Para recibir fondos, prohibido ser opositor CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 27 de junio de 2010 Semanas atrás circuló una noticia que en más o en menos decía lo siguiente: Tandil dejará de recibir recursos de obra pública y otras asistencias financieras de la Provincia producto de un cortocircuito en la relación entre el gobernador Scioli y el intendente Lunghi, fenómeno en parte causado por rol opositor del senador Carlos Fernández en la Legislatura. Los actores negaron tales hechos y de a poco la noticia se fue diluyendo. Sin embargo, no puede dejarse pasar es lo que allí subyace. Primero: el rol de opositor del senador Fernández. ¿A que partido pertenece el senador? A la UCR. ¿Y el gobernador? Al Frente por la Victoria. Claro que Fernández es “opositor”, es decir, “en política, partidario de la oposición”, minoría que no forma parte de la coalición de gobierno, según las respectivas definiciones del diccionario para las voces “opositor” y “oposición”. Aclarado el punto, ¿dónde está el pecado de ser “opositor”? Lo malo sería que no fuera opositor, sino que, votado para eso, empero, al asumir la banca se mude al oficialismo, emulando así el transfuguismo de otros radicales que supieron encandilarse con el kirchnerismo, empezando por el vicepresidente Julio Cobos. Segundo: ¿por qué la debida asistencia financiera a Tandil por parte de la provincia debe pender de la buena relación entre quienes ocasionalmente están al frente de los respectivos distritos? Estamos confundiendo Estado y Gobierno o, peor aun, Estado y personas. Se trata de la política partidaria (o partidismos) corrompiendo a la política institucional. Tal actitud ha sido una característica histórica del kirchnerismo. El caso más emblemático y radicalizado es la relación con la provincia de San Luis. Los Rodríguez Saá son de los pocos gobernadores que se resistieron a la cooptación de la caja, incluso en tiempos de “oficialitis”, como llamó la revista Noticias al fenómeno por el cual, en pleno apogeo K, no ser kirchnerista era poco menos que una herejía. Pues bien, San Luis ha sido discriminada hasta el hartazgo en cuanto a distribución de planes y fondos nacionales. La discriminación llegó al extremo de que ni Néstor ni Cristina Kirchner han visitado jamás la provincia en calidad de presidentes, o sea, desde mayo de 2003 a la fecha los puntanos no fueron nunca visitados por sus presidentes por el encono de éstos con su gobernador. En política todos los caminos conducen al financiamiento. La existencia de normas de coparticipación que se ajusten a criterios objetivos de distribución es lo que asegura que el uso de los fondos estatales no sea aplicado con fines partidistas. La Constitución Nacional establece que la coparticipación federal deberá garantizar “la automaticidad en la remisión de los fondos” a las provincias. A nivel intraprovincial rigen los mismos principios. Eso no sucede en la práctica. En el ámbito nacional los Constituyentes de 1994 cometieron un serio error porque, mientras ordenaron en la cláusula transitoria sexta establecer un nuevo régimen de coparticipación “antes de la finalización del año 1996”, en el artículo 75 inc. 22 sujetaron su sanción a la aprobación de todas las provincias. Conclusión: las beneficiarias por el actual sistema jamás consentirán su reforma. La actual ley de coparticipación Nº 23.548 en términos formales prevé que el 56,66 de la masa se destine a las provincias. Pero el problema es que ese porcentaje es sobre los “impuestos coparticipables” entre los que no están las retenciones agropecuarias (fuente más importante de ingresos), mientras que del impuesto al cheque sólo se coparticipa el 30 por ciento. A nivel provincial es peor. La ley que rige la coparticipación en Buenos Aires asigna solamente un 16,14 por ciento a los municipios. A Tandil le toca el 1,06 por ciento de esa fracción. La contracara de todo eso es cuánto se aporta. La provincia de Buenos Aires aparece claramente discriminada a nivel nacional: lo que recibe de coparticipación está muy por debajo del 36 por ciento que su producto bruto representa del total nacional. Lo demás que recibe es por fondos discrecionales. Las formas de asignar los fondos no es baladí: mientras la coparticipación debe ser objetiva y automática, el resto de los fondos aparece como “concesiones del príncipe”. El resultado es bien claro: la provincia de Buenos Aires sufre un histórico vasallaje del gobierno nacional. Eso explica la complacencia mostrada por Daniel Scioli respecto a la Casa Rosada, como antes la tuvo Felipe Solá: sin la ayuda nacional, la provincia no puede ni pagar sueldos. Tandil aparece también discriminada dentro de la provincia. Es una ciudad próspera con gran producción agropecuaria e industrial, pero lo tributado va a la provincia y a la Nación sin una devolución automática en equivalencia. Para que vuelva el dinero, no hay que ser opositor. Acá está el nudo del problema y la diferencia entre un régimen automático y uno discrecional. Toda discusión relativa a los fondos públicos, su tributación y reasignación, importa un tema político fundamental. Tandil aporta más de los que recibe. Está discriminada. Para recibir lo merecido debe mendigar al poder de turno. Scioli reproduce dentro de la provincia que lo sufre con el gobierno nacional. Los gobiernos provinciales recaudan el grueso en el interior pero lo destinan para el Conurbano porque allí están los votos que le permitirán mantenerse en el poder. Tandil no tiene incidencia alguna en el poder provincial. Apenas un solo legislador y con suerte, porque la sección —subrepresentada de por sí— es dominada por Mar del Plata.
27.6.10
Democracia joven
“No taxation without representation”. (código)
Es conocida la máxima de los colonos que hicieron la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos: “No taxation without representation”, es decir, “no hay tributación sin representación”. Ese adagio, aquí y ahora, implica algo bien concreto: no más tributos a la gran aspiradora provincial que exacciona recursos locales de los cuales luego —y según el humor gubernamental— devuelve migajas.. (código)
