Para recibir fondos, prohibido ser opositor CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 27 de junio de 2010 Semanas atrás circuló una noticia que en más o en menos decía lo siguiente: Tandil dejará de recibir recursos de obra pública y otras asistencias financieras de la Provincia producto de un cortocircuito en la relación entre el gobernador Scioli y el intendente Lunghi, fenómeno en parte causado por rol opositor del senador Carlos Fernández en la Legislatura. Los actores negaron tales hechos y de a poco la noticia se fue diluyendo. Sin embargo, no puede dejarse pasar es lo que allí subyace. Primero: el rol de opositor del senador Fernández. ¿A que partido pertenece el senador? A la UCR. ¿Y el gobernador? Al Frente por la Victoria. Claro que Fernández es “opositor”, es decir, “en política, partidario de la oposición”, minoría que no forma parte de la coalición de gobierno, según las respectivas definiciones del diccionario para las voces “opositor” y “oposición”. Aclarado el punto, ¿dónde está el pecado de ser “opositor”? Lo malo sería que no fuera opositor, sino que, votado para eso, empero, al asumir la banca se mude al oficialismo, emulando así el transfuguismo de otros radicales que supieron encandilarse con el kirchnerismo, empezando por el vicepresidente Julio Cobos. Segundo: ¿por qué la debida asistencia financiera a Tandil por parte de la provincia debe pender de la buena relación entre quienes ocasionalmente están al frente de los respectivos distritos? Estamos confundiendo Estado y Gobierno o, peor aun, Estado y personas. Se trata de la política partidaria (o partidismos) corrompiendo a la política institucional. Tal actitud ha sido una característica histórica del kirchnerismo. El caso más emblemático y radicalizado es la relación con la provincia de San Luis. Los Rodríguez Saá son de los pocos gobernadores que se resistieron a la cooptación de la caja, incluso en tiempos de “oficialitis”, como llamó la revista Noticias al fenómeno por el cual, en pleno apogeo K, no ser kirchnerista era poco menos que una herejía. Pues bien, San Luis ha sido discriminada hasta el hartazgo en cuanto a distribución de planes y fondos nacionales. La discriminación llegó al extremo de que ni Néstor ni Cristina Kirchner han visitado jamás la provincia en calidad de presidentes, o sea, desde mayo de 2003 a la fecha los puntanos no fueron nunca visitados por sus presidentes por el encono de éstos con su gobernador. En política todos los caminos conducen al financiamiento. La existencia de normas de coparticipación que se ajusten a criterios objetivos de distribución es lo que asegura que el uso de los fondos estatales no sea aplicado con fines partidistas. La Constitución Nacional establece que la coparticipación federal deberá garantizar “la automaticidad en la remisión de los fondos” a las provincias. A nivel intraprovincial rigen los mismos principios. Eso no sucede en la práctica. En el ámbito nacional los Constituyentes de 1994 cometieron un serio error porque, mientras ordenaron en la cláusula transitoria sexta establecer un nuevo régimen de coparticipación “antes de la finalización del año 1996”, en el artículo 75 inc. 22 sujetaron su sanción a la aprobación de todas las provincias. Conclusión: las beneficiarias por el actual sistema jamás consentirán su reforma. La actual ley de coparticipación Nº 23.548 en términos formales prevé que el 56,66 de la masa se destine a las provincias. Pero el problema es que ese porcentaje es sobre los “impuestos coparticipables” entre los que no están las retenciones agropecuarias (fuente más importante de ingresos), mientras que del impuesto al cheque sólo se coparticipa el 30 por ciento. A nivel provincial es peor. La ley que rige la coparticipación en Buenos Aires asigna solamente un 16,14 por ciento a los municipios. A Tandil le toca el 1,06 por ciento de esa fracción. La contracara de todo eso es cuánto se aporta. La provincia de Buenos Aires aparece claramente discriminada a nivel nacional: lo que recibe de coparticipación está muy por debajo del 36 por ciento que su producto bruto representa del total nacional. Lo demás que recibe es por fondos discrecionales. Las formas de asignar los fondos no es baladí: mientras la coparticipación debe ser objetiva y automática, el resto de los fondos aparece como “concesiones del príncipe”. El resultado es bien claro: la provincia de Buenos Aires sufre un histórico vasallaje del gobierno nacional. Eso explica la complacencia mostrada por Daniel Scioli respecto a la Casa Rosada, como antes la tuvo Felipe Solá: sin la ayuda nacional, la provincia no puede ni pagar sueldos. Tandil aparece también discriminada dentro de la provincia. Es una ciudad próspera con gran producción agropecuaria e industrial, pero lo tributado va a la provincia y a la Nación sin una devolución automática en equivalencia. Para que vuelva el dinero, no hay que ser opositor. Acá está el nudo del problema y la diferencia entre un régimen automático y uno discrecional. Toda discusión relativa a los fondos públicos, su tributación y reasignación, importa un tema político fundamental. Tandil aporta más de los que recibe. Está discriminada. Para recibir lo merecido debe mendigar al poder de turno. Scioli reproduce dentro de la provincia que lo sufre con el gobierno nacional. Los gobiernos provinciales recaudan el grueso en el interior pero lo destinan para el Conurbano porque allí están los votos que le permitirán mantenerse en el poder. Tandil no tiene incidencia alguna en el poder provincial. Apenas un solo legislador y con suerte, porque la sección —subrepresentada de por sí— es dominada por Mar del Plata.
27.6.10
Democracia joven
13.6.10
Democracia joven
Periodismo, ¿ningún control es legítimo? CRISTIAN SALVI El Eco de Tandil, 13 de junio de 2010 El pasado lunes se celebró el Día del Periodista. Como pocas veces, la conmemoración ameritó reflexiones sobre las condiciones de la libertad de prensa en la Argentina actual y, en mucha menor medida, sobre la calidad de la información. A lo primero apuntaron los medios de comunicación que entienden que el Gobierno incide en el ejercicio de la prensa libre, en especial, por la sanción de la ley de medios (de momento, suspendida por la Justicia) y, casi como secuela de aquella guerra, las diversas batallas libradas por el kirchnerismo que se interpretan como dirigidas a perjudicar indirectamente a medios no-oficialistas, por ejemplo, lo de Papel Prensa. Por otra parte, lo atinente a la calidad de la información vino a cuento por una encuesta publicada el domingo anterior en el diario Perfil en la que se señalaba el descrédito generalizado que sufre el periodismo. Lo novedoso de esto es que no ya son los poderes constituidos quienes censuran el obrar mediático, sino que estaríamos ante una suerte “control de calidad” genuinamente realizado por los propios consumidores de medios. El diario italiano La Repubblica salió ayer a la calle con su tapa en blanco en protesta por lo que consideran una “ley mordaza” que promueve el premier Silvio Berlusconi, quien, vale recordar, es uno de los mayores empresarios de medios del mundo. La objetada es una norma para regular las escuchas policiales que, en ese contexto, impone multas a los medios que publiquen transcripciones de las mismas. Sus promotores sostienen que la ley procura asegurar el respeto a la intimidad. Este tema es particularmente polémico porque todavía está latente en Italia el debate sobre las afectaciones a la intimidad de Silvio Berlusconi cuando fue fotografiado en su mansión en Cerdeña junto a hombres y mujeres en ocasiones sexuales y la ulterior publicación diálogos eróticos que el premier tuvo con una prostituta que pérfidamente lo grabó y luego vendió el audio a la prensa. Pueden citarse decenas y decenas de casos análogos a lo largo de mundo en los cuales se confunde la función pública de una persona con su vida privada. Por su parte, ayer los diarios reflejaban una “ofensiva judicial del chavismo” contra la prensa venezolana crítica con su gobierno. Se apunta a que disputa de Chávez con el periodismo adquiere una nueva modalidad en tanto se vehiculiza por el Poder Judicial, lo cual —se sostiene— es una máscara de legitimación a las afectaciones a la prensa, que así deja de ser una interferencia directa del poder político. No es nuevo en Venezuela que funcionarios judiciales ejecuten “consejos” públicos de Chávez. En 2008, por ejemplo, en el caso “Apitz Barbera” la Corte Interamericana condenó a Venezuela por la persecución judicial sufrida por jueces que, por investigar casos de corrupción, habían desatado la ira pública de Chávez. La Corte comprobó que la persecución se había encubierto bajo un “proceso judicial”. En Argentina, el actual Gobierno, acusado de persecutor por algún sector de la prensa, sin embargo ha promovido la derogación de los delitos de calumnias e injurias en beneficio directo de los periodistas. En rigor, los respectivos artículos del Código Penal declaran no punibles las expresiones que “guardasen relación con un asunto de interés público” y, también, cuando no sean dichas de forma asertiva. Con esto último, el periodismo queda exento sólo con usar una gramática condicional. No deja de ser polémico. Evidentemente hay un problema todavía no resuelto de cómo armonizar los derechos en juego. Desaparecida la responsabilización “externa” del periodismo, algunos sugieren la creación de tribunales de disciplina integrados por pares, tal como sucede en todas las profesiones, desde abogados a jueces, médicos, etc. De lo contrario, se sostiene, los periodistas quedarías exentos en todo ámbito. En una célebre opinión consultiva de 1985, la Corte Interamericana emitió dictamen a instancias del Gobierno de Costa Rica a fin de merituar si la colegiación obligatoria de periodistas afectaba o no el derecho de libertad de prensa. Los partidarios de la colegiación sostuvieron que ello implicaba únicamente “reglamentar su ejercicio para que cumpla su función social” y “se respeten los derechos de los demás”, sin afectar la libertad de expresión. En su postura, la colegiación de periodistas responde al mismo fundamento por el cual se regula al resto de las profesiones liberales. La Corte, sin embargo, con largos fundamentos entendió que esa equiparación entre profesiones no era acertada por la especial función que cumple la prensa “libre” en una sociedad democrática. Pero del fallo no surge que la creación de tribunales de ética colisione contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Más aun, si esos tribunales son organizados por las propias entidades de agremiación de periodistas. Hay, no obstante, un gran recelo a que alguien (incluso los “pares”) se “metan” en lo que un periodista dice. Es una subrepticia forma de creerse con fueros. Uno de los fenómenos —hasta ahora inédito— causado por la ley de medios es que, al dividir aguas entre quienes la apoyan y quienes la objetan, generó —o, mejor dicho, hizo aflorar— una ostensible disputa entre los propios periodistas, sin que nadie calle sus opiniones negativas y hasta acusaciones respecto a colegas. Con ello se terminó la tácita proscripción del llamado “periodismo de periodistas”. Se logró desarmar el tácito corporativismo de no señalar a colegas con la misma vehemencia que al resto de los mortales. Al fin, si los periodistas cumplen una función pública, ¿por qué eximirlos de todo control? Qué asegura, sino, la preservación de esa función pública en miras de tutelar a los “consumidores” de la información, en quienes reposa la “dimensión pasiva” del derecho de libre expresión, según ha dicho reiteradamente la Corte Interamericana.. (código)
