¿Qué hacer con la policía?
CRISTIAN SALVI
El Eco de Tandil, 2 de enero de 2011
La creación del Ministerio de Seguridad de la Nación, la designación de Nilda Garré a su cargo y las reformas implementadas a la Policía Federal vuelven a poner -una vez más- la cuestión de qué hacer con la policía en el centro del debate político.
Los vaivenes en la “gestión policial” indican que el poder político no ha encontrado una solución definitiva. Los analistas coinciden en que las reformas promovidas se inspiran -con o sin su participación- en León Arslanián, ex ministro a cargo de la seguridad provincial de las gobernaciones de Felipe Solá de (2004/2007) y de Eduardo Duhalde (1998/1999). Justamente, las intervenciones de Arslanián dirigidas a reformar la siempre cuestionada policía bonaerense nunca han adquirido carácter de “política de Estado”; al contrario, aún hoy son caso testigo del zigzagueo de los sucesivos gobiernos (Duhalde, Ruckauf, Solá, Scioli).
En su breve gestión como ministro de Duhalde, Arslanián comenzó la primera gran reforma a la policía bonaerense en consonancia con procesos análogos en otras provincias. Por aquel entonces, la siempre cuestionada policía bonaerense estaba en crisis por la intención de algunos de sus miembros en dos hechos paradigmáticos: el atentado a la AMIA, ocurrido en 1995, y el asesinato del fotógrafo de la Revista Noticias, José Luis Cabezas. Esa crisis llevó tiempo después a la decisión política de terminar con la “autonomía policial” disponiendo la intervención por decreto en diciembre de 1997.
El documento en el que trabajó Arslanián planteaba -nada menos- que la disolución de la policía bonaerense: “Se debe acabar el ciclo histórico de esta policía porque ya no tiene posibilidades de reconvertirse, responde a un esquema político y técnico superado”. Y efectivamente la reforma pretendió dejar atrás a “la” policía para sustituirla por varias policías (en plural): de Investigaciones, Judicial (creada tiempo antes con la reforma a la justicia penal), de Tránsito, y una de seguridad, distinta a la tradicional, que tendría mayor base departamental y participación ciudadana en su control a través de foros.
Tiempo después, en plena campaña para la gobernación signada por el tema “inseguridad”, el propio candidato oficialista Carlos Federico Ruckauf -luego electo gobernador- ya planteaba objeciones al modelo policial y judicial reformado. Ruckauf, que tenía como uno de sus eslóganes “meterle balas a los delincuentes”, significó la primera “contrarreforma”. La explicación es bastante esquemática: los partidarios locales de la “mano dura” -a diferencia del siempre por ellos citado ex alcalde de New York, Rudolph Giuliani- desatendieron la reforma policial como paso previo y necesario para enfrentar el crimen. Ese paso previo, vale aclarar, no es sólo por un ideario ético estatal que impide enfrentar al delito con más delito, sino por razones puramente utilitarias. Sin embargo, bajo la errónea creencia de que la inseguridad representaba un estado de alarma bélica (según el discurso de la “guerra contra el delito”), se entendió que no había lugar para “el lujo” de concluir el proceso de reforma policial sin riesgo de ser vencidos por el crimen.
En 2004, ante otro escenario crítico por la inseguridad (esta vez, potenciado por el secuestro y muerte de Axel Blumberg en marzo de ese año), el gobernador Felipe Solá designó a Arslanián ministro de Seguridad. El segundo período de Arslanián fue una expresa continuación del primero. La finalidad sustitutiva de la tradicional policía llevó a la creación de la policía bonaerense “2” y de la policía comunal con dependencia funcional de los intendentes.
Sin embargo, desde fines de 2007, tras la asunción de Daniel Scioli como gobernador y Carlos Stornelli como ministro, varias de las iniciativas puestas en marcha en la gestión del ministro León Arslanián fueron desarticuladas. Para algunos, la actual gestión es la segunda contrarreforma a todo el régimen de persecución del crimen (policía, leyes procesales, etc.).
El gobierno de Cristina Kirchner termina a fines de este año. Si no es reelecta, posiblemente las reformas de la flamante ministra Garré lleven el camino de las de Arslanián en la provincia de Buenos Aires que, como “capital del delito”, es indicativa de lo que luego se replica en otros distritos. No corresponde aquí juzgar cuáles de los modelos policiales son mejores, en su caso, si el de Arslanián-Garré o el antitético identificado con Ruckauf y Scioli de una policía “dura”, jerárquica y centralizada y hasta un poco dispensada de cumplir con la rigurosidad de la ley con tal de ser “eficiente” para enfrentar al crimen.
La cuestión, empero, no es baladí para la democracia: si Garré, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, logra la descorporatización de los modelos policiales como se hizo con las Fuerzas Armadas y ello, a su vez, se refleja en las gestiones provinciales con sus respectivas policías, la democracia habrá avanzado en controlar al mayor conglomerado de poder armado que hoy tiene la Nación. La decisión del poder político de darle “más poder” a la policía como solución contra el delito, puede tener -sin exagerar- el mismo efecto bumerán que cuando en 1975 el desfasado gobierno democrático de Isabel Perón ordenó, en esas condiciones de impotencia, a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión. Tarde o temprano, así, el poder político que cree que otro poder solucionará lo que le resulta imposible, pone en crisis la legitimación que le compete sobre los cuerpos armados que se sienten imprescindibles y “autónomos” frente a todo condicionamiento externo. En prueba de lo dicho, basta mirar lo sucedido en Ecuador meses atrás.*
