Democracia joven

Disputas bajo la ficción de neutralidad

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 25 de abril de 2010

Ver desde la web del diario

La reputada persecución a periodistas no parece tan lineal como se la presenta. Inicialmente, cabe distinguir los escraches de las diversas críticas que algunos periodistas próximos al gobierno dirigen a sus colegas contrarios. Lo primero es un método antidemocrático que algunos bien califican de nazi recordando que esa metodología era allí práctica común de grupos paramilitares para identificar a los “enemigos del pueblo” (judíos, gitanos), por ejemplo, marcando con signos sus casas o vestimentas. La propia escenografía del escrache da cuenta de su irracionalidad.

Sin embargo, la crítica de periodistas oficialistas a sus colegas tenidos como opositores no se enmarca en lo anterior. Proscribir aquello que despectivamente llaman “periodismo de periodistas”, además de un corporativismo que deja entrever cierta autopercepción de linaje privilegiado, contraría la libre circulación de ideas que a la par se invoca para denunciar la persecución del gobierno.

La crítica a periodistas o a determinados medios no puede per se calificarse como un ataque a la libertad de prensa. Sería un juicio tan absurdo como calificar de ataque a la democracia a toda crítica dirigida al gobierno, tal como suele hacer el oficialismo con el tan usado adjetivo de “golpista”.

“Independientes”, ¿de qué o quién?

. (código)

Tomemos los extremos. El canal TN, haciendo honor a su eslogan, dice representar al “periodismo independiente”. Sus contrarios, por tanto, son “periodistas dependientes”. Dicho señalamiento en especial apunta a los integrantes del programa oficialista “6, 7, 8” en donde a diario se presenta a los periodistas del Grupo Clarín como tendenciosos e incluso se los ridiculiza en una sección llamada “empleado del mes” que parodia el premio que McDonald’s otorga a sus mejores vendedores.

Tras los clichés, vale preguntarse ¿independiente o dependiente de qué, al fin, es o debe ser el periodismo? ¿Sólo cabe usar la calificación considerando la relación con el gobierno o conviene también incluir a otros factores de poder? Es obvio que los periodistas de Canal 7 “tiran” para el gobierno. Pero tanto —es de suponer— como los de América y El Cronista lo hacen para su propietario Francisco De Narváez o los medios del Grupo Clarín para los intereses de sus dueños (incluido el tema de los hijos de Herrera de Noble).

Asimismo, la dependencia/independencia debe comprender la dimensión económica. El diario Página/12 es un verdadero panfleto oficialista que dejó muy atrás el proyecto inicial de su fundador Jorge Lanata. El sometimiento es prostibulario: sin la publicidad oficial y otros subsidios encubiertos, ese diario no puede sobrevivir. ¿Qué medio, sin embargo, puede reivindicarse como económicamente independiente? En más o en menos, cualquier medio pensaría dos veces antes de ir contra el anunciante del que depende, autocensura que en poco se diferencia con la de los periodistas obsecuentes con el gobierno. Pocos tienen la valiente honestidad de Nelson Castro, quien en su ciclo en TN explícitamente apoyó la allí demonizada Ley de Medios, como tiempo atrás en su programa radial había abordado sin reparos los casos de corrupción con la obra pública que involucraban a Electroingeniería, cuando esa empresa filokirchnerista acababa de adquirir Radio Del Plata.

En fin, se advierte la dificultad de predicar de alguien una real independencia. A lo mejor es un mero anhelo inverificable. Y quizá lo mismo quepa decir de la objetividad, otra cualidad ponderada sin demasiada racionalización. El viernes en La Nación, Joaquín Morales Solá criticaba lo que considera la tesis del gobierno respecto a los medios: “El periodismo debería limitarse a ser un transportador de informaciones asépticas… Eso es lo que proponen. En castellano simple y directo: lo que buscan es un periodismo pasteurizado, integrado por mecanógrafos o relatores que deberían limitarse a contar una realidad compleja, impetuosa y cambiante”.

Es cierto: la realidad no es contada de forma aséptica. El relato no es la realidad sino después de la subjetivización de su intérprete. Todo relato está tamizado. Tiene razón Morales Solá. Pero ello es admitir que la objetividad no existe.

La falta de objetividad, aunque no puede asemejarse a la mentira, en los hechos cumple su misma función distorsiva. Tomemos como ejemplo un episodio a esta altura ya consumado. El 25 de febrero pasado todos los medios recogían una misma noticia. Los títulos, sin embargo, eran distintos en todos los casos, arrimando esa misma realidad a su interés. Ninguno mentía. Tan solo enfocaban el aspecto que les resultaba de su interés. Clarín: “La Cámara mantiene el bloqueo de las reservas y elevó el caso a la Corte”. Página/12: “La Corte Suprema decidirá sobre el uso de las reservas del Banco Central”. Perfil.com: “La Cámara rechazó el uso de reservas”. Se advierte como los próximos al gobierno enfatizaban que la Corte decidiría sin decir por qué (o sea, que había sido rechazada la apelación); los otros, en cambio, remarcaban más el rechazo que la instancia revisora ante la Corte (o bien la omitían). Nadie, empero, mentía de forma positiva.

Tomar parte, pero “debajo de”

Si esos ideales asépticos de objetividad e independencia no existen, ¿para qué simularlos? De allí que buena parte de la corrosión obedezca a la hipocresía, actitud que el diccionario define como el “fingimiento de cualidades contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”.

En Estados Unidos, por ejemplo, es común en las elecciones que los diarios digan expresamente a que candidato apoyan. En Gran Bretaña y España sucede lo mismo. No es ningún pecado decir a quien se apoya, de que lado se está o a que intereses se responde. Sinceran una realidad y con ello protegen a sus lectores de posibles confusiones. Blanquean su posición. Nadie se escandaliza. Es que, en rigor, la crítica al hipócrita jamás es por lo que piensa o dice sino, al contrario y tal como indica su etimología, por lo que no dice y esconde debajo de su discurso articulado como neutro, impoluto, aséptico, o sea, como “independiente” y “objetivo”... (código)

Leer Mas...

Democracia joven

Los proyectos del "derecho justo" al aborto

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 11 de abril de 2010

Ver desde la web del diario

En el mes de marzo fueron presentados en la Cámara de Diputados tres proyectos de ley destinados a la despenalización del aborto. En rigor sólo uno de los tres es propiamente de “despenalización” (parcial) circunscribiéndose a reformar el Código Penal. Los otros dos van mucho más allá a punto de hacer del aborto un “derecho” de la mujer que puede ejercer a través del sistema de salud pública de forma análoga —y no estamos exagerando— a que si quisiera extirparse un cáncer.

El primero de los proyectos es el de Diana Conti y, fundamentalmente, procura eliminar la distinción actual que declara no punibles los abortos en embarazos producto de violación cuando se trata de mujeres “idiotas o dementes”.

Los otros dos son similares entre sí y llevan la firma de los diputados Martín Sabatella, Carlos Heller, Jorge Rivas, Héctor Recalde, Victoria Donda, Claudio Lozano, Silvana Giudici y Ariel Basteiro, entre otros. Tras ellos, como “ideólogos” del proyecto, se encuentran organizaciones feministas y otros grupos que dicen promover los derechos humanos (¡!).

En los párrafos siguientes aludiremos a los fundamentos vertidos en los proyectos de ley. Antes, sin embargo, cabe una aclaración respecto a la identificación de la defensa de la vida frente al aborto como propia y exclusiva de la Iglesia. Eso no es así: se trata de una postura humanista que no necesita remitir a una verdad de fe para encontrar sustento. Y esto es importante porque, de identificarse con una determinada fe, quienes no participan de ella pueden considerarse eximidos de respetar el derecho a la vida de la persona por nacer.

En uno de los proyectos puede leerse: “Nos inspira la necesidad de un estado laico: las directivas de las iglesias no pueden ni deben ser colocadas por encima del derecho a la libre decisión de las personas… Necesitamos un Estado que no imponga reglas desde una teología moral…”. Nada más lejos de la realidad. La consideración de que el embrión es un ser humano en su primer estadio de desarrollo no es una regla deducida de la “teología moral” sino una constatación experimental de la ciencia médica. Tampoco es cierto que su protección obedezca a una “directiva de las iglesias”: ya en 1869 Dalmasio Vélez Sarsfield, al redactar el Código Civil, dispuso que “desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas”. En la actualidad, además, la protección de la persona por nacer se encuentra en la propia Constitución por la incorporación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Los proyectos se asientan en falacias.

(código)

Según sus promotores, “la despenalización y legalización del aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social” (textual del proyecto con Expte. 0998-D-2010). ¿Por qué “justo”? Desde Aristóteles se entiende que lo justo es “darle a cada uno lo suyo” y “no dañar al otro”. Mal puede, por tanto, considerarse justo el daño provocado al otro privándolo de su vida.

¿Por qué “democrático”? En tal sentido agregan: “Legalizar el aborto supone ampliar la democracia, dado que garantizar este derecho implica escuchar a las afectadas por una sociedad patriarcal que limita, vulnera y subordina al 52% de la población”. Según ellos la democracia consiste en “escuchar” a las “afectadas”. La pregunta sería si, al fin, los más afectados no son los privados de la vida, quienes, por no poder expresarse, resultan los menos escuchados.

En una línea similar, la diputada Conti sostiene que en América Latina “es posible estimar que ocurren entre 83 y 250 muertes por cada 100.000 abortos”, mientras que “en promedio, en los países donde el aborto es legal, la cifra es de 0,6 por cada 100.000 interrupciones del embarazo”. Perfecto, pero ¿qué hay de las otras 100.000 víctimas?

¿Tan difícil es comprender que se trata de la vida de un tercero? ¿Por qué decir, entonces, que el aborto es un “derecho” que concierne a la “disposición del propio cuerpo”? No se está disponiendo del “propio cuerpo”. Cualquiera sea su desarrollo intrauterino, la persona por nacer en ningún caso puede asemejarse a un órgano “de” la madre. Cada cual puede hacer con su vida y su cuerpo lo que quiera, hasta incluso suicidarse, pero jamás dañar a un tercero inocente aduciendo que con ello ejerce un “derecho”.

La discusión de fondo, ¿cuál es?

No hay razón alguna para darle al aborto estatuto de “derecho”. Ahora bien, ¿la mera despenalización iría contra la Constitución? Sus partidarios suelen decir: que se despenalice no implica que el Estado lo avale. Tan solo decide no punirlo. Es un buen argumento. Lo abarcado por el derecho penal es sólo una fracción del universo de ilicitudes.

Pero no explican esto: si el derecho dispone tutela penal al ser humano y a su vida por ejemplo mediante el delito de homicidio, ¿por qué no al ser humano prenatal? Matar a un recién nacido sería homicidio y matar a un nasciturus nada. Sería una discriminación y si eso si va contra la Constitución.

De todas formas, la cuestión no es entretenerse en la discusión de una ley desatendiendo los abortos reales que se producen. Con ley penal o sin ella, lo cierto es que los abortos se producen, las vidas se pierden, de manera que el único objetivo fundamental es erradicar los abortos y las condiciones que suelen favorecerlo.

En esa línea es necesario dejar de lado la hipocresía de algunos que promueven que el Estado no distribuya anticonceptivos. En rigor, desde esa óptica lo que se intenta promover es la abstención sexual. Y ello no solo implica imponer una moral (que a diferencia de respeto a la vida no surge de la ley natural) usando el poder del Estado sino, sobre todo, se trata de una medida condenada al fracaso por obvias razones. Lo peor es que como la abstención sexual no es practicada, sin anticonceptivos el resultado es sabido: embarazos no deseados y a la postre, más abortos..

(código)

Leer Mas...

Democracia joven

De la "reivindicación" a la "conmemoración"

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 4 de abril de 2010

Ver desde la web del diario

Nuevamente los actos del 24 de marzo tuvieron más carácter de “reivindicación” que de “conmemoración”. Más que de recuerdo, los actos fueron de reclamo. Puede decirse, incluso, que la reivindicación de justicia es más fuerte hoy que en el primer aniversario del golpe en la nueva democracia el 24 de marzo de 1984, cuando la contemporaneidad del daño era compensada con la esperanza de justicia albergada en la reinstauración democrática.

De informa inversa, la lejanía del daño no permite cerrar heridas porque el sufrimiento es siempre actual cuando existe impunidad. El paso del tiempo radicaliza las reivindicaciones. Así, mientras ese fenómeno provoca una natural inclinación de la sociedad al olvido, las víctimas y sus deudos -que naturalmente no pueden olvidarse- ven en ello una condición más para que se consolide la impunidad que durante ese mismo transcurso del tiempo, no una dictadura sino la democracia ha garantizado a quienes cometieron los crímenes...(código)

Con el juzgamiento a las Juntas Militares, Argentina había logrado algo inédito en la historia: pudo juzgar a los criminales de lesa humanidad respetando todas las garantías del debido proceso. Ni aun los célebres juicios de Nuremberg por los cuales se juzgaron a los jerarcas nazis, por citar un caso paradigmático, revistieron ese grado de legitimidad: allí los vencedores de la guerra juzgaron a sus vencidos con una ley no vigente y, en lo más sintomático de todo, el tribunal de condena tenía un juez enviado por la URSS, o sea, por Stalin, criminal de dudosa autoridad moral para condenar al Tercer Reich de Hitler. Era algo así como “al enemigo, ni justicia”.

Aquí, en cambio, rigió la ley previa, el juez natural y un total derecho de defensa. Ningún otro juicio de esas características en la historia comparada reunió esa legitimidad.
Sin embargo, años después el entonces presidente Carlos Menem dispuso indultar a los condenados. Menem sin duda se equivocó. Probablemente lo hizo de buena fe, entendiendo razonable una medida que también benefició a ex militantes de la guerrilla armada que cumplían sus condenas.

El error fue disociar la “verdad” del “castigo”. Si sólo debía satisfacerse el primero de los valores, con la celebración de los juicios bastaba. Pero no debía ser así. De allí que la crítica —también hoy algo descontextualizada del clima de aquel entonces— dirigida las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no sea tanto porque obstaculizaban ese el anhelo de verdad, sino porque su inevitable consecuencia era la impunidad.

Quienes hoy proponen una suerte de nuevo punto final remarcan que la pena no tiene ya sentido porque los criminales ya sufren un castigo social y la revisión de pasado sigue siendo un desangre colectivo.

Desde otra mirada, la supresión del castigo que trae aparejado la promoción del perdón se reputa como una forma sutil de alentar la impunidad. Y ello motiva el reclamo de “justicia”, a la que, por tanto, se identifica con el castigo.

Llegamos, pues, al nudo filosófico del problema: la necesidad o no de castigo y, entonces, si está bien que el reclamo de justicia se dirija al castigo por sí mismo, de alguna forma asemejado a la venganza, la cual, por cierto, abarca sólo a algunos de los ejecutores del terrorismo de Estado, dejando fuera a los subalternos, a los cómplices civiles y, también, del otro lado, a los partícipes de la guerrilla.

En su genial ensayo Eichmann en Jerusalén, la filósofa Hannah Arendt medita estas cuestiones analizando el proceso seguido al criminal nazi Adolf Eichmann, quien vivía escondido en Argentina cuando fue descubierto por el Mossad y trasladado a Israel de forma clandestina para enjuiciarlo. Arendt desglosa todos los argumentos que objetaban el juicio a Eichmann y la pena de muerte que le fue impuesta, pasando por la forma en que fue capturado y hasta la cuestión de si los crímenes del régimen nazi eran saldados con la sola condena de ese oficial o si se trataba de una venganza de víctimas devenidas victimarias contra su única presa a disposición.

Arendt, tras bucear razones de pros y contras, concluye: “Al fin, ¿para qué sirvió? Tan solo tiene una respuesta: para hacer justicia”. Tenemos el convencimiento que el castigo es lo justo aunque no podamos racionalizar la conclusión. Es intuición. Un clamor de justicia autosuficiente que, respecto a los familiares de desaparecidos, no necesita más explicación. En definitiva, responden al sentimiento más natural de cualquier afectado que es procurar vengar la ofensa padecida. Tan común como la ira que provoca el hecho de que el Estado, que obliga a sublimar el instinto de la justicia por mano propia a cambio de asumir él la persecución del crimen, por una cosa u otra todavía a tres décadas sigue en veremos para cumplir su deber.

Es probable que tras el noble perdón se esconda la impunidad. Y que tras la noble justicia se esconda la venganza. Ambas son inclinaciones naturales pero inconfesables. El día que se sinceren las pretensiones de cada cual se podrá dar por terminado el asunto. Es una la cruda realidad que, sin embargo, seguimos escondiendo tras nobles sentidos, engañándonos mutuamente y, por tanto, sorprendiéndonos de por qué año tras año el reclamo sigue vivo sin poder dar la vuelta de página.

Ese día, al fin, cuando los reclamos estén saldados también será hora en que cese la otra reivindicación que, lejos de la legitimidad de aquella, también fue objeto el acto del 24 de marzo. Nos referimos al tercero de los sentidos que el diccionario da a la palabra reivindicación: “reclamar para sí la autoría de una acción”.

Esa noción de “reivindicación” se opone a la “con-memoración”. Mientras ésta es recordar “con” el otro, la reivindicación ilegítima “secuestra” a los derechos humanos apropiándoselos como un capital propio, tal como hace el kirchnerismo y la izquierda más radical. Y aun cuando ambos hicieron mucho por los derechos humanos, ello no legitima esa reivindicación con pretensiones de exclusividad tan bien simbolizada en los actos simultáneos pero divididos en Plaza de Mayo el pasado 24 de marzo..

(código)

Leer Mas...

Democracia joven

Acerca de la "judicialización de la política"

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 21 de marzo de 2010

Ver desde la web del diario

Desde el mes de enero asistimos a una “judicialización de la política”, según denuncian los respectivos afectados por decisiones judiciales promovidas por sus contrarios (sean oficialistas u opositores). Las disputas han girado alrededor del uso de las reservas del Banco Central. Sin embargo, aun cuando ese sigue siendo el tema de fondo, todo indica que la judicialización seguirá durante los próximos dos años porque los motivos que llevaron a ese fenómeno se mantendrán mientras perdure la actual composición legislativa adversa al Gobierno, lo cual le obligará en más de una vez a acudir a decretos de necesidad y urgencia.

Cabe preguntarse, por tanto, cuán legítimo es que la política se “judicialice”. En otras palabras, si el hecho de que los dos poderes llamados “políticos” del Estado se encuentren sometidos al control del restante —concebido generalmente como “apolítico”— es algo esperable dentro un esquema republicano y democrático o si, por el contrario, ello es un desenlace asistemático que inevitablemente provoca una “crisis institucional”.

“República” y “democracia”.
(código)

La queja de la presidente Cristina Kirchner respecto al Poder Judicial no es —cuanto menos solamente— la expresión de un gobernante molesto por las medidas que obstaculizan sus decisiones. Ello, más bien, deja entrever un problema basal del estado democrático y republicano concerniente al fundamento último de la legitimidad gubernamental.

El Estado, en cuanto “república”, se compone de tres poderes relativamente simétricos a los que la Constitución les distribuye un tercio del poder para garantizar el equilibrio de “pesos y contrapesos” teorizado durante la Ilustración y plasmado en las obras de John Locke y Montesquieu. Sin embargo, en cuanto “democracia”, resulta que sólo dos de esos tres poderes (Ejecutivo y Legislativo) son electos directamente por el pueblo a través del voto, acto de delegación de soberanía por antonomasia.

El otro poder del Estado no tiene legitimidad democrática, cuanto menos en la forma directa y electiva que los otros dos. La legitimidad es por derivación en tanto sus integrantes (los jueces) son elegidos por los otros dos poderes a través de los mecanismos constitucionales (v. gr. por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado). Esta legitimidad derivada, empero, no es connatural al sistema judicial. Es relativamente frecuente que en algunos países los magistrados y fiscales surjan del voto popular e incluso hagan campaña como cualquier aspirante a legislador o alcalde. En Estados Unidos la función de juzgar en buena parte está en manos del pueblo mismo reunido en los “jurados” tal como solemos ver en las películas. Los redactores de nuestra Constitución también previeron ese sistema de juzgamiento a cargo de los propios soberanos, disposición que aun hoy permanece en el texto constitucional sin haberse aplicado salvo casos excepcionales (ese sistema actualmente sólo es implementado en Córdoba para algunos asuntos penales).

No sin alguna simplificación puede decirse que en los países anglosajones, el fundamento democrático que inauguró el Estado de derecho atravesó a los tres estamentos estatales, haciendo que todos cuenten con legitimación popular directa (la alusión de simplificación viene a cuento porque, no obstante ello, aun hoy en la liberal Gran Bretaña sigue vigente la nada democrática monarquía). A la vez que en otros países europeos cuyos modelos judiciales hemos receptado, la democratización llegó solamente a dos de los estamentos, mientras que el otro conserva la matriz burocrática propia del Antiguo Régimen, con la diferencia de que antes eran jueces de la corona y hoy lo son de la república.

Una garantía contra la demagogia

Uno de los efectos de lo anterior es que los jueces tienen un nombramiento vitalicio a diferencia de los otros dos poderes que prevén la periódica renovación de los cargos a través del sufragio. De allí que los primeros se deban —en teoría— sólo a la ley de la que son guardianes, mientras que los segundos, por contar con directa legitimación popular, se convierten en dependientes de ésta en tanto necesitan conformar a sus votantes para revalidarse.

En un plano puramente ideal los fines de uno y otro son concurrentes dado que, al fin, las instituciones no son otra cosa que un pacto que los ciudadanos celebran para reglar su convivencia. Sin embargo, en los hechos —sobre todo en el corto plazo— ello no es así. Ejemplos sobran. Aumenta la inseguridad y “la gente” pide poco menos que la hoguera. Los políticos se pliegan al deseo popular. Un juez sensato, frente a ello, pone límites como garante del proceso justo de la Constitución. Ahí la queja al unísono contra el “garantismo” a la que se sumó la presidente días atrás.

Por citar otro ejemplo, recuérdese el paradigmático caso del corralito: los dos poderes políticos promovieron la pesificación en medio de una severísima crisis social y política entendiendo que sin ello la Argentina podía explotar. Los jueces más ortodoxos respondían solo a la ley y, siguiendo el principismo enunciado en la máxima “hágase justicia, aunque perezca el mundo”, declaraban la inconstitucionalidad de las medidas ordenando devolver los depósitos en dólares.

Y así sucedió con las reservas: el Ejecutivo se reivindica rector de la política económica, de lo cual “ningún juez circunstancial dejará al país en default”, como dijo Cristina Kirchner ante el primer fallo de la jueza Sarmiento. Aun en la más buena fe, un presidente piensa: “Como a mí, que gané una elección y recibí el aval de millones de votos, me entorpecerá una jueza de primera instancia”. Siente una herida en su investidura (y en su narcisismo) con limitaciones de ese estilo.

Pero ese es el juego de los “pesos y contrapesos”. Es una solución efectivamente conflictiva pero no por ello asistemática. Sin la “república”, la “democracia” queda reducida a un abuso de la estadística, como decía Borges. La burocratización no electiva del Poder Judicial es la garantía última para atemperar las pasiones de la disputa política y salirse de la inmediatez de aquel que está sometido a la complacencia de sus votantes y, con ello, siempre próximo a la demagogia.

(código)

Leer Mas...

Democracia joven

Huelga docente y derecho a aprender

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 7 de marzo de 2010

Ver desde la web del diario

El pasado domingo el diario Perfil publicó un informe con datos oficiales que consignan que en Capital hay casi tantos alumnos en colegios privados como en públicos. Sumando todos los niveles, del total de alumnos concurren a los primeros 318 mil (49,7%) contra 322 mil (50,3%) a los estatales. Esa tendencia, aunque en menor intensidad, es seguida en el interior del país, especialmente en los grandes centros urbanos que cuentan con oferta educativa privada.

Todo ello no obstante “la matrícula en los colegios privados aumenta de manera ininterrumpida entre un 3 y un 5 por ciento por año desde 1997”, según cita el matutinito. Quienes pueden esforzarse y abonar las cuotas, prefieren mandar a sus hijos a escuelas privadas aun restringiéndose en otros rubros. Se lo ha asimilado a un “servicio necesario”.

¿De donde surge esa “necesidad” si el Estado brinda servicio educativo? Por nuestra fortísima tradición de educación pública, la opción por instituciones privadas históricamente obedeció a intereses como la instrucción religiosa, por ejemplo, o el sentido de pertenencia de las clases acomodas. Hoy, sin embargo, muchos padres entienden que la asistencia a una escuela privada asegurará a sus hijos, no ya la calidad educativa, sino cuanto menos que tengan clases. Anhelo este muy acorde con el del país, cuyos estándares educativos siguen enfocados en un mismo objetivo que, debiéndose a esta altura dar por descontado, raras veces se cumple: dictar 180 días de clase al año. Ya ni siquiera se pide buena educación sino que cuanto menos se dicten clases. Es un signo decadentista que deja atrás el gran ideario igualitarista de la escuela estatal.

Huelga para “pedir”, nunca para “dar”..

(código)

Hay un hecho objetivo: los docentes han hecho del paro educativo el mecanismo exclusivo para reclamar. Esa elección está motivada en la “efectividad” que la medida trae asegurada.

Esos reclamos, a su vez, en prácticamente la totalidad de los casos conciernen a aumentos salariales. No se recuerdan paros para mejorar la deterioradísima instrucción docente (o, mejor aun, su sustitución por una formación universitaria); o bien para la reforma del sistema oligárquico de designación por puntaje, proponiendo el concurso de antecedentes y oposición de los docentes universitarios, lo cual supone, en vez de los actuales nombramientos “vitalicios”, la caducidad de cargos para su constante validación y renovación por mérito. En fin, siempre se hace huelga para “pedir” más, nunca para “dar” más, en clara contradicción a lo que Aristóteles llamaba “justicia sinalagmática”: lo justo es lo proporcional, o sea, a toda mejora salarial le debería seguir una mejora cualitativa de la prestación, que, muy el contrario, año a año decrece.

Asimismo, pensando en la otra clase de justicia, la llamada “distributiva”, que tiene por objeto asignar según los méritos en un contexto determinado, vale preguntarse si efectivamente el ingreso de los docentes es tan bajo como se lo presenta. Ese “contexto determinado” son las horas trabajadas, el nivel cualitativo de sus prestaciones y el índice salarial medio de Argentina, entre otros factores. Un docente sin demasiada antigüedad, que trabaja de lunes a viernes a razón de 8 o 9 horas diarias (como cualquier trabajador) tiene un sueldo de bolsillo que supera los $ 3.500, lo cual supera por muy lejos al salario medio. A su vez, sus vacaciones se extienden durante el mes de enero, parte de febrero y una quincena en el receso invernal. Los trabajadores en general, mientras tanto, para alcanzar esa cantidad de días deberían tener una antigüedad superior a los 40 años. Y en cuanto al nivel prestacional, en fin, pocos podrían ganar un concurso para dar clases en una universidad. Podríamos seguir con ese paralelo contextual, pero es mejor que cada cual —en especial los contribuyentes— hagan su propio juicio acerca de si los docentes están o no mal pagos.

Por qué privilegiar uno sobre otro

El derecho a huelga tiene rango constitucional. Como todo derecho constitucional, empero, está sujeto a las leyes que reglamenten su ejercicio, según dice el artículo 14 de la Constitución. En este mismo artículo, asimismo, se garantiza el derecho de “enseñar y aprender”. Ese derecho a aprender es garantizado por la Nación y las provincias.

De este resumido cuadro tenemos que el conflicto entre docentes y el Estado provoca la lesión de derechos de terceros: los millones de alumnos a los que se priva del derecho de aprender.

Esa proyección social de la prestación educativa estatal hace que la misma tenga rango de “servicio público esencial”. Lo que caracteriza a estos es la imposibilidad de interrupción. De allí que en esas áreas el derecho a huelga se reglamente para evitar la lesión de los intereses sociales comprometidos en el servicio público estatal. Por ejemplo, las huelgas de los agentes hospitalarios no pueden discontinuar la atención básica de salud: un médico de guardia que dejara de atender a un enfermo cometería abandono de persona, no cabiéndole amparo en el derecho a huelga. Lo mismo sucede con el transporte público o la seguridad (piénsese que sucedería si la policía hiciera paro).

Conclusión obligada de lo dicho es que los medios de protesta de los docentes deben restringirse a la medida en que no provoquen afectación del servicio educativo. De afectarlo, la huelga debe tenerse por ilegal.

Es claro que estamos ante dos derechos de rango constitucional que entran en colisión. En ese caso, mal que pese, debe privilegiarse el derecho a aprender por sobre el de huelga, no solamente porque ésta es sólo una de las variantes posibles de reclamo, sino también por una natural inclinación a proteger a los más débiles en el conflicto, que son los niños. Y también porque la educación pública involucra un interés colectivo en tanto, a través de ella, la sociedad aspira nada menos que a su progreso y bienestar. Semejantes intereses no pueden quedar en manos de sindicalistas extorsionadores que aprovechan la cobardía gubernamental. Lástima que no se toparon con el genio de Sarmiento, a quien por algo también se lo conocía como “el loco”..

(código)

Leer Mas...

Democracia joven

Carrió y Cobos, honestidad y oportunismo

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 21 de febrero de 2010

Ver desde la web del diario

Elisa Carrió advirtió en duros términos que dejará de ser parte de la concertación que integra junto al radicalismo y el socialismo, si el Acuerdo Cívico y Social decide llevar como candidato presidencial al actual vicepresidente de la Nación Julio Cobos.

Una de las lecturas posibles de la advertencia de Carrió es que ella procura evitar enfrentarse con Cobos en elecciones internas del mismo espacio vaticinando una probable derrota que, conforme a la nueva ley electoral, le impediría presentarse en los comicios generales aun por fuera de la concertación. Tachando a Cobos elimina a su máximo oponente interno.

De esa forma en el Acuerdo Cívico y Social no quedaría otra figura que pueda disputarle a ella la candidatura máxima para 2011. Entre los radicales hay grandes cuadros legislativos (Sanz, Morales, Aguad, Gil Lavedra, Ricardo Alfonsín, entre otros) pero ninguno tiene experiencia ejecutiva —cierto que Carrió tampoco— ni la proyección nacional que exige una candidatura presidencial. Esa misma falta de conocimiento masivo padece el gobernador santafesino Hermes Binner, quien también integra el Acuerdo Cívico a través del Partido Socialista.

Por el contrario, Cobos tiene amplísimo conocimiento entre los votantes, una alta imagen positiva y experiencia de gestión adquirida primero como decano de la Facultad de Ingeniería de su ciudad y luego como gobernador de Mendoza. Las dos primeras características positivas, vale aclarar, obedecen exclusivamente a su voto “no positivo” en la 125. Antes tenía una bajísima tasa de conocimiento aun siendo vicepresidente de la Nación.

Frente a esta lectura existe otra que atribuye la posición de Carrió no a un cálculo electoralista sino a dos valores bien antitéticos a la especulación, como son la coherencia y la honestidad intelectual. Desde esa óptica, el especulador es Julio Cobos, quien juega a dos puntas en tanto, por un lado, es el vicepresidente de la Nación, o sea, parte del Gobierno Nacional y sustituto natural de Cristina Kirchner; mientras que, al mismo tiempo, se presenta como líder opositor con pretensión de disputarle a uno de los Kirchner las elecciones presidenciales del año próximo..

(código)

Cobos fundamenta esa híbrida posición en su interés de “preservar la institucionalidad” evitando repetir el gran error (o cobardía) de Chacho Álvarez que con su alejamiento agravó la debilidad de De la Rúa a la vez que su vacancia fue ocasión del caos sucesorio ocurrido tras la acefalia presidencial de fines de 2001.

Quienes ven en Cobos un especulador, encuentran sin embargo un claro motivo por el cual mantiene ese doble carácter de oficialista y opositor: de renunciar perdería la perfecta ventaja que le da la vicepresidencia para “permanecer” como presidenciable. Esa perfecta ventaja es la siguiente: una alta exposición con considerable capacidad decisoria habida cuenta la minoría oficialista en el Senado que a su vez —y he aquí la singularidad— no le produce costo alguno sencillamente porque su carácter de opositor le exime del desgaste de la gestión.

Esa condición le asegura una ventaja no solamente sobre Carrió o los Kirchner sino prácticamente respecto de cualquier otro candidato. Piénsese por ejemplo el enorme desgaste que está sufriendo Mauricio Macri a causa de las adversidades propias del gobernar, obedezcan ellas a errores propios e imputables (por ejemplo las idas y vueltas con la Policía Metropolitana) o a eventos más o menos fortuitos como las inundaciones provocadas por los diluvios de estos días.

Discípulo de Scioli

El fenómeno de Cobos desnuda una ambivalencia social francamente indescifrable pero que de seguro —y mal que nos pese— echa por tierra la tesis del “elector racional” para explicar la dinámica democrática. Para ganarse el favor social el antes ignoto Julio Cobos sólo necesitó del “voto no positivo”. Desde ahí sólo aportó balbuceos sobre tal o cual tema y muy poco más. El solo hecho de ir en la misma dirección que la “opinión pública” (algo que nunca se sabe bien que es) le da viento de cola y con eso parece ser suficiente.

Carrió, en cambio, ha actuado de forma “contracíclica”. Cuando la inmensísima mayoría de los argentinos (alrededor del 80 %) veía en los Kirchner poco menos que estadistas, Carrió en soledad advertía sobre la matriz corrupta del kirchenerismo. Se la acusaba de “denunciar”, de “ver fantasmas”, de intransigente, calificación que sufrió incluso cuando decidió no participar del dialogo post-eleccionario convocado por el Gobierno del que luego se comprobó era una mera estrategia dilatoria para recuperarse tras la caída y diseñar los embates del segundo semestre del año pasado (estatización del fútbol, superpoderes, Ley de Medios).

Hoy se puede decir que todo lo que dijo Carrió era cierto: los vicios que se señalan del kirchenerismo ya existían en 2003 cuando llegaron a la presidencia e incluso en 1987, cuando Néstor Kirchner asumió su primer cargo público como intendente de Río Gallegos. En cambio, Cobos y tantos otros que abandonaron el oficialismo en su declive dan a entender que recién se anoticiaron de los males del kirchenerismo desde mediados de 2008. Nadie puede creerles.

Carrió no especula. Ir contra el “oleaje” lejos está de ser una postura especuladora. Está claro que en una sociedad hipócrita que en los 90’ toleró la corrupción menemista a cambio de la convertibilidad y en los 2000’ hizo lo propio con el kirchenerismo, es mejor surfear en la cresta de la opinión pública que intentar contradecirla. Que otra cosa sino puede explicar el éxito político de Cobos o de Scioli, por citar dos casos paradigmáticos. Lo de Scioli es antológico: con su discurso acomodaticio y contestando a todo con evasivas tales como “hay que tener esperanza”, siempre sale ileso, a punto que en su penúltima edición la Revista Noticias dejó atrás toda solemnidad y directamente le preguntó al gobernador bonaerense si su estrategia era “hacerse el boludo para pasarla bien”. Lo mismo cabría preguntarle a Cobos..

(código)

Leer Mas...

Democracia joven

El Estado apropiador debe quebrar

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 7 de febrero de 2010

Ver desde la web del diario

Sólo en un país marginal puede considerarse de alta gama un coche de poco más de US$ 15.000, tal como hace la nueva disposición de ARBA para discriminar los vehículos que pueden ser secuestrados ante la morosidad en el pago de patentes. A la persona que tiene un auto de ese valor se lo considera poseedor de un lujo a punto que si no paga se lo presume un evasor pudiente al que el Estado justiciero privará de ese lujo burgués en un acto más de la aspiradora fiscal que no da tregua.

La verdad es que la provincia de Buenos Aires hace años está fundida y no hace otra cosa que procurar cobrar más para prolongar su agonía. Las propias autoridades económicas de la provincia calculan un déficit fiscal de alrededor de $ 5.500 millones para 2010, mientras que los más pesimistas prevén números que casi triplican esa cifra.

El verdadero problema es el gasto.

(código)

Es necesario desterrar algunos mitos. El primero es que el déficit obedece exclusivamente a la discriminación sufrida por coparticipación federal. Recordemos que en un sistema federal conviven dos grandes jurisdicciones tributarias: la Nación y las provincias. En los modelos puramente federales —como Estados Unidos— el grueso lo recaudan los estados federados en su propio territorio y, en su caso, aportan para costear al Estado central. En Argentina, por el contrario, la Nación siempre percibió el mayor volumen de recaudación para luego distribuir una porción entre las provincias. Esa proporción en los últimos años se alteró sustancialmente porque la mayor fuente de ingreso de la Nación proviene de “recursos no coparticipables”, es decir, se trata de recursos que no deben girarse a las provincias aun cuando la riqueza gravada por esos tributos se produzca en sus territorios (como sucede con las retenciones de productos agropecuarios).

De manera tal que la porción coparticipable es inferior a la histórica. A su vez hay otro problema que afecta a las provincias más grandes, empezando por Buenos Aires: aportan más recursos que los que reciben por coparticipación. Y eso no puede modificarse porque la Constitución dispone que la sanción de un nuevo régimen de coparticipación debe contar con el acuerdo de todas las provincias, con lo cual se descarta que las beneficiadas con el actual sistema adhieran a su sustitución.

Pero el problema de Buenos Aires no encuentra su única explicación en esa discriminación coparticipativa. Desde la salida de la convertibilidad el presupuesto de la provincia se ha sextuplicado, pasando de $ 9.345.544.994 en 2002 a $ 65.860.460.163 en 2010. El déficit, en vez de reducirse, aumentó, lo que muestra que el gasto público subió más de seis veces.

Cuando cualquier agente económico (sea un estado, una empresa o una familia) se encuentra con que gasta más de lo que le ingresa, tiene dos soluciones para equilibrarse: aumenta los ingresos o reduce el gasto. Buenos Aires y prácticamente todas las provincias argentinas padecen un histórico desequilibrio fiscal que sólo intentó corregirse atendiendo a la cuenta de ingresos, ya sea denunciando que reciben poco por coparticipación, tomando créditos, emitiendo cuasimonedas o, en lo más común, creando y aumentado tributos, es decir, quitándole recursos a los particulares. La pregunta es si alguna vez la estrategia se dirigirá a achicar el gasto, máxime que la historia reciente da cuenta que estas provincias tal cual marchan resultan inviables a punto de que ni aun sextuplicando los ingresos pueden paliar el desequilibrio, como es el caso de Buenos Aires.

Otro mito a desterrar es que en Argentina se pagan pocos impuestos. Es mentira: la presión tributaria Argentina es de las más altas de la región asemejándose a la de los países desarrollados. En el caso de las clases más bajas tributan casi de la mitad de lo que ganan (piénsese nomás que los más pobres consumen todo su ingreso, o sea que desde el vamos tiene una carga del 21 % del IVA).

Es cierto que la evasión es alta y que ello genera más presión entre los que pagan afectando la competitividad. Sin embargo, es una muestra más de la ineficiencia estatal que en vez de procurar perseguir a los peces gordos —no a los que tienen un auto de US$ 15.000— prefiere seguir pescando en una pecera. Además, sabido es que a más impuestos y carga fiscal, mayor será la evasión, pues ésta en algún grado deviene en una suerte de legítima defensa contra la exacción, la única forma de sobrevivir a la voracidad estatal.

Solo quedan soluciones de raíz

Lo peor es que el Estado no devuelve en equivalencia a lo que percibe: cobra tributos como en Europa pero da servicios al más bajo nivel de Sudamérica.

Esa defraudación estatal atraviesa todos los sectores sociales. Los más pudientes pagan impuestos y, sin embargo, para recibir los tres servicios mínimos que se esperan del Estado (educación, salud y seguridad) deben contratar prestaciones privadas (colegios privados, prepagas y sistemas de protección tales como seguridad privada, alarmas, seguros), o sea, pagar dos veces por lo mismo. Los más pobres —a los que se les cobra IVA por un paquete de arroz— aportan a un presupuesto que en la “progresista” era de los Kirchner subsidia a empresas con miles de millones de dólares, de forma tal que por ejemplo los que no tienen auto o jamás volaron en avión pagan impuestos que luego servirán para subvencionar el precio de los peajes o mantener la Aerolínea estatal que pierde millones de pesos diarios y fue adquirida con un pasivo que oscilaba los mil millones de dólares.

En el actual escenario no se avizoran verdaderas soluciones: asintiendo a la suba de impuestos se convalida la apropiación. Quizá haya que optar por una radicalidad y esperar que la provincia de Buenos Aires quiebre definitivamente acelerando su actual agonía. O sea, no pagar más nada y aguardar a que termine de quebrar y así rediseñar todo de una vez de forma que seamos los ciudadanos quienes digamos cuánto queremos pagar y qué destino asignarle a nuestro dinero..

(código)

Leer Mas...

Democracia joven

Signos de civilización y barbarie

CRISTIAN SALVI

El Eco de Tandil, 24 de enero de 2010

Ver desde la web del diario

Como Uruguay meses atrás, Chile ha dado muestras de su arribo al desarrollo político en un sendero a esta altura “transgubernamental” que, de continuar como hasta ahora, también le arrimará al desarrollo económico en pocos años.

Amén de los logros de fondo de la democracia chilena, tanto institucionales como económicos, nomás resultan indicios de ese “buen clima” la concordia expresada por sus actores políticos y la valoración social que conservan sus mandatarios al finalizar la gestión (en el caso de Michel Bachelet, como Lula en Brasil y Tabaré Vázquez en Uruguay, más del 80 por ciento de aceptación). El dialogo posteleccionario entre la presidenta en ejercicio y el presidente electo, lejos de ser una anécdota, resume lo que decimos: Bachelet felicitó al elegido por los votantes aun cuando apoyó explícitamente al vencido Eduardo Frei; Sebastián Piñera, por su parte, no ahorró elogios a la gestión en curso pidiéndole a la presidenta que lo ayude y aconseje porque su experiencia de gobierno es un valor a capitalizar. ¿Cuándo se vio algo parecido en Argentina, donde cada presidente pretende refundar el país, descartando todo lo anterior, aquello que Ortega llamaba “adanismo político”?

De la misma forma, cualquier observador internacional puede captar el escenario político argentino con solo oír al Jefe de Gabinete de ministros —el funcionario más importante de la Administración después del Presidente— ilustrándonos con sus adjetivaciones soeces, como así también pedidos de renuncia y de juicio político que se cruzan entre oficialistas y opositores, acusaciones e insultos de toda especie, funcionarios que negocian desde el apriete, todo en una guerra sin descanso que desde el oficialismo se ejerce a través de las agencias estatales degradadas a meros instrumentos del poder (como el Consejo de la Magistratura, la AFIP, la ONCAA o la Policía Federal, según el enemigo de turno)..

(código)

Un año atrás veíamos a Barack Obama comenzar su discurso de asunción agradeciéndole a George Bush “los servicios prestados a la Nación” a pesar de las severísimas críticas que hizo a la Administración saliente durante la campaña. Pero reconocía que fue votado dos veces por los propios estadounidenses que lo eligieron a él y eso lo hacía digno de respeto. En aquel momento, atinadamente Pepe Eliaschev contrastaba esa conducta con la del entonces presidente Néstor Kirchner tocándose el testículo izquierdo en el recinto del Senado de la Nación mientras Carlos Menem prestaba el juramento de asunción como senador por La Rioja.

Un buen termómetro para medir como funciona la política de un país es ver que es de los presidentes tras el fin de sus mandatos. En Argentina, prácticamente todos los presidentes desde 1930 terminaron mal, buena parte de ellos, además, desfilando por los tribunales para defenderse del “juicio de residencia”. Tomemos los casos desde la vuelta de la democracia. Raúl Alfonsín fue —con justicia— merecedor de honores en su sepelio pero hasta no hace mucho su imagen era muy negativa al recordarse que debió abandonar el gobierno seis meses antes de su finalización en medio de una inflación de cuatro dígitos y demás adversidades económicas que fue incapaz de controlar. A su vez, siempre se le objetó el veto interno ejercido en la UCR que, junto otros factores, contribuyó a la falta de renovación que tornó ruinoso a ese partido centenario. Menem, por su parte, hizo de su primer periodo, quizá, el mejor de toda la democracia; luego apostó a la reelección y, aunque con menos brillo, lo atravesó airoso logrando entregar el poder a su sucesor sin anomalías. Pero tras ello, él y sus funcionarios debieron enfrentar decenas de juicios por corrupción. Y en lo estrictamente político su ambición lo llevó a que, de ser el presidente que más años consecutivos gobernó en nuestra historia (sólo Roca gobernó más tiempo, pero con intervalos), su carrera culminara con un cómodo tercer puesto en el fallido intento por ser nuevamente gobernador de La Rioja en 2007.

Lo de De la Rúa bien se conoce: renuncia forzosa y luego procesamiento por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y por el presunto pago de coimas a senadores para la reforma laboral. Al matrimonio Kirchner no les irá mejor. En 2011 es más que probable que deban dejar el poder sin que nadie del oficialismo retenga la Presidencia y, de ser así, va de suyo serán enjuiciados sin la complacencia mostrada por Oyarbide y el fiscal de la causa que terminó con un sobreseimiento de la imputación por enriquecimiento ilícito. La excelente investigación de Luís Majul en su libro “El Dueño” da cuenta con una precisión inmejorable que el kirchenerismo y todo su entorno es una tremenda horda de corrupción como quizá jamás se haya visto en nuestra historia de por si ya plagada de saqueos al patrimonio público.

Cierto es que no somos el único país con ese contexto inestable y hostil pero de nada sirve consolarnos con lo que puede acontecer en los países mas rezagados de Latinoamérica. Sin que haga falta mirar a Estados Unidos o Europa, alcanza con pensar si Menem, De la Rúa, Duhalde o los Kirchner tienen la misma consideración de los argentinos que los chilenos por Frei, Lagos o Bachelet, los uruguayos por Sanguinetti o Tabaré Vázquez, o los brasileros por Cardoso o Lula. Es tan vasta nuestra decadencia que nos hemos acostumbrado a que prácticamente todo mandatario y sus funcionarios terminen sometidos a juicios por corrupción y al borde de la prisión. Más, lo deseamos. ¿Es eso acaso “normal”? Si se lo toma como un remedio resulta razonable aguardar a que la Justicia condene a los corruptos. Pero no puede ello hace olvidar qué hay tras esos remedios por cierto meramente paliativos: un país enfermo de corrupción del que difícilmente nos curemos alguna vez y respecto al cual muy pocos pueden tirar la primera piedra..

(código)

Leer Mas...