el consulado no podía superar por su dilación. Lo que se denunciaba era un “exceso de democracia”, disfuncional para la época de crisis. Las razones discursivas enfocan al enemigo. Para la oposición, es Kirchner y el mal que él encarna. Un mal cuya última tarea ha sido adelantar las elecciones y desordenarlos, por lo cual, la receta es el orden. El orden supone poco disenso, porque lo que se necesita son decisiones que prioricen una rápida respuesta. El disenso es subversivo. Si algunos militantes-soldados se revelan, hay que intervenir. Eso se hizo en el Pro de la Provincia de Buenos Aires. Para el kirchnerismo, habituado al estado de guerra total, los enemigos son múltiples. Siempre los hubo. Todos ocuparon, aun fugazmente, el estatuto de enemigo oficial. El FMI, EE.UU., el Ejército, la Iglesia, Menem. Hoy es Clarín y la “oligarquía” del campo. Son desestabilizadores. Quieren el mal. Quieren echarnos. Yo represento al Pueblo, si me atacan es porque son traidores a la Patria. Estamos en guerra. No al disenso, porque nos hace perder tiempo. Primero hay que terminar la guerra. Llamativamente, la oposición y el oficialismo comparten un mismo discurso bélico. En ambos, lo que era excepcional -como el dictatorromano- se hizo regla. La oposición encontró en Kirchner una perfecta excusa para no hacer elecciones internas ni debatir internamente. Pasó en 2005, en 2007 y pasa ahora. La supuesta excepción lleva cinco años. En 2011, una nueva excusa aflorará para hacer lo mismo. En el kirchnerismo, al día siguiente de los comicios, un nuevo enemigo justificará la concentración de poder. Seguirán los superpoderes, el disciplinamiento, los ataques. La guerra es perpetua. El dictator será imperator, como sucedió en Roma el día que la excepción se hizo regla y con ello se extinguió la República.. (código)
29.3.09
Democracia joven
15.3.09
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La oposición, entre el trigo y la cizaña CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 15 de marzo de 2009 La semana pasada, en Hora Clave, Mariano Grondona y Elisa Carrió discrepaban ante el siguiente planteo: ¿Es legítimo que “todos” puedan integrar una coalición que pretenda emplazarse como alternativa al kirchnerismo? Carrió señalaba la necesidad de distinguir entre los opositores auténticos y los oportunistas, o sea, discriminar entre los actores políticos que han combatido al esquema de poder que encarna el oficialismo y aquellos que fueron parte de él pero ahora cambian de bandera a sabiendas de su declive, siendo su única intención no hundirse con el barco. Solamente los primeros serían la alternancia “legítima”. Grondona, en cambio, advertía que sólo mediante la unión de todo el arco opositor era posible evitar que el kirchnerismo, aun como primera minoría, gane las próximas elecciones. El debate tiene aristas por demás interesantes. El núcleo que plantea la disyuntiva es si el fin justifica los medios. El “fin” consiste en evitar que el kirchnerismo gane y con eso asegurar su derrota definitiva en 2011. Por “medios”, en este caso, pueden entenderse dos cosas: por un lado, las prácticas, y así, por ejemplo, ¿es justo combatir el clientelismo oficial con más clientelismo dado que lo que se necesitan son votos y la realidad muestra que la persuasión racional no penetra en ciertos nichos sociales? Considerando que hay gente a quien parece no bastarle la intensidad de la corrupción oficial, ¿es razonable exacerbar los defectos —aun mintiendo— para procurar la reacción ciudadana? Si el kirchnerismo financia sus costosas campañas con dinero publico cuando no por ilícitos como la valija de Antonini Wilson o las “contribuciones” de droguerías emparentadas con el narcotráfico, ¿puede por ello la oposición juntar dinero como sea? Lo otro que se entiende por medios son los aliados. De allí la pregunta acerca de si la alternativa al kirchnerismo la puede encarnar quien llegó a la vicepresidencia siendo parte de un proyecto ya por aquel entonces viciado (Cobos); o quien encabezó la lista a diputados por Buenos Aires en la pasada elección (Solá), o quien ejecutó las principales políticas de Kirchner (Alberto Fernández); o quien aun hoy preside un bloque de concejales del Frente por la Victoria, para tomar un caso local. Muchos de ellos ahora señalan defectos que no podían ignorar al tiempo en que formaron parte del oficialismo. El “yo no sabía” acá no vale. Con ese criterio, Moreno, Jaime y De Vido, de renunciar, también podrían ser consideraros nuevos conversos absueltos de culpa. Del pragmatismo al cinismo Debe haber límites para la integración de la alternativa. Eso es seguro. No lo es, empero, establecer el parámetro para precisarlo. ¿El límite es haber “pertenecido” al kirchnerismo? Esta es la postura más radical que entiende que solo mediante la erradicación de lo viejo se puede edificar lo nuevo. Si quien lo dice es Carrió, tiene razón de hacerlo porque mantuvo una postura coherente en su carrera política. Pero el problema que trae aparejada esta postura es que, aun siendo éticamente irreprochable, en los hechos puede no lograr más que la conformación de una minoría puramente testimonial que jamás derrote al kirchnerismo y sus congéneres. Hay otra dificultad más en esta apreciación que es lo siguiente: la mayoría de los votantes de alguna manera también perteneció al kirchnerismo al haberlo avalado con el voto en 2005 y 2007. Con lo cual, si se absuelve a un colectivo tenido por equivocado, por qué no hacerlo con los que fueron parte. El límite parece ser otro, menos general como la mera pertenencia y más enfocado a las actitudes de cada cual. Cobos, por ejemplo, al objetar el poder oficial todavía intacto que ejercía sobre él presiones de todo tipo, mostró una actitud ética distinta a la de quienes recién esperaron a irse del kirchnerismo cuando, especulación mediante, tuvieron confirmado que la opinión pública había cambiado de dirección. Más aun, es posible que ese límite hoy no sea totalmente nítido. Recuérdese la parábola evangélica del trigo y la cizaña. Un hombre había sembrado trigo en su campo, pero mientras todos dormían su enemigo sembró cizaña en el mismo predio. Cuando comenzó a crecer el trigo y florecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones, sorprendidos, preguntaron si debían arrancar la cizaña. El dueño les contestó que no, porque corría peligro de que también arranquen el trigo, dado que todavía, por el grado de florecimiento, era difícil saber exactamente cuál era la hierba mala que se había criado en los sembrados: “Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero”. El primer contraste es entre el trigo y la cizaña, entre lo bueno y lo malo, que puede ser sembrado en el mismo campo: esos pares están presentes tanto en la oposición como en el kirchnerismo, que también logró adhesiones de buena fe. La faena es poder saber cuales son. Allí aparece el segundo contraste: el tiempo presente y el tiempo de la cosecha. Es posible que de aquí a las próximas elecciones todavía estemos en ciernes para hacer la separación entre lo bueno y lo malo. Así las cosas, el mayor de los desafíos que tienen los grupos políticos genuinos es evitar que, por convivir con la cizaña sin poder arrancarla hasta que aflore totalmente, ésta no termine por contaminarlos arruinándoles el capital político que han conseguido hasta hoy. Macri y Carrió, que son los dos líderes de la oposición, tienen ese problema: necesitan ampliar sus espacios, pero corren el riesgo de caer en un pragmatismo tan laxo que termine dinamitando su credibilidad, con la paradoja de que, aun cuando sus espacios crezcan, sin embargo el caudal electoral se vea disminuido porque quienes los votaron se sienten defraudados. Sus votantes entienden que la tolerancia de la cizaña supone que no se la puede arrancar porque está confundida con el trigo, pero, cuando esa condición no se da, exigen que sea arrancada sin más, porque sino el pragmatismo puede degenerar en cinismo..
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El reeleccionismo, ¿pertenece a la democracia? CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 1 de marzo de 2009 Hace dos semanas, Venezuela celebró un referendo cuyo objetivo esencial era decidir sobre la habilitación de la reelección indefinida del presidente. El “Si” se impuso por un 54.85 por ciento contra un 45.14 que se expresó por la negativa. Con la reforma aprobada, Venezuela abandonó el sistema mayoritario de occidente, que permite la reelección inmediata por una vez, habilitando una nueva postulación recién luego de transcurrido otro periodo. Así es en nuestra Constitución. Otros países, en cambio, son más restrictivos a la media: Chile y Uruguay, por ejemplo, no tienen reelección, debiendo el presidente esperar un periodo para volver a presentarse; en Estados Unidos, por su parte, se permite que alguien sea presidente sólo por dos veces, sean mandatos consecutivos o no. El reeleccionismo sin límites encuentra fundamento en la siguiente premisa: las constituciones —que son la expresión de la soberanía— no pueden, justamente, estar por encima de la misma soberanía del pueblo—manifestada en el voto— restringiendo su capacidad electiva. Sin embargo, la regla de casi todas las democracias es que las reelecciones están de alguna manera limitadas. ¿Por qué es así entonces? En fin, ¿el reeleccionismo sin límites es la expresión más plena de la democracia o, por el contrario, es el principio del fin de las mismas? El citado argumento en favor de la reelección indefinida es teóricamente intachable, pues es verdad que el poder constituyente no es una supra-soberanía que pueda condicionar a las ulteriores expresiones de ese mismo colectivo político. La apelación a la idea de “república”, que tiene entre sus notas la periódica renovación de los cargos, no alcanza para explicar el por qué de la objeción al reeleccionismo, ya que es una invocación meramente descriptiva y, en todo caso, quien se reelige de alguna manera “renueva” su cargo sometiéndose a una revalida electoral. La reelección indefinida no necesariamente contradice al sistema republicano. Prueba de ello son, en la historia reciente, los casos de Felipe González en España y de Helmut Kohl en Alemania, quienes estuvieron en el poder catorce y dieciséis años, respectivamente, sin que sufran tacha de autoritarios. De manera que el reeleccionismo no es negativo en sí, sino en atención a su funcionalidad. ¿Funcionalidad a qué? A la propia mecánica de la democracia con sus dos valores justificantes, que son la libertad y la igualdad, los cuales deben asegurarse tanto respecto del elector como del candidato. La democracia es, entre otras cosas, la cesión de soberanía en el acto eleccionario; pues bien, para que esa cesión se dé libremente, debe haber una total igualdad tanto en la dimensión activa y como en la pasiva del sufragio, esto es, que el votante elija libremente, sin que nadie vicie su decisión, y que el candidato tenga las mismas posibilidades que sus adversarios para lograr convencer a los electores. Acá está la diferencia entre una reelección indefinida de Felipe González, por ejemplo, y una de Hugo Chávez. Cuando quien gobierna controla todo —los tres poderes del Estado e incluso factores de poder paraestatales— va de suyo que puede corromper la libertad y la igualdad de los votantes mediante el clientelismo y el abuso de poder en general, a la vez de servirse de los recursos del Estado para quebrar la paridad respecto a sus adversarios. Para resolver esto, las elites oligárquicas decimonónicas recurrían al voto calificado, limitando al elector; por fortuna, las democracias más avanzadas, conscientes de que no serían tales si no votan todas las personas sin distinción, lo que hacen es limitar al que puede ser elegido. En definitiva, se contiene esa suerte de “abuso de posición dominante”, oxigenando la libertad política del mismo modo que la eliminación de los monopolios asegura las libertades económicas. Democracia y marginalidad Hay una clara relación entre clientelismo, corrupción y perpetuación en el poder que amerita limitar las reelecciones, aun aceptando que ello implica condicionar la expresión soberana. Incluso más que en Venezuela —donde por honestidad hay que reconocerle conquistas sociales a Chávez—, algunas regiones de Argentina son casos testigos de la relación inversamente proporcional entre pobreza y alternancia en los cargos electivos. Luego de que San Luís —gobernada por la misma familia desde 1983— la quitara de su Constitución, la reelección sin límites permanece en cuatro provincias: Santa Cruz, Catamarca, La Rioja y Formosa, estando las tres últimas entre las que mayores tasas de pobreza y asistencialismo tienen. En la misma línea se ubica el Conurbano bonaerense, donde también rige la reelección indefinida haciendo de los Municipios más pobres verdaderos feudos, como son los casos de Merlo, Tres de Febrero y Florencio Varela, donde sus intendentes cumplen su quinto período consecutivo. En ninguno de esos casos es posible concebir una democracia en su sentido pleno. Lo que hay, en el mejor de los casos y dejando de lado las constantes denuncias de fraude, es una “democracia electoral” que naturalmente dista mucho de los parámetros satisfactorios. Esta insuficiencia es una tendencia generalizada en todo el subcontinente, como concluyó el completísimo informe de Naciones Unidas del año 2004 titulado “La Democracia en América Latina”. Allí se señaló que si bien es cierto que, con la sola excepción de Cuba, todos los países latinoamericanos consagran un sistema democrático, sin embargo esto en muchos casos ha quedado todavía en un aspecto puramente formal. Mientras persistan las afectaciones al pleno ejercicio de los derechos políticos, tales como la marginalidad y la manipulación informativa por parte de los gobiernos, no parece razonable habilitar una reelección indefinida porque, como lo demuestra la experiencia, quien ya tiene un exorbitante dominio del poder público lo extremará para asegurar su permanencia. Lamentablemente, los venezolanos han decido prescindir de ese anticuerpo de la democracia, la cual hoy, tras el referendo, es sin duda alguna mucho más vulnerable que antes..
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Las nuevas caras de la censura CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 15 de febrero de 2009 Los casos de Nelson Castro y del obispo lefrevista Richard Williamson, de alta cobertura mediática por estos días, tienen la característica común de suscitar nuevas reflexiones sobre la libertad de expresión y sus límites, si es que los hay. El levantamiento del programa radial a Nelson Castro plantea cómo la censura puede ya no originarse directamente por disposición de los poderes públicos sino también por decisión de los propietarios de los medios de comunicación, quienes, a su vez, pueden revestir la condición de víctimas de la presiones gubernamentales, ostentando tanto la calidad de censor como de censurado. Esto, mientras tanto, desnuda otro conflicto siempre latente que consiste en la tensión entre el derecho de libertad de expresión del comunicador y el de propiedad que tiene el dueño del medio de comunicación, el cual reclama poder decidir quienes publican en su empresa. Por su parte, las expresiones de Richard Williamson plantean lo siguiente: por más inexacta, ofensiva y repudiable que se sea una manifestación (negar el Holocausto es todo eso), ¿Es posible coartar la libertad de expresión? ¿Hay un límite? En su caso, ¿Cuál es? ¿Quién lo precisa? Hay quienes dicen que nunca hay límites o que, habiéndolos, no es posible encargarle a alguien su precisión porque si bien hay casos que, como la negación del Holocausto, son de un disvalor objetivo, nada obsta a que aquel a quien se le confía la delimitación incluya los “temas sensibles” a sus intereses dentro la grilla de los prohibidos para silenciar disidencias. Por eso la formula es: censura previa jamás, pero ello no implica inmunidad de responsabilidad ulterior. Hoy nos ocuparemos del primero de los casos —que tiene muchísimas aristas— pero bien vale dejar planteadas aquellas preguntas. Cuando se vulnera la libertad de expresión sin dudas se afecta al damnificado directo (el comunicador), pero la lesión de la censura en sus diversas modalidades afecta a la comunidad política toda. Esto es así porque se considera que el derecho de libertad de expresión, que comprende a la “libertad de prensa”, tiene dos facetas: una activa en cabeza del que busca y difunde información y una pasiva que tutela al que la recibe. La faz pasiva, relacionada con el derecho de la información, se emparenta con la naturaleza misma de la república y la cesión de soberanía de la comunidad política que vota y, para ello, necesita de la información libre. Desde la Ilustración se entiende que hay una indisoluble relación entre república, democracia y circulación de ideas. En una célebre opinión consultiva de 1985, la Corte Interamericana ha dicho que “la libertad de expresión se inserta en el orden primario y radical de la democracia, la cual no es concebible sin debate libre”. Desde esta perspectiva, la afectación que sufrió Nelson Castro lesionó también a sus oyentes y, potencialmente, a un colectivo indeterminado que ve frustrado su derecho a recibir la información que emitía ese prestigioso periodista. La cuestión es si ello cabe en la categoría de censura. El problema planteado al principio parece ser lo dirimente: ¿La empresa puede, con discreción, decidir quienes publican —y qué se publica— en su medio de comunicación? ¿O su derecho de propiedad cede ante el derecho de libre expresión que tiene también como destinatarios a los receptores del medio? Amén de ello, ¿Qué protección tiene el periodista, quien es en última instancia el sujeto más débil a tutelar? El algo muy fino, casi irresoluble, máxime en casos como el comentado, ya que Radio Del Plata indemnizó al periodista por la rescisión del contrato. De todos modos, aun cuando no entre en la noción clásica de censura, sin dudas implica una corrosión en el derecho de libertad de expresión. El de Castro no es el primer caso en la era Kirchner: también sufrieron censuras indirectas Jorge Lanata, Pepe Eliaschev, Víctor Hugo Morales, Julio Nudler y Alfredo Leuco, entre otros sin tanta notoriedad. Son todos casos que no se asemejan a la vieja censura, ostensible e inquisitorial, la llamada “censura previa” que prohíbe nuestra Carta Magna, sino que se trata de afectaciones indirectas y multimodales. En Radio Nacional y Canal 7, donde el Gobierno tiene un poder directo, la excusa es que el programa no presenta un interés suficiente o que no tiene la audiencia esperada. Respecto a los medios de comunicación privada, parece que la estrategia es enviar a empresarios amigos a comprar sus acciones para lograr el control editorial: eso pasó en Radio Del Plata, adquirida por una empresa vinculada a la obra pública. Antes, Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner, quiso comprar nada menos que Clarín y Telefe, con lo cual se levanta sospecha que los fondos vienen de otro lado, quizá, del delito. Otra modalidad príncipe es ahogar financieramente a los medios, privándolos de la publicidad oficial y presionando a sus anunciantes privados. Desde que asumió Kirchner, el presupuesto publicitario aumentó de 46 a 322 millones de pesos en cinco años ¿Es lógico? Primero: no hay tanta necesidad de pagar para la publicidad oficial porque el Estado tiene señales propias y, además, la Presidencia es el órgano con más cobertura mediática gratuita de la república. Segundo: encima de lo abultado del presupuesto, las partidas se reparten con preferencia por los medios amigos, sin importar su exigua participación en el mercado: Página/12, un diario de baja tirada, está, junto al multimedios de Daniel Hadad, entre los más beneficiados por el reparto mientras que Editorial Perfil (que tiene más de diez publicaciones) no recibe un solo peso del Gobierno federal. No existe un derecho subjetivo a recibir publicidad, pero si se publicita, se debe repartir con un criterio razonable. Esto dijo la Corte Suprema en 2007 al entender en una presentación del diario “Río Negro” contra la Provincia de Neuquén por discriminación en el reparto publicitario, remarcando la relación entre democracia y debate de ideas sin restricciones. Es eso lo que está en juego en cada interferencia del Gobierno sobre la disidencia de periodistas: a quien se ataca, en definitiva, es a la ciudadanía y a la democracia. ******************* Fallos citados: - Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Ver en PDF
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