Nuevamente la extorsión con no iniciar las clases CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 27 de febrero de 2011 A juzgar por la inflación real, el pedido de aumento salarial docente es justo. Más aun, es probable que el aumento nominal logrado (alrededor del 24 %) sea similar a la tasa de inflación, es decir, apenas si significa un verdadero aumento, por lo cual, menos que eso no podrían haber solicitado. Por su parte, la concesión de un aumento de tamaña proporción implica necesariamente que el Gobierno reconoce la existencia de la inflación en esos niveles, muy superior (el doble) a la que señala el INDEC. Lo que si es objetable es la actitud de los gremios docentes. Por un lado, que informen erróneamente sobre el contendido de los salarios. Por otro, lo que es realmente grave, la extorsión que año a año renuevan mediante la amenaza del no inicio de clases de millones de alumnos que esa forma quedan como únicas víctimas de la disputa gremial con los gobiernos. En cuanto a lo primero, los gremialistas insisten en que el salario docente oscila los $ 2400. Pero no dicen que: (i) ese es el básico e inicial por un cargo, o sea, el que percibe un docente de primario recién iniciado por un turno (de mañana o de tarde, con alrededor de cuatro horas de asistencia a la escuela con más algo que pueda dedicarse a corregir y preparar fuera de clase pero que no debería superar una o dos horas más al día); (ii) ese básico no es el real porque no incluye todos los adicionales existentes, por ejemplo la antigüedad, que en la administración pública tiene mucho peso salarial; (iii) ese carácter de básico y por esas horas implica que, agregados los adicionales y proyectado a la carga horaria común de 48 horas semanales, el salario real excede en bastante esos $ 2400 que los gremialistas docentes presentan como tipo. Tampoco tienen en consideración que cumplen tareas de lunes a viernes, sin sábados, domingos ni feriados, con alrededor de dos meses de vacaciones en verano y dos semanas en invierno, lo que pocos trabajadores (por no decir ninguno) tienen. A título de ejemplo, adviértase que un trabajador que se rige por la Ley de Contrato de Trabajo recién gozará de 35 días de vacaciones al cumplir los 20 años de antigüedad; nunca, sin embargo, sumará los 80 días de que aproximadamente tienen los docentes, cualquiera fuere su antigüedad. Tanta relajación da la idea de que la educación en Argentina es tan impecable que no hay necesidad de dedicarle más días de trabajo, por ejemplo, el mes de febrero completo para preparar el año lectivo y compensar la cada vez más magra formación institucional. La extorsión gremial se repite porque es efectiva El otro aspecto criticable es la metodología de protesta gremial docente que, con exclusividad, consiste en la huelga (no dictado de clases). El derecho a huelga está constitucionalmente amparado. Nadie a esta altura cuestiona su legitimidad. Ahora bien, como todo derecho, es relativo y está sujeto —dice la Constitución— a las “leyes que reglamenten su ejercicio”. ¿Para qué se reglamenta su ejercicio? Para que no afecte a terceros y se ejerza de buena fe y conforme a su destino, en el caso de la huelga, garantizando que se aplique como mecanismo gremial de reclamo y no, por ejemplo, como motivo de presión política tal cual nos tienen acostumbrados los sindicalistas (así, piénsese en el paro de trenes por la detención de Pedraza, que nada tiene que ver con las condiciones de trabajo de los ferroviarios). Evitar esos fines indeseados en el ejercicio de un derecho (cualquiera sea) es lo que dio origen a la “teoría del abuso del derecho”, aceptada hoy pacíficamente y de aplicación en las más diversas circunstancias. La huelga docente, a la vez que implica un derecho de los docentes, necesariamente tiene como efecto la privación de un derecho de igual jerarquía constitucional de millones de alumnos. Esta circunstancia amerita darle un trato distinto. Fundamentalmente porque la educación pública tiene carácter de “servicio público” que el Estado —garante de su provisión por imperio constitucional— no puede dejar de prestar. Así pensado, es perfectamente posible restringir el derecho de huelga docente, disponiendo que escojan otros medios de protesta menos lesivos en tanto aquél importa la privación de un servicio público esencial con perjuicio a millones de alumnos a quienes de esa forma se les afecta en su derecho (también constitucional) de aprender. Ese carácter de la prestación pública, esencial y no interrumpible también justifica la incuestionada atenuación del derecho de huelga de los agentes de seguridad y de la atención primaria en hospitales públicos. Si la educación importa tanto, bien podrían extenderse esas condiciones a los docentes. Más allá de implementar este nuevo estatus jurídico en el mediano plazo, ¿que podría haber hecho Scioli en vez de allanarse —como siempre— a la extorsión gremial? Partamos de una premisa: la extorsión se reanuda porque es efectiva. Si no lo fuera, cambiarían de estrategia. Esto es claro. Una actitud posible es imitar la célebre reacción de Ronald Reagan frente a la extorsión de los controladores aéreos en 1981. Recordémoslo. Apenas iniciado su gobierno, unos 13000 aerocontroladores estallaron en huelga. Pensaban tener la contienda ganada porque por su alta especialización nadie podría sustituirlos y —creían— sin ellos, Estados Unidos se quedaría sin tráfico aéreo. Ese mismo día 3 de agosto de 1981, Reagan declaró ilegal la huelga y los conminó a retomar tareas so pena de despedirlos. Inmediatamente puso a las Fuerza Aérea a hacerse cargo del control aéreo así éste no se interrumpía. El 5 de agosto Reagan cumplió su apercibimiento y despidió de un plumazo a 11369 controladores aéreos que seguían en paro a la vez que les impuso una inhabilitación vitalicia para que sean recontratados. Aquí, con que despidan un millar todos volverían a trabajar y ese faltante bien podría ser cubierto por todos los nuevos egresados que hasta ahora solo cubren suplencias. La otra respuesta posible es un “laissez faire, laissez passer”. ¿No quieren dictar clases? Pues bien, que no dicten. Cero alarma. Tarde o temprano los padres de los alumnos afectados serán quienes vayan a increparlos. Es una técnica del desgaste cuyo costo sufrirán los líderes sindicales, absolutamente más desprestigiados (y por tanto con menos resistencia) que el gobernador Daniel Scioli. 
26.2.11
Democracia joven
